El Gobierno bate en solo nueve meses el récord histórico de denegación de información pública
Las cifras oficiales indican que los ministerios del Interior e Igualdad son los más opacos y Justicia y Casa Real las entidades más transparentes
El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido en solo nueve meses su propio récord de opacidad en la entrega de información. Los datos cribados por THE OBJECTIVE indican que entre enero y septiembre los ministerios españoles han denegado 433 solicitudes de información ciudadana, la cifra más alta desde que se tienen registros y por encima de las 419 resoluciones rechazadas para todo el año 2021, el anterior récord establecido por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Las cifras del Portal de Transparencia actualizadas al 30 de septiembre indican que este ha sido el año en que se han denegado más solicitudes desde que en 2015 se empezaron a publicar estas estadísticas y eso que todavía faltan los datos del último trimestre en curso. Este 2022 se ha vuelto a superar la barrera de las 400 solicitudes denegadas, muy por encima de las 115 del año 2015, las 106 de 2016, las 170 de 2017, las 247 de 2018, las 228 de 2019 y las 284 de 2020.
Es más, desde que gobierna Pedro Sánchez siempre se han superado las 200 denegaciones y excluyendo el curso de la pandemia, todos los años de esta legislatura se ha batido el récord histórico de resoluciones que rechazan facilitar información pública a los ciudadanos. Oficialmente esta estadística incluye las resoluciones denegatorias y la concesión parcial de la información solicitada, en este último caso casi siempre sin responder al requerimiento.
Ley de transparencia
Por ministerios, en lo que va de 2022 el récord de rechazos lo tiene Interior con 88 expedientes, seguido de Igualdad con 68. De hecho, las carteras de Fernando Grande Marlaska e Irene Montero se llevan el 38% de las solicitudes denegadas. Les siguen Transportes con 56, Hacienda con 38 y Asuntos Exteriores con 26 casos, Sanidad, Asuntos Económicos y Presidencia con 21 solicitudes rechazadas, Defensa con 26, Industria con 12 y Trabajo con 11.
Cierran la lista la Agencia de Protección de Datos con ocho solicitudes rechazadas, Cultura, Ciencia y Agricultura con siete, Seguridad Social con seis, Política Territorial con cinco, Universidades y Transición Ecológica con cuatro, Consumo con tres y Justicia y Casa Real con dos rechazos. Sorprende que dos de las instituciones más cuestionadas desde diferentes partidos políticos de izquierdas como el Ministerio de Justicia y Casa Real sean las que menos solicitudes de información rechazan a los ciudadanos y que ministerios como el de Igualdad, uno de los más opacos.
Para justificar la denegación de información la Ley de transparencia establece límites al acceso de información basados en la "seguridad nacional", "la defensa", "la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", "intereses económicos y comerciales", "las relaciones exteriores", "el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial", "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión" o "la protección del medio ambiente".
Ministerio de Igualdad
En el caso del Ministerio del Interior, se ha denegado -o entregado información incompleta- sobre datos estadísticos relacionados con la dotación y criterios de asignación de escoltas, coste de los servicios de escolta para desplazamientos privados de los ministros, adquisición de sistemas de reconocimiento facial en drones o cifras de menores no acompañados llegados a España entre 2019 y 2021.
También se ha denegado información de la ministra portavoz del Gobierno sobre la entrada del líder del frente polisario en España, ciberataques detectados tras la invasión de Rusia a Ucrania, expulsiones ejecutadas de nacionales de Ucrania o infracciones por radares, entre otras. Entre las razones para justificar la falta de información, Interior suele argumentar "las relaciones exteriores" y la seguridad pública".
En el caso del Ministerio de Igualdad se produce un hecho insólito, ya que 65 de las 68 solicitudes cursadas al departamento tienen relación con el mismo tema: el detalle de los gastos del viaje de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y sus acompañantes a Estados Unidos en verano. Pero es aún más sorprendente que esta cartera justifica la no entrega de esta información argumentando "la seguridad nacional". Es decir, que conocer el coste del viaje de un ministro -en el que además Montero y su equipo se hicieron fotos que publicaron en sus redes sociales- comporta un asunto de seguridad nacional.
Transportes y Hacienda
En el caso del Ministerio de Transportes se ha rechazado información sobre edificios de titularidad pública destinados a uso y vivienda de miembros del Gobierno, sobre sueldos personal directivo Renfe para los años comprendidos entre 2016 y 2021, documentación relativa a la frecuencia de los trenes de Cercanías en los últimos cinco años en Madrid, tasa de ocupación de los trenes AVE en el año 2019 o informes en relación al expediente Aerolínea Plus Ultra. Para no dar esta información, esta cartera suele utilizar el argumento de "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".
En cuanto al Ministerio de Hacienda, se ha rechazado información sobre el infofraude y el resto de vías para recibir denuncias contra posibles casos de corrupción, sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, retribución de los consejos de administración de empresas públicas como Correos, Navantia, SEPI o EFE, relación de contratos públicos tramitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la actual legislatura que han sido recurridos o el presupuesto de RTVE en relación con la emisión del Mundial de Fútbol de Qatar de 2022. El rechazo se justifica mayoritariamente por "la garantía de confidencialidad".
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno data del año 2013 y su objetivo era «reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública». Una de sus grandes novedades fue la creación del Portal de Transparencia que desde finales del año 2014 recibe todas estas peticiones y elabora estadísticas sobre sus resoluciones.
Solicitudes de información
Esta Ley se aplica a todas las instituciones del Estado como la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social. Sin embargo, en sus ocho años de funcionamiento la mayoría de las solicitudes son enviadas a los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo.
Laos datos del propio Portal de Transparencia indican que al 31 de octubre de este año se han realizado 9.115 solicitudes de información de 3.349 personas. Desde 2014 se han realizado 57.098 solicitudes de 16.742 personas de las que 44.137 se han admitido a trámite y solo 29.184 se han respondido completamente. En cualquier caso, este dato no incluye las peticiones de los ciudadanos que no están conformes con la información requerida, ni los que recurren la entrega de información errónea o incompleta.
