El Gobierno limitará la penalización máxima por rescindir el contrato de gas en su primer año
También se establece la obligatoriedad de que la empresa dé por finalizados los servicios adicionales, salvo que el consumidor indique lo contrario
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno pone el foco en proteger a los consumidores que más están sufriendo la crisis energética. Este es uno de los seis bloques en los que se articula su nuevo plan Más Seguridad Energética (+SE) y defiende establecer una mayor flexibilidad en los contratos de luz y gas en favor del cliente.
Según la medida 49 del documento presentado este martes, se reforzará la protección de los consumidores de gas natural, limitando la penalización máxima que las comercializadoras pueden fijar si un cliente rescinde el contrato de suministro en el primer año de vigencia del mismo. Además, establecerá la obligatoriedad de que la empresa dé por finalizados los servicios adicionales que tuviera contratados -salvo que el consumidor indique lo contrario-.
En la actualidad, en caso de rescindir el contrato antes del cumplimiento de un año, el comercializador puede aplicar una penalización que será como máximo el 5% del precio estipulado en el contrato por la energía estimada pendiente de suministro. El Gobierno también aumentará el nivel de protección que ofrece el bono social térmico.
El proyecto de Presupuestos General del Estado (PGE) 2023 incrementa la partida destinada al bono social térmico en un 62%, hasta los 255 millones de euros, debido al mayor número de beneficiarios potenciales. Ribera también ha puesto en marcha una reforma de la tarifa regulada (PVPC) para acabar con su volatilidad. La idea pasa por desindexarla parcialmente de la evolución horaria de los mercados diario e intradiario, ligándola a la cotización de una cesta de productos a plazo.
Ayudas a comunidades con calefacción central
En la misma línea, bajo el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Ejecutivo extendió el bono social eléctrico a 600.000 familias, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares, prorrogando hasta el 30 de junio la ayuda del 60% del recibo a los consumidores vulnerables y del 70% si se trata de vulnerables severos. Antes de la crisis de precios, el descuento era del 25% y 40%, respectivamente.
Otra de las medidas que más interés suscita dentro del nuevo plan es la recogida en el punto 48, de «apoyo a consumidores de gas con calderas comunitarias». Lo que pretende el Gobierno es abaratar la factura del gas de las comunidades de vecinos con calefacción central, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo lo hará. Según dijo Ribera la semana pasada, el objetivo es que estos usuarios tengan «un nivel de protección equivalente» al que tienen desde hace un año los consumidores que están acogidos a la tarifa regulada de gas (TUR). En España hay 1,6 millones de comunidades de propietarios con calderas comunitarias.
El Gobierno ha rebajado el IVA del gas del 21% al 5% desde octubre hasta el 31 de diciembre. La medida permitirá ahorrar a los consumidores 210 millones de euros, según cálculos de Moncloa. También tienen un IVA reducido las briquetas y pellets procedentes de la biomasa y la madera que se utiliza como leña para las calefacciones, mientras que la electricidad lo mantiene también en un 5% desde junio.
Por otro lado, el Ejecutivo explorará la posibilidad de que las industrias electrointensivas y los grandes consumidores de gas puedan cambiar las potencias que tengan contratadas. En la actualidad, la regulación sectorial impide que se realice más de una modificación cada 12 meses.
«Con carácter general, la anterior regulación se justifica tanto en razones de sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista como en razones de equidad. Sin embargo, dicha regulación puede constituirse como un lastre para ciertos sectores de negocio que tienen que hacer frente a unos costes fijos en las facturas de electricidad y gas muy relevantes», indica el texto.
Ahora, bajo la actual coyuntura de precios energéticos, el Gobierno considera «prudente adoptar una cierta flexibilización» de la norma, aliviando así la carga económica de las compañías industriales. Esta es una de las medidas que viene reclamando la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege).
Por su parte, el apartado 20 -Planes de contribución al ahorro energético en grandes empresas- propone que las compañías con más de 50 millones de euros de facturación o más de 250 trabajadores, obligadas desde 2016 a realizar auditorías energéticas, elaboren o publiquen planes que ayuden a reducir consumos. Estos planes se deben cargar en un plazo de tres meses en la plataforma que habilitará al efecto el Ministerio para la Transición Ecológica y serán de acceso público.
