El fracaso del plan anticrisis y el riesgo de una recesión ponen en peligro el final de legislatura

El Gobierno de coalición se enfrenta a un cóctel explosivo que podría poner en peligro la recta final de la legislatura. El fracaso de las medidas anticrisis, sumado al riesgo de una recesión mundial y al retraso en el reparto de los fondos europeos Next Generation ha hecho estallar por los aires la agenda económica con la que el Ejecutivo, y el propio Pedro Sánchez, pretendían comenzar a abonar el terreno de cara a una eventual reelección a finales de 2023.

Hace un mes se deslizó desde Moncloa que los esfuerzos del Gobierno se centrarán exclusivamente en la recuperación económica y en la gestión de las ayudas de Bruselas para intentar escapar del ruido político y aplacar el crecimiento del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la prolongación de la guerra en Ucrania sumada a la escalada de los precios y la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y Europa han echado por tierra cualquier esperanza de sostener una gestión económica exitosa.

Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la preocupación en el Gobierno es creciente ante los riesgos de una crisis económica, pero también política. En primer lugar, porque la economía va a peor y hay un riesgo real de deterioro incluso mayor que el pronosticado por los organismos internacionales; y en segundo término por el fracaso evidente de las medidas para contener la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania. Una suma de factores a los que habría que agregarle un posible plan de ajuste en el gasto público que acompañaría a los esfuerzos de la Comisión Europea para contener la prima de riesgo.

Adelanto electoral de Zapatero

Un terreno completamente abonado para el descontento ciudadano y una crisis social. Informes del Gobierno indican que el empobrecimiento de los españoles se podría acelerar en los próximos meses con la inflación y los precios de los alimentos y carburantes en máximos y un tejido empresarial muy tocado por una contracción en el consumo.

Según el Ejecutivo, el PIB crecerá un 4,3% este año, el 3,5% en 2023 y el 2,4% para 2024, pero la OCDE y el Banco de España coinciden en señalar en que este año sólo se crecerá un 4,1% y el próximo entre un 2,2% y el 2,8%. En cualquier caso, no se recuperarán los niveles prepandemia hasta finales de 2023 o entrado 2024.

Frente a esto sería difícil evitar que la presión social ponga al Ejecutivo y a la coalición en el punto de mira. En este contexto, algunos economistas y miembros del propio Gobierno recuerdan la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero que, asfixiado por una crisis económica, tuvo que adelantar las elecciones cuatro meses antes de lo previsto. A finales de julio de 2011 se convocaron las elecciones para el 20 de noviembre. A la legislatura de Pedro Sánchez le queda menos de un año para llegar a este límite temporal y el contexto económico que se avecina no será fácil.

Crisis energética

En el caso del plan contra los efectos de la guerra de Ucrania y para contener la subida de la inflación, el último gran varapalo llegó esta semana de la mano de los precios de la luz, una crisis que sigue sin poder cerrarse. Después de dos meses de anuncios, negociaciones con Bruselas y decenas de declaraciones triunfalistas de miembros del Gobierno, los tres primeros días de funcionamiento del tope del gas se contaron por subidas en los precios mayoristas de la luz.

Un fracaso absoluto no solo porque el precio final se ha disparado gracias a la compensación aprobada a las eléctricas, sino que además porque el precio mayorista del mercado diario ha subido tres de estas cuatro jornadas. El miércoles se llegó a los 165 euros, el jueves a los 170, el viernes a los 177 y el sábado a los 146, todos por encima de los 130 euros prometidos por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Si a eso le sumamos la compensación a las eléctricas tenemos que el martes -sin tope del gas- el precio medio mayorista fue de 214 euros y que el viernes cerró en 266 euros.

Descuento de los carburantes

Un patinazo que se suma a la crisis de los carburantes. Esta semana los combustibles volvieron a cerrar en máximos históricos, con la gasolina en una media de 2,048 euros el litro frente a los 1,818 que tenía la semana antes de aplicarse el descuento de 20 céntimos impulsado por el Gobierno.

Esto supone que en algunos puntos de España se está pagando la gasolina más cara que antes de que empezara a aplicarse el plan anticrisis, incluso aplicando el descuento gubernamental. Y lo que es peor, España es el país donde más ha subido de precio el litro de gasolina y de gasóleo por encima de Francia, Alemania e Italia.

