La reforma de pensiones que el jueves aprueba Moncloa dejará un agujero de 55.000 millones
Los expertos calculan que la reforma de pensiones tendrá un efecto neutro en la recaudación, afectará al empleo y al crecimiento y, aumentará el déficit
José Luis Escrivá, en sesión de control parlamentaria. | EP
La última pata de la reforma de las pensiones, anunciada la semana pasada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, todavía se encuentra lejos de alcanzar un pacto en el marco del diálogo social. Y eso que este mismo jueves podría aprobarse el Real Decreto Ley en un Consejo Extraordinario de Ministros, tal y como el propio Escrivá adelantó este lunes, dando tiempo a los órganos de dirección de los sindicatos, que son los únicos agentes sociales que desde el primer momento dieron su visto bueno a la reforma.
De momento, ni la patronal ni las formaciones políticas que están a la derecha del arco parlamentario ven con buenos ojos una propuesta que valoran como una medida de maquillaje, que en nada arregla el problema de sostenibilidad de las cuentas públicas. Este lunes, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se refirió a esta reforma como «un parche basado en una sucesión de mentiras», añadiendo que, «para garantizarlas de verdad hay que crear empleo, crecimiento económico y generar certezas».
Eso no impide, sin embargo, que el Gobierno haya adelantado que, de no obtener el visto bueno de CEOE y Cepyme -que este lunes se desmarcaron de la reforma-, seguirá adelante, y la reforma que enviará a Bruselas será la que salga de su pacto con sindicatos y del apoyo que obtenga de sus socios de investidura en en el Congreso de los Diputados.
Pero una cosa es la reforma consensuada con sindicatos y los grupos de izquierda y nacionalistas en el cámara baja, y otra son los cálculos que los expertos economistas han explicado a THE OBJECTIVE estos días, y que ponen el acento en dos aspectos fundamentales: por un lado, un aumento de recaudación, debido al incremento de las cotizaciones sociales, aumento que, eso sí, será exiguo -apenas 8.000 millones de euros, y no los 15.000 que prevé el Gobierno. Y, por otra parte, de aquí a 2050, y gradualmente, prevén también un repunte significativo del déficit público hasta dejar un agujero de 4,4% de PIB, alrededor de 55.000 millones de euros.
El agujero de la nueva reforma de pensiones
La opinión generalizada de los economistas consultados por THE OBJECTIVE es que se trata de una reforma única que deja todo el peso en los ingresos sin tener controlados los gastos -sostiene Javier Santacruz-, de manera que, de aquí al año 2050, las arcas públicas, y en buena medida los contribuyentes, tendrán que inyectar el 4,5% -alrededor de 55.000 millones de euros-. El nuevo sistema de pensiones, en efecto, recaudará más dinero, pero a medida que se vayan jubilando nuevas cohortes afectadas por las nuevas reglas del cálculo de la pensión inicial, el gasto total en pensiones irá creciendo gradualmente.
Así lo explica el economista Ángel de la Fuente: «En el supuesto de que este sistema se implementase de forma inmediata, hacia 2050, prácticamente todo el stock de pensionistas ya se habría jubilado con las nuevas normas, con lo que esperaríamos en ese momento en adelante un ahorro de hasta el 0,6% del gasto total en pensiones. Pues bien -sostiene De la Fuente-, puesto que este podría situarse entonces entre el 15 y el 20% del PIB, el ahorro se situaría en 2050 en torno al 0,10% del PIB, una cantidad muy inferior a lo que sería necesario para restaurar el equilibrio del sistema».
Colige el director ejecutivo de Fedea que, por tanto, «la propuesta de largo plazo del Gobierno para el cálculo de la pensión sería básicamente neutra en términos presupuestarios, pero puesto que durante 20 años permitirá a cada nuevo jubilado elegir entre ella y el sistema actual que convenga, el efecto neto de la reforma será necesariamente un incremento del gasto durante varias décadas, aunque de una magnitud difícil de precisar».
La «condena» de la reforma de las pensiones
Dando por hecho el impacto que tendrán sobre el gasto público el sistema de cotización de los autónomos y la introducción de nuevos incentivos para la prolongación de la vida laboral (1 punto sobre el PIB), con proyecciones recogidas en el Aging Report, nos quedan por financiar -recoge el informe de Ángel de la Fuente para FEDEA– «otro 2,5% del PIB por el incremento del déficit hasta 2050, debido a la reforma, a lo que hay que añadir 1,3 puntos por el déficit inicial y el 0,7% de su aumento esperado durante el mismo periodo en ausencia de medidas políticas».