Las comunidades autónomas acompañarán a las empresas en el seguimiento de su consumo energético y en la adopción de medidas de ahorro. En lo relativo a pymes, se impulsará un programa de financiación de actuaciones de energías renovables y eficiencia a través del Instituto de Crédito Oficial, bajo la denominación de ‘Kit verde‘. Según explica el departamento que dirige Teresa Ribera, movilizará inversión privada y generará «ahorros que redundarán en la competitividad de las empresas, en el ahorro energético y en la generación de actividad de empleo».
Por otro lado, con el plan +SE se pretende fomentar la instalación «voluntaria» de contadores individuales en los inmuebles que tengan calefacción central. Lo que se pretende con esta medida es que el usuario tenga una mayor conciencia sobre el gasto. El Ejecutivo ha afirmado que promoverá mecanismos con las empresas de instalación que financien los gastos del cambio, «de modo que los costes sean sufragados a cargo de los ahorro generados».
También perseguirá la sustitución de contadores analógicos de gas natural por otros ‘inteligentes’ que aseguren la medida y operación remota. Según Transición Ecológica, se pasará así a tener datos diarios de consumo de los hogares frente a los registros bimestrales de hoy en día. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que se produciría una reducción de consumo de un 1,8% con estos nuevos contadores. Los consumidores tampoco tendrían que asumir ningún coste en este caso.
Autoconsumo y comunidades energéticas
El plan +SE busca dar otro impulso al autoconsumo eléctrico. Se amplía en 500 millones el programa de ayudas enfocadas específicamente al autoconsumo y almacenamiento, además de energías renovables térmicas para el sector residencial.
Estas se articulan a través de seis programas que se dirigen tanto a los diferentes sectores económicos (servicios y resto de sectores productivos) como a residencial, sector público y tercer sector. En principio se puso en marcha una dotación de 660 millones de euros, que se regionalizan a través de las comunidades y ciudades autónomas por todo el territorio nacional hasta 2023. El programa puede llegar a un total de 1.320 millones.
Menos trabas al autoconsumo colectivo
Además, se incrementa la distancia máxima de 500 metros permitida para el autoconsumo colectivo. Transición Ecológica debe abordar ahora cuál es la mejor fórmula que conjugue la eficacia de la medida maximizando el uso de cubiertas y minimizando las pérdidas en la red.
Hasta la fecha, un autoconsumidor no podía aprovechar la electricidad que genera una instalación solar fotovoltaica que esté a más de 500 metros de él. Por su parte, se dará más apoyo a la industria con la ampliación de 1.000 millones de euros al PERTE de Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, junto a un nuevo PERTE de Descarbonización de la Industria.
Por otro lado, con el fin de favorecer el desarrollo de las comunidades de energías renovables, que se basan en la participación abierta y voluntaria de sus socios (personas físicas, pymes o autoridades locales), se pondrá en marcha un marco jurídico mediante la aprobación de un real decreto que complemento lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico. Se lanzará a tramitación antes de que acabe el año.
Incentivos fiscales para la transición energética
Transición Ecológica adelantó este miércoles que trabaja con el Ministerio de Hacienda en nuevos incentivos fiscales que favorezcan la transición energética. El Ejecutivo defiende que la actual crisis de precios y de seguridad de suministro «exige movilizar todas las palancas posibles del Estado para acelerar el proceso de reducción de dependencia energética exterior».
«Si bien los fondos Next Generation han permitido acelerar la demanda de elementos que contribuyen a este cambio (rehabilitación energética, autoconsumo, movilidad eléctrica, y sustitución de sistemas de climatización por renovables) existe un riesgo de que las señales de incertidumbre y el incremento de precios de materiales y equipos derivados de la situación actual ralentice su aprovechamiento», argumenta, subrayando que desplegará incentivos fiscales para la adopción de soluciones que permiten sustituir el uso de combustibles fósiles por energías renovables, aunque sin entrar en más detalle.
