Un grupo de expertos demuestra que aumentar el periodo de cálculo no bajará la pensión
La propuesta de reforma del Gobierno incluye una «discriminación indirecta de género» que empeoraría un 0,88% la pensión tipo de las mujeres
La pensión media apenas variará si el Gobierno pacta con los agentes sociales su plan de ampliación del periodo de vida laboral computable para el cálculo de la paga tras la jubilación. Así lo asegura el Observatorio de Pensiones de WTW (Willis Towers Watson), al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, con expertos como el que fuera artífice del finalmente nonato Factor de Sostenibilidad (FS), diseñado en la reforma del PP de 2013, y profesor Universitat de València, Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez Fabián, Robert Meneu, Borja Encinas, Mar Devesa y Miguel Ángel García.
Según los primeras espadas de las proyecciones del sistema de pensiones español, la última propuesta de reforma lanzada por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de ampliar de 25 a 30 años el periodo de cómputo -eliminando de oficio la Seguridad Social los dos peores- para calcular la base reguladora, tendrá «impacto nulo».
El efecto de la medida sobre la cuantía promedio de las altas de pensiones de jubilación es prácticamente neutral, con una disminución de la pensión media del 0,04%. Teniendo en cuenta que, en noviembre de este año, la pensión media del sistema se situó en los 1.094 euros, según estadísticas oficiales, la variación es inapreciable; de unos céntimos.
Escaso impacto en cada pensión
No es tan relevante en sí el hecho del escaso impacto en cada paga individual como el de que, correlativamente, apunta a un mínimo impacto en el necesario ajuste de las cuentas del sistema al que Bruselas encauzó la reforma española, que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha acometido en dos tramos, uno inconcluso y que ha de tramitar parlamentariamente antes del 31 de diciembre.
Los expertos del Observatorio concluyen que el impacto sobre el gasto total de la medida, cuando acabe su periodo transitorio, en 2038, «va a ser nulo en términos agregados», algo que añade preocupación sobre la evolución que desde Bruselas hará la Comisión Europea el próximo verano sobre las proyecciones de ingresos y gastos que depara la reforma de cara a 2050. Cierto es que este es un efecto aislado de esta medida, que no va sola en la reforma, sino acompañada de un destope de las bases máximas de cotización y de las pensiones más altas vinculados al IPC, como adelantó THE OBJECTIVE.
También de la imposición del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el sustituto del inaplicado factor de sostenibilidad, que transmutó este ajuste a futuro de las pagas en función de la esperanza de vida y la demografía por una subida de cotizaciones del 0,6 que entrará previsiblemente en vigor el próximo enero, de la cual pagará el empresario 0,5 y el resto el trabajador.
Como explica el consultor senior de WTW, Rafael Villanueva, inicialmente, el aumento de 25 a 30 años de cómputo para el cálculo de la base reguladora es una medida que mejoraría la sostenibilidad financiera y la contributividad del sistema, al aumentar la relación entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas.
Idealmente, sería así. Pero, como indica Villanueva, «los resultados son totalmente diferentes si en el cómputo de 30 años se incluyen solo los 28 mejores del total». En ese caso, concluye, abundando en el informe de los expertos, que «no se mejora la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y, por otro lado, tampoco se mejora la equidad contributiva, entendiendo como tal la relación entre cotizaciones y prestaciones».
Discriminación indirecta de género en las pensiones
El análisis de WTW afea otro aspecto que tendría la implantación de la medida y es una «discriminación indirecta de género», ya que -según cálculos actuariales- las mujeres empeorarían su pensión un 0,86% frente al incremento de la paga del 0,44% para los hombres.
Otra objeción que hace el grupo de expertos que ha desvelado este escaso impacto de esta parte de la reforma es que obvia la atención por tramos de renta. Es decir, el Observatorio considera que es mejor ser solidario con quienes cobran pensiones bajas y no tienen otros recursos que con los que tienen carreras irregulares, algunos de los cuales también disfrutarán de pensiones altas.
Con escasos avances en el Diálogo Social, y el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, lamentando públicamente el escaso margen de tiempo para reflexionar sobre la propuesta del Gobierno, lo cierto es que el Observatorio ha definido qué colectivos salen ganando con la reforma.
Ganadores y perdedores
En primer lugar, los trabajadores con carreras medias y largas serán más beneficiados que aquellos con carreras laborales muy largas, porque la ampliación a 30 años no les supone más lagunas de cotización y el descarte de los dos años peores, les ayuda más proporcionalmente que a los de carreras muy largas. Los más perjudicados serán los jubilados que procedan de carreras laborales cortas, porque la ampliación del periodo de cómputo empequeñece el aporte proporcional de su cotización.
También considera el Observatorio que se primará a aquellos con carreras laborales irregulares frente a quienes las tienen más estables; a los que tienen bases reguladoras bajas; a los autónomos -que debido a la volatilidad de sus ingresos, verán eliminados los ejercicios que más les penalicen, incluso de cotización cero-; a los hombres, porque tienen carreras laborales más largas y estables; y a quienes se jubilen anticipadamente procediendo de carreras laborales largas. Aunque, sobre este último caso, puntualizan que el impacto es, de nuevo, poco significativo, un aumento del 0,18%, que sorprende, no obstante, comparándolo con la bajada del 1,05% en el caso de jubilación demorada.