Nuevo golpe a las empresas: Escrivá propone ligar al IPC las bases máximas de cotización

El IPC entra doblemente en la reforma de las pensiones. Una vez sentada la revalorización de las pagas en función de la inflación de los 12 meses anteriores a noviembre de cada año, la segunda parte de la reforma, que ha de tener impulsada el Gobierno antes del 31 de diciembre, incluye un destope de las bases máximas de cotización vinculado al IPC y también un alza de las pensiones más altas, referenciada, en menor medida, a la evolución de los precios.

Como ha podido saber THE OBJECTIVE, el documento que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que encabeza José Luis Escrivá, incluye un destope del tope máximo de cotización desde 2025 a 2050. Este último surgirá de la aplicación del IPC más un incremento adicional del 1,154%, de forma que engrose las cuotas empresariales, que soportarán desde enero de 2023 el 0,5 extra del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), amén del efecto arrastre que en cuotas empresariales suponen las alzas sucesivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las pensiones más altas, vinculadas al IPC

Mientras, las pensiones más altas, que han de subir por el principio de contributividad que recogen las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, también lo harán en relación al IPC, pero con menor intensidad que las cotizaciones máximas. Las nuevas pensiones se revalorizarán con el índice de precios -que en noviembre de este año marca una media en el entorno del 8,5%- más un 0,115%.

La base máxima de cotización, en cómputo anual, está fijada en 54.000 euros para 2023. Es decir, a partir de ese salario todos cotizan lo mismo. La idea del destope consiste en elevar ese umbral gradualmente, de forma que no sea lineal la cotización de todos los asalariados que rebasan esa cifra.

De este modo, como explican fuentes del Gobierno a este periódico, se pretende hacer caja en la Seguridad Social durante los años de más tensiones financieras, cuando se jubilará el grueso de la generación del baby-boom, a partir del año que viene. Esos mayores ingresos no se absorberán inmediatamente por las pensiones más altas, al no subir en la misma proporción y al ser nuestro sistema de pensiones de reparto y no de capitalización: los cotizantes actuales pagan las pensiones vigentes.

Examen de Bruselas

La idea del Gobierno es suplir con más ingresos esos años de mayor volumen de jubilaciones -España puede llegar a 15 millones de pensionistas en 2050, frente al entorno de los 10 millones actuales, según proyecciones de BBVA Research-, de modo que cuando se retire la siguiente cohorte de población, menos voluminosa, se hayan nivelado las cuentas.

El problema es que desde Bruselas se monitorizarán en el verano de 2023 las proyecciones de gastos e ingresos a 2050, y puede que algún eventual desajuste no convenza a los técnicos de la Comisión Europea. No olvidemos que esta segunda parte de la reforma de las pensiones se enmarca dentro del componente 30 que las instituciones comunitarias exigen a España para recibir la inyección de fondos europeos.

En esta ocasión, la confección de la segunda parte de la reforma se ha llevado con más sigilo que nunca. Sin hacer borradores previos ni reuniones con los agentes sociales en bloque, sino bilaterales. Porque la idea del ministro fue escuchar a todos antes de ir creando posibles globos sonda que causaran alarma o confusión.

Líneas maestras de la reforma

En la noche del lunes se supieron las iniciales líneas maestras que ahora sí están en manos de los agentes sociales -patronal y sindicatos-, y que incluyen la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo del cálculo de la pensión de jubilación y la adecuación de la base máxima de cotización del sistema.

Sobre el primer punto, Escrivá ha puesto sobre la mesa un alza de los 25 años laborales de cómputo para las pensiones actuales. Pasaría a 30, pero eliminando los dos más adversos. A ello prevé añadir un cambio en el tratamiento de las lagunas de cotización con ventaja para autónomos, mujeres y varones que hayan visto su carrera interrumpida por la paternidad.

También se prevé el aumento de la base de cotización y pensión máxima vinculado al IPC. Todo ello, a expensas de la negociación que in extremis ha de llevar a cabo Escrivá con el Diálogo Social para que el Gobierno pueda cumplir la tramitación de la norma antes del 31 de diciembre. Una norma que ya irá vía Real Decreto-ley porque los plazos parlamentarios no permiten impulsarla como ley. No obstante, posteriormente el decreto puede convalidarse en la Cámara o bien sustituirse por una proposición de ley.

Hito para los autónomos

Como explica a este periódico Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València y artífice en su día del Factor de Sostenibilidad (FS) -que ligaba las nuevas pensiones a la esperanza de vida y nunca se aplicó-, la preocupación académica por lo que ha trascendido de la segunda parte de la reforma de las pensiones es que no se acreciente la contributividad.

«El efecto de la propuesta del Gobierno, a priori, va a ser neutral», explica Devesa. «El promedio de las pensiones nuevas no se va a alterar». No obstante, el experto considera que la ampliación a 30 años de la base reguladora aumentaría la contributividad de no ser porque se quitan los dos peores ejercicios, con lo cual se anula la mejora de la contributividad. También considera que sucede lo mismo con la propuesta sobre la cobertura de lagunas de cotización.

Devesa considera un hito que se tenga en cuenta a los autónomos en la adecuación de las lagunas -periodos intermedios sin cotización en una vida laboral-, algo que, de entrada, mejoraría la citada contributividad porque el reconocimiento de estos periodos mejorará previsiblemente su pensión, pero desvela que el cálculo se hace con supuestos, una suerte de «cotizaciones ficticias», lo cual tampoco supone una correlación directa entre la carrera de cotización y la pensión.

Cobertura ante los años de pensiones más altas

El economista Javier Santacruz considera que este nuevo golpe a los empresarios con el alza de cotizaciones refrenda la tesis de que la propuesta que el Ministerio ha trasladado a los agentes es claramente un intento de conseguir abultados ingresos por cotizaciones antes de que se tengan que pagar pensiones muchísimo más altas. «Se trata de jugar con el presente y el más inmediato futuro para hacer una hucha en forma de ingresos por cotizaciones provenientes de las bases máximas, que se la tendrán que gastar si las pensiones siguen subiendo al ritmo al que lo están haciendo», aduce.

Por su parte, la secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Isabel Casares, recalca el importante papel que tiene la propuesta del Gobierno a la hora de cumplir con los objetivos comprometidos con Bruselas: «Representa un paso más para ampliar el periodo de consideración de años cotizados hasta aplicar toda la vida laboral de los trabajadores, que es una medida más razonable para que cada uno tenga la pensión que le corresponda en función de los años y cotizaciones realizadas».

Coincide Casares con Santacruz en que «se está suavizando lo que nos va a llegar en el futuro». Estima la secretaria general de Ocopen que la reforma propuesta «tendrá un impacto positivo en las cuentas de la Seguridad Social de forma inmediata» y que «el impacto negativo lo veremos con el aumento de solicitudes de pensión de aquellos trabajadores que puedan optar a jubilarse ya» porque estimen que la medida pueda perjudicarles de continuar trabajando.