La industria reprende al Gobierno por dejar en el cajón 33,5 millones en ayudas por el CO2
La patronal de las empresas electrointensivas, Aege, reclama que se usen más fondos de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión
Instalación siderúrgica | Unesid
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprobado ayudas por 244 millones de euros para las empresas electrointensivas dentro del mecanismo de compensación de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) considera que no se alcanza la cuantía máxima disponible y reclama al Gobierno que las eleve hasta los 277 millones.
En concreto, el director general de la patronal de las empresas electrointenstivas, Fernando Soto, explica a THE OBJECTIVE que, siendo el presupuesto para la compensación del CO2 indirecto de 2021 de 244 millones de euros, la ayuda máxima podría ser de 260,2 millones considerando el porcentaje de intensidad del 75% según el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 309/2022 de 3 de mayo.
Así lo reconoce también el departamento que dirige Reyes Maroto en un comunicado. Actualmente, el presupuesto disponible es igual a 244 millones de euros, lo que supone un 93,77% de la ayuda máxima que se podría otorgar de acuerdo con las Directrices comunitarias», apunta la nota.
Además, Soto subraya que a dicha cantidad habría que sumar otros 17,3 millones de euros atendiendo la orden de bases que regula el acceso a estas ayudas. En el apartado séptimo de la orden ICT de convocatoria anual se establece la posibilidad de ampliar los costes subvencionables, para aquellos beneficiarios cuya ayuda fuera insuficiente para garantizar la protección contra la fuga de carbono, siempre y cuando el 25% del coste subvencionable que no queda cubierto por las ayudas sea superior al 1,5% del valor añadido bruto de la instalación.
«Reclamamos al Gobierno que incremente la dotación»
«De acuerdo con ello, el presupuesto total requerido debería ser de 277,5 millones de euros, en lugar de los 244 millones disponibles. Reclamamos al Gobierno que incremente la dotación de este año hasta alcanzar la cuantía de los 277,5 millones de euros», añade.
El Ministerio de Industria sostiene que al no existir presupuesto suficiente para cubrir la ayuda correspondiente al 75% de los costes subvencionables, esta cuantía adicional no puede ser otorgada. El Ejecutivo se justifica en que la partida ya estaba asignada en los Presupuestos Generales del Estado 2022 y también apunta que «el importe global máximo destinado a las subvenciones en la presente convocatoria deberá ser prorrateado entre todos los beneficiarios de las mismas para ajustarlo al presupuesto disponible».
Galicia es la región con mayor porcentaje de ayudas, con el 18% del total, seguida de Asturias, con el 16%, y de País Vasco, con el 15%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al del hierro y acero, con el 37,5%, seguido del papel con el 18,5%, y el aluminio, con el 15%. La presentación de solicitudes permaneció abierta desde el 14 de junio hasta el día 20 de julio. Durante dicho plazo se recibieron 212 solicitudes de subvención correspondientes a 173 empresas. Algunas compañías disponen de varias instalaciones diferentes que pueden solicitar la subvención.
No obstante, Soto defiende que hay otra vía y más teniendo en cuenta «unas estas circunstancias de crisis donde la industria más necesita la ayuda del Gobierno». Aboga por que se destine más dinero a las compañías con gran consumo de electricidad procedente de los ingresos de las subastas de derechos de emisión para compensar el CO2 indirecto a los sectores industriales expuestos a fuga de carbono. En España, la Ley de Cambio Climático indica que se podrían destinar hasta el 25% de los ingresos.
«En 2021, los ingresos de esas subastas en España fueron de 2.483 millones de euros, representando los 277,5 millones que reclamamos un 11,2% del total, una cantidad muy distante del 25% citado. No entendemos que no se quiera dar esa ayuda máxima», defiende el directivo.
Desde Aege también ven como «necesario» que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 se dote «como mínimo con 500 millones de euros» la partida destinada a compensar el CO2 indirecto del presente ejercicio, lo que supondría un 16% de los 3.000 millones que la patronal prevé que se obtengan de las subastas de derechos de emisión. A 7 de septiembre se han recaudado 2.256 millones de euros.
Las empresas que conforman Aege, que suponen más del 10% del consumo eléctrico nacional, cerraron el año pasado con un sobrecoste de suministro que superó los 1.500 millones de euros. La patronal denuncia que esto supone más del doble que sus principales competidores europeos y viene denunciando que las eléctricas no han cumplido con su palabra de ofrecer contratos con precios «competitivos».
Facturación conjunta de 20.000 millones
AcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos son algunas de las empresas que están integradas en Aege. En total, representa a 26 compañías que facturan más de 20.000 millones de euros al año. Por su parte, Aelec, patronal que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, ha acusado directamente a los grandes consumidores industriales de no cerrar contratos a plazo con un precio fijo. Las compañías electrointensivas acuden al mercado diario y bajo la actual crisis energética denuncian que no pueden asumir el sobrecoste del recibo eléctrico.
El pasado mes de marzo, la Comisión Europea dio ‘luz verde’ al plan de 2.900 millones de euros del Gobierno español para compensar parcialmente los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030.
Bruselas concluyó que el plan español es necesario y adecuado para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a cubrir parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad asumidos entre 2021 y 2030.
Rebaja en los peajes del 80%
La medida de apoyo tiene por objeto reducir el riesgo de ‘fuga de carbono’, es decir, el traslado por parte de las empresas de su producción a países no pertenecientes a la UE que cuentan con políticas climáticas menos estrictas, con lo que se genera una menor actividad económica en la UE y no se produce ninguna reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial.
Asimismo, el Gobierno adoptó en marzo otro mecanismo de ayuda para las industrias a las que se conceda la certificación de consumidores electrointensivos. Consiste en una reducción temporal del 80% de los costes correspondientes a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad, como parte de los costes regulados que se encuentran insertos en la factura de electricidad asociada a dichos consumos. La medida tiene efecto desde el 1 de enero y estará en vigor de manera excepcional hasta final de año.