Así pues, remarca de la Fuente, la reforma de pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez «condena al componente contributivo del sistema de pensiones a un déficit básico (antes de las transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas, que habrá que cubrir con ingresos generales (o deuda)». De tal forma que, «de aquí a 2050 tendremos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5% puntos del PIB, lo que viene a ser el 60% de la recaudación por IRPF. Y tal presión -indica-, dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo la sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población».
En opinión de Lorenzo Bernaldo de Quirós, ese aumento del déficit de «entre 40.000 y 50.000 millones es factible». Y lo es, explica el presidente y socio de Freemarket, porque «las medidas de subida de las cotizaciones no compensan el número de pensionistas que hay en España, en un sistema que, además, está indexado al IPC, y donde el grueso de esa subida de las cotizaciones la pagarán las empresas», apunta.
Añade Bernaldo de Quirós otro efecto perverso de esta reforma de pensiones, y se trata del incremento de solidaridad sobre las cotizaciones laborales. Según este economista, «no deja de ser un impuesto como el que se aplica a las grandes fortunas, con lo que se rompe la contributividad, perjudica, encarece, y a la postre, aumenta el déficit y la deuda». Y todo ello, recuerda Bernaldo de Quirós, en un marco «sin reglas fiscales con una reforma en la que no cuadran los números».
Lo que Escrivá ha presentado a Bruselas
Por su parte, el Observatorio Económico de la Universidad de Francisco de Vitoria también destaca algunos aspectos sobre una reforma que no comparten, porque grosso modo, entienden que no será sostenible. En ese sentido, el Observatorio -dirigido por José María Rotellar, con el apoyo de los economistas Pedro Schwartz, (catedrático de Economía); Francisco Cabrillo (catedrático de Economía), Jaime García Legaz (exsecretario de Estado de Comercio) y Gregorio Izquierdo (director del Instituto de Estudios Económicos, IEE, y expresidente del Instituto Nacional de Estadística- señala que la subida de la cotización adicional iniciada este año, pasando de un 0,6% adicional (0,5% a cargo de la empresa y 0,1% a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), medida que será mantenida hasta 2050, «supondrá una barrera al empleo, pues encarece la contratación de los trabajadores, por un lado, y merma la renta disponible de los mismos, que puede desembocar en una caída de contrataciones y, por tanto, de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema».
Del mismo modo, el Observatorio defiende que «la imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, que en 2025 será un punto adicional, pero con subidas incrementales de 0,25 puntos, hasta llegar a 6 puntos más en 2045, pero sin subir las pensiones máximas, constituye un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, socavando la confianza en el mismo».
Del mismo modo, señalan que, «el aumento de las pensiones no contributivas hasta llegar al 75% de la renta mediana de los hogares monoparentales y de las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta mediana de los hogares, no sólo supone un gasto inasumible, sino que constituye un desincentivo al trabajo y a la cotización de las personas, incentivando algo tan negativo para la economía como es la economía sumergida, de forma que pueden disminuir con ello los cotizantes y la recaudación».
Bernaldo de Quirós detecta tres problemas más a tener en cuenta. Y son: el envejecimiento de la población española, el bajo periodo de cotización y el permiso para que el cotizante elija qué periodo quiere -25 o 29-. Todos estos elementos complican, según su criterio, «la sostenibilidad de las pensiones, incluso si la tasa de actividad aumenta, ya que en España es del 60%, frente al 80% de media de la UE». Una situación, deduce, «que obligará a un ajuste al próximo Gobierno que venga tras las elecciones generales. Y un ajuste que responde a una realidad, y es que España es el país de la UE en el que menos porcentaje de renta del jubilado depende de mecanismos de ahorro. Con otro agravante, y es que los fondos de pensión, cuando los recuperas, te van al IRPF -al marginal- de algo que ya has pagado, con lo que se produce una doble imposición».
Por otra parte, el Observatorio de la Universidad de Francisco de Vitoria tampoco comulga con la sostenibilidad del sistema de elección por parte del cotizante de 25 a 29 años, quitando de este último los 24 meses peores: «No es un alargamiento efectivo, puesto que el trabajador puede elegir, con lo que en el peor de los casos se quedará tal y como opera ahora, con 25 años. Si opta por 29 años será porque el cálculo le resulte más beneficioso, con lo que no hay potencial ahorro con esta medida, sino todo lo contrario: hay un potencial incremento de gasto».
A propósito de Bruselas y de su luz verde, como ha afirmado el Gobierno, para a cambio recibir la última partida de los fondos Next Generation, el Observatorio de la UFV indica que el Ejecutivo ha presentado esta reforma a la Unión Europea «bajo la hipótesis de que, con los incrementos de las cotizaciones, cubrirá el desfase del sistema, pero realmente incrementa el gasto paralelamente y, además, no parece lo más probable que vaya a mantenerse la recaudación pretendida si dichas medidas provocan un freno en la actividad y el empleo».
