El Gobierno rebaja la campaña contra Ferrovial ante el riesgo de un encontronazo con Bruselas
Se espera que este jueves la Junta General de Accionistas apruebe con amplia mayoría el proyecto de fusión inversa y traslado de la compañía a Países Bajos
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sido la cara visible del Gobierno contra el traslado de Ferrovial a Países Bajos. | Agencias.
El Gobierno ha rebajado repentinamente el tono de las críticas a Ferrovial en las últimas 24 horas ante el riesgo de la que la disputa pueda terminar en Bruselas, según ha podido saber THE OBJECTIVE. En estas instancias comunitarias el Ejecutivo tendría todas las papeletas para llevarse un rapapolvo de la Comisión Europea por vulnerar el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe cualquier restricción a la circulación de capitales y pagos entre los Estados miembros.
Moncloa y el Ministerio de Asuntos Económicos llevan más de un mes criticando la decisión de la constructora de trasladar su sede social a Países Bajos que se producirá tras la fusión inversa de su matriz con Ferrovial International. El Ejecutivo insiste en que se trata de un proyecto que busca ventajas fiscales sin verdaderas razones económicas y para ganar la batalla del relato ha usado toda su artillería mediática, ante la inexistencia de herramientas legales para frenar la mudanza de sede social.
Esta semana realizó un último esfuerzo intentando convencer a accionistas minoritarios para que voten en contra del proyectos en la Junta de Accionistas de este jueves, a la vez que filtró a diversos medios que Ferrovial podría perder ventajas fiscales en su fusión si es que no demostraba a la Agencia Tributaria sus motivaciones económicas. Sin embargo, desde la tarde del martes el Gobierno bajó la presión y el miércoles prácticamente nadie del Ejecutivo se refirió al tema.
Libre circulación de capitales
Según ha podido saber este diario, en el trasfondo se encuentra el temor a un encontronazo con Bruselas en plena presidencia de España (y de Pedro Sánchez) de la Unión Europea, a partir de julio de este año. Pese a que es muy improbable que se establezca algún tipo de investigación o que Bruselas entre de oficio en el caso, cualquier tipo de reclamación de Ferrovial o de algún grupo político en el Parlamento Europeo obligaría a las instituciones comunitarias a entrar en el tema y -si esto llegase a suceder- con toda seguridad se criticaría la actitud que ha tomado el Gobierno en el caso.
De hecho, como ya contaba este diario el martes, el Ejecutivo ya da por hecha la marcha de Ferrovial a Países Bajos. Ello, tras constatar el amplio respaldo con el que el equipo de Rafael del Pino se encontrará en la Junta General de Accionistas de este jueves; y las pocas posibilidades que existen para que se frene la operación con la salida de más del 2,6% del capital, después del apoyo in extremis de Norges Bank. En este escenario, el análisis que se hace en el Ministerio de Asuntos Económicos es que la causa está perdida y que las presiones a partir de ahora -además de ser estériles- pueden generar problemas ante la Unión Europea.
La clave es la posible vulneración del Gobierno español a uno de los cuatro principios básicos del mercado único la Unión Europea: la libre circulación de capitales establecida en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Su objetivo es suprimir todas las restricciones a los movimientos de capitales entre los Estados miembros, así como entre Estados miembros y terceros países.
Países Bajos en el foco
Es decir, todas las empresas europeas tienen derecho a establecerse en cualquier país de la UE, algo que Pedro Sánchez y sus ministros no han respetado; primero, intentando evitar la salida de Ferrovial; y segundo, cuestionando la idoneidad fiscal de Países Bajos. Las fuentes consultadas coinciden en su sorpresa por la reacción del Gobierno al poner en el foco a otro Estado miembro con el que además debe reunirse regularmente en el marco de los encuentros comunitarios en Bruselas.
Por otro lado, el Gobierno debería explicar las presiones a los accionistas de Ferrovial para intentar influir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito privado. En una instancia europea, el Ejecutivo tendría muy difícil justificar desde el interés público la serie de mensajes que ha enviado para intentar frenar el proyecto. Moncloa niega que intentase influir directamente en fondos de inversión -una información que ha publicado este diario-, pero al mismo tiempo lleva semanas enviando mensajes a la opinión pública con amenazas veladas de supuestas represalias institucionales si es que se hace efectiva la mudanza de sede social.
Durante todo el mes de marzo, diferentes ministras han advertido de supuestas investigaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o del Ministerio de Hacienda que luego nunca se concretaron. También se llegó a hablar la posibilidad de aplicar el decreto antiopas -aunque sin ninguna validez real- para finalmente deslizar la posibilidad de que la Agencia Tributaria podría bloquear las exenciones fiscales a las que la compañía esperaba acogerse con la fusión. Una última ofensiva que no fue bien recibida por la propia AEAT y que -en el caso de activarse- llevaría al Estado a un pleito con Ferrovial que podría tardar varios años en solventar.
Junta de Ferrovial
Lo cierto es que, salvo sorpresa mayúscula, la Junta General de Accionistas de este jueves se saldará con amplia mayoría, tal y como ya había adelantado este diario. Cuentan con el apoyo de casi el 30% del capital aglutinado en la familia Del Pino, tres asociaciones de accionistas minoritarios, un buen puñado de fondos de inversión e incluso de accionistas díscolos como Norges Bank, que días antes se había mostrado contrario al proyecto.
Tampoco hay muchas posibilidades de que en las próximas cuatro semanas, más del 2,56% del capital venda sus acciones de la compañía, el umbral establecido por Ferrovial para validar definitivamente el proyecto. Una opción prácticamente descartada tras el apoyo de Norges Bank. La remuneración establecida para la salida de quienes quieran dejar el capital se estableció en 26 euros, muy por debajo de los 27,14 con lo que cerró la acción el miércoles. Por otro lado, la mayoría de las firmas de inversión otorgan a la constructora un potencial de crecimiento en Bolsa por encima del 17%, más de 30 euros.
De hecho, Ferrovial ha aumentado un 3,35% su valor en el parqué desde que el pasado 28 de febrero anunciase su intención de fusionar su matriz española con su filial internacional y cerrara en los 26,26 euros. En las 29 jornadas anteriores al anuncio de esta operación, acumuló un descenso del 0,49%.