Por otro lado, la última encuesta del Banco de España (BdE) sobre la Actividad Empresarial (EBAE) demuestra que los 10.000 millones en créditos ICO puestos a disposición de las empresas afectadas por la guerra, tampoco están teniendo impacto. Sólo un 8,8% de las empresas consultadas dice que su intención es acogerse a los nuevos ICO. «En general, como es natural, ha ido perdiendo relevancia el recurso a las medidas más estrechamente relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria, como la solicitud de ERTE o de préstamos ICO», dice el BdE.

Riesgo de estanflación

Pero el principal problema no es que hayan fracasado las ayudas sino el negativo escenario macroeconómico que se avecina. Según el economista Daniel Lacalle, la combinación de alta inflación (cerró en el 8,7% en mayo) y rebaja de las previsiones de crecimiento en España están acercándonos a un peligroso escenario de estanflación. «Esto se traduce en un empobrecimiento masivo de las familias, de las empresas y una caída del empleo», indica.

Respecto de las subidas de los tipos de interés, ha indicado que son absolutamente necesarias, pero que llegan en un momento particularmente complejo para la economía española. «El gran problema es que se ha utilizado una época excepcional de liquidez y bajos tipos de interés para aumentar los desequilibrios estructurales. Se ha elevado el déficit estructural y el techo de gasto y se seguirá haciendo para los próximos presupuestos. En vez de tener una política fiscal más suave y reorientar el gasto público para que vuelva al 2019, se está haciendo todo lo contrario». Para Lacalle, mientras más tarden los ajustes la crisis será más dura.

Por su parte, el economista Javier Santacruz advierte que el Gobierno español está volviendo a cometer el mismo error que José Luis Rodríguez Zapatero, «infravalorando la crisis de deuda de la misma forma que se hizo hace 10 años». Para el experto esto supone un grave problema para nuestra economía ya que el actual nivel de gasto hace que no estemos preparados para asumir un ajuste presupuestario rápido y en los plazos que la Bruselas establezca.

Crisis de deuda

Santacruz está convencido de que el control de las primas de riesgo que ha ofrecido Bruselas a sus miembros irá de la mano de condiciones macroeconómicas como planes de reforma y ajustes. El economista también recuerda que la anterior crisis de deuda (entre los años 2010 y 2011) generó un desastre político para el Gobierno de entonces y teme que la inminencia de elecciones pueda ahora perjudicar las decisiones del actual Ejecutivo.

A finales de mayo la Comisión Europea ya advirtió a España que nuestro endeudamiento excede «los niveles de prudencia» y tienen «una relevancia transfronteriza», lo que significa que puede tener consecuencias en el resto de los países de la zona euro. El informe de Bruselas señaló con preocupación la abultada deuda de los hogares y empresas españolas y también constata que la deuda pública respecto al PIB es «considerablemente elevada» si se compara con los niveles previos a la pandemia.

Pese a que la Comisión ha mantenido un año más (durante todo 2023) suspendido el Pacto de Estabilidad, lo que permite a España superar el 60% de deuda pública respecto del PIB y del 3% del PIB sus niveles de déficit, se advierte que España no debe superar umbrales peligrosos para no entrar en una crisis de deuda. El Gobierno se ha comprometido con que el déficit terminará 2022 con una tasa del 5% del PIB, frente al 6,76% con que cerró el ejercicio 2021, mientras que la deuda ya llega al 117% del PIB.

Fondos europeos

Frente a todo este negativo contexto macroeconómico, el maná de los fondos europeos Next Generation no llega. La que estaba llamada a ser la herramienta del Gobierno para reactivar la economía, protegerse ante la crisis y dinamizar el tejido productivo, sigue sin llegar a las empresas. Todavía no existe ningún dato oficial de recursos que efectivamente hayan llegado y solo existen cifras fragmentadas que dan cuenta de un evidente retraso en su gestión.

Los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que hasta abril la Administración Central ha realizado pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 1.587,24 millones de euros, lo que supone apenas el 5,7% de los 27.633 millones de fondos europeos consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una cifras que tampoco mejoran en el caso de los Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). Hasta el momento se han aprobado hasta diez Perte por valor de 33.005 millones de euros, pero como ha contado este diario la cifra de adjudicación de recursos solo llega al 2,8% del total, 909 millones. Una cifra que tampoco garantiza que el dinero llegue a las empresas, ya que suelen pasar al menos tres meses desde que se adjudica el dinero hasta que se transfiere a los beneficiados. Otro ingrediente que no ayudará a combatir la actual crisis financiera.