España tiene 801 'lobbies' activos en la UE, pero la mayoría no acredita reuniones con políticos
El 70% de los grupos de presión españoles con base en Bruselas son ONG, empresas y asociaciones empresariales
La ex diputada europea Eva Kaili participó en la trama del 'Qatargate' en la que también estuvieron presentes lobbies y otros políticos de la Eurocámara. | Europa Press
El denominado Qatargate, un caso de corrupción que ha puesto en evidencia el trabajo de los ‘lobbies‘ en Bruselas y ha destapado presiones y sobornos a eurodiputados, ha dejado patente los deficientes controles que se ejercen sobre las actividades de los grupos de presión y sobre los parlamentarios que se relacionan con ellos.
Pese a que no han faltado intentos para dar la máxima transparencia a las reuniones que mantienen diputados, comisarios y funcionarios con empresas, ONGs o sindicatos, la normativa europea siga siendo muy permisiva y la voluntad de los políticos y los lobbies para dar información a sus reuniones, prácticamente nula. Los políticos de la Eurocámara, con sueldos que rondan los 10.000 euros mensuales, ni siquiera son capaces de dar cuenta de los obsequios que reciben, como adelantó THE OBJECTIVE.
El Código de Ético de los eurodiputados prohíbe los regalos de más de 150 euros -los parlamentarios no quisieron que se prohibiesen totalmente- y obliga a hacer públicos todos sus ingresos por actividad profesional, acreditando la fuente, que superen los 5.000 euros al año. Durante las tres últimas legislaturas, solo 30 diputados han comunicado sus regalos, que suman 112, la mayoría con un precio superior a 150 euros. La brecha entre regalos y lobbies deja en entredicho la transparencia de los políticos europeos.
Subvenciones a los ‘lobbies’
En un escenario, en el que se mueven miles de millones de euros todos los días en forma de subvenciones y ayudas y en el que se impulsan leyes que condicionan los mercados y la economía, hasta 12.552 grupos de presión trabajan en Bruselas, lo que no quiere decir que haya más, puesto que su registro en el Portal de Transparencia es voluntario.
Según los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el pasado 2 de marzo, hasta 801 grupos de presión con sede social en España estaban registrados en el Parlamento Europeo, con un peso muy importante de ONGs, empresas y asociaciones empresariales, que representan el 70% del total. Salvo contadas excepciones, la mayoría no acredita reuniones con comisarios o miembros de sus gabinetes. Tampoco contribuciones a consultas públicas, a hojas de ruta y participación participación en estructuras y plataformas de la UE.
Pese a su aparente inactividad, a partir de sus declaraciones, se constata que hasta 161 de estos organismos con sede en España recibieron subvenciones en 2021, último ejercicio cerrado. Mientras, solo 59 acreditan un empleado acreditado en el Parlamento Europeo. Una de las pocas con hasta tres personas acreditadas es Acento Public Affairs, la consultora del ex ministro José Blanco y del ex diputado del PP y ex alcalde de Vitoria Alfonso Alonso. Acento cuenta incluso cuenta con una oficina en Bruselas para desarrollar su papel de lobby.
Independentistas y asociaciones cannábicas
En las diferentes categorías de los grupos de presión participan grandes empresas -están presentes casi todas las del Ibex-, asociaciones comerciales y empresariales -196-, sindicatos y asociaciones profesionales -67- y ONGs, desde asociaciones cannábicas, hasta a una organización que representa a los afectados por el Vuelo JK5022, pasando por la Associació Independentista Sobirania i Justícia, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana o la antiglobalista Setem.
Mientras, solo hay dos entidades religiosas, con sede en España, registradas como lobbies. Se trata de Enraizados, una asociación católica que busca "ser una plataforma de referencia entre los creyentes que hace presente a Dios en la vida pública y en los debates de los temas candentes de cada momento". Y la Oficina Europea de la Iglesia de Scientology para Asuntos Públicos y Derechos Humanos, una organización que representar a la Iglesia de Cienciología y todos sus programas humanitarios seculares ante las instituciones europeas.
'Lobbies' más transparentes
Entre las organizaciones que más información ofrecen sobre los contactos está la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que acredita 37 reuniones con comisarios desde 2014; el Banco Santander, que ha registrado casi 100; Telefónica -117- o Iberdrola -68-.
Bélgica es el país en el que se han establecido mayor número de grupos de presión -2.258-. seguida de Alemania -1.745-, Francia -1.221-, y España. Hay más de 5.742 empresas y asociaciones empresariales registradas, hasta 3.500 ONGs y 646 despachos de abogados y consultoras.
La Unión Europea cuenta con un registro voluntario de grupos de interés, que se creó en 2011 y que está gestionado de forma conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Las normas en estos organismos son diferentes, pero hay una exigencia, los representantes de los lobbies que soliciten una tarjeta para poder acceder al Parlamento Europeo pueden utilizar la sede parlamentaria para lanzar sus mensajes en el ámbito de las comisiones públicas. Las ONGs implicadas en el Qatargate se saltaron ese paso.
Los diputados de la Eurocámara pueden reunirse con diferentes grupos de presión en la mayoría de los casos sin tener que dar cuenta de ello. Según un reciente informe de Civio, solo la mitad de los europarlamentarios había notificado al menos un encuentro con empresas, ONG o despachos. En el caso de los parlamentarios españoles, el porcentaje es incluso mayor.
Código Ético
Mientras, el Código de conducta de los diputados al Parlamento Europeo en materia de intereses económicos y conflictos de intereses es conciso y claro. Su artículo 2 recoge entre los deberes de los diputados del Parlamento Europeo no establecer acuerdo alguno para actuar ni votar en interés de una persona física o jurídica que pueda comprometer su libertad de voto.
Tampoco puede solicitar, aceptar ni recibir beneficio económico alguno, directo o indirecto, ni cualquier otra recompensa a cambio de ejercer influencia o votar sobre actos legislativos, propuestas de resolución, declaraciones escritas o preguntas formuladas en el Parlamento o sus comisiones, y se esforzarán conscientemente por evitar cualquier situación que pueda dar pie a sospechas de soborno.
