El Gobierno se expone a una larga e incierta batalla judicial si castiga fiscalmente a Ferrovial

El Ministerio de Hacienda podría exponerse a una batalla judicial que se extendería por varios años -y que incluso se arriesga a perder- si no permite a Ferrovial acogerse a las ventajas fiscales del Impuesto de Sociedades en el caso de fusiones, según ha confirmado THE OBJECTIVE con diferentes expertos tributarios. La constructora ha explicado a los inversores y a sus accionistas que prevé acogerse a este régimen especial tras la integración de su matriz y Ferrovial International, un plan que además incluye el traslado de su sede social a Países Bajos.

Sin embargo, a menos de 48 horas de la crucial Junta de Accionistas que votará el proyecto, el Gobierno ha filtrado a diferentes medios que la Agencia Tributaria (AEAT) podría rechazar esta solicitud si es que no considera válidos los argumentos que justifiquen una motivación económica. Esto llevaría a Ferrovial a tributar por las plusvalías latentes que podrían aflorar en el proceso empresarial, una factura tributaria difícil de cuantificar, pero sin duda muy elevada, según los expertos consultados.

Fuentes jurídicas explican a este diario que la Ley del Impuesto de Sociedades señala en su artículo 89.2 que el régimen especial de fusiones no se aplicará cuando «la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal».  

Presiones a Ferrovial

«No se puede cuantificar, aunque la teoría es muy fácil. Es el impuesto de sociedades que se devengaría por una fusión», explica el jurista y docente Miguel Pérez de Ayala. «Cuando yo me fusiono, yo absorbo, yo me escindo, digamos que estoy muriendo, entonces aflora todo el valor real de mis bienes», explica el experto. En este caso, «si la entidad holandesa absorbe a la española, la española está ‘muriendo’ y todos sus bienes actualizan el valor, y eso es lo que va grabado al 25%», explica.

En cualquier caso, estamos ante la última carta del Ejecutivo para intentar frenar la salida de la constructora hacia Países Bajos, un proyecto duramente criticado desde diferentes ministerios y el que –según ha informado este diario– cuenta con el suficiente respaldo para ser aprobado con una importante mayoría por la Junta General de Accionistas que se celebrará este jueves. De hecho, esta estrategia del Gobierno no frenaría la marcha de la empresa, sino que simplemente encarecería la factura en el caso de que Hacienda llegase a demostrar que no existen estos argumentos económicos para el traslado.

Un movimiento claro para intentar presionar a accionistas minoritarios que se verían directamente perjudicados si es que la Agencia Tributaria rechaza que Ferrovial se acoja al régimen especial de las fusiones. Esto supondría que los socios ya no podrían valorar las acciones o participaciones de la entidad disuelta al mismo valor fiscal que tenían los valores dados de baja y, por tanto, deberían tributar en España la ganancia o pérdida patrimonial que se generase.

El papel de los tribunales

Sin embargo, los expertos y otros directivos de grandes empresas del Ibex consultados concuerdan en señalar que no está nada claro que el Gobierno y Hacienda puedan demostrar ante los tribunales que han rechazado el régimen especial de fusiones a Ferrovial por no existir suficiente razones económicas. La Agencia Tributaria tendría que defender el bloqueo ante la justicia si es que la constructora -al igual que hacen periódicamente los grandes del Ibex- recurre esta decisión fiscal y, dicen estas fuentes, tiene muchas papeletas para salir victoriosa.

La remisión a los motivos económicos en el impuesto de sociedades «siempre ha sido muy criticada porque es muy abierta», explican los expertos fiscalistas consultados por este diario. «El problema de una norma tan importante, porque estamos hablando de mucho dinero, es que Hacienda se puede acoger a esto», explica por su parte el abogado Carlos Marín. «Hacienda puede hacer lo que quiera, pero luego están los tribunales», añade.

En este sentido, Marín coincide con Pérez de Ayala al exponer que la Agencia Tributaria «podría inaplicar un régimen especial a Ferrovial en base de que no hay motivos económicos, pero luego la compañía podría acudir a los tribunales». Desde la compañía prefieren no hacer futuribles sobre las situaciones que se puedan dar en el futuro, pero sí han respondido al Gobierno defendiendo las motivaciones de su marcha. El director de comunicación de Ferrovial, Francisco Polo ha manifestado en una entrevista en Onda Cero que este traslado tendrá un impacto fiscal neutro para la compañía y que «las razones económicas que motivan esta decisión de Ferrovial son sobradas y conocidas».

Las razones de Ferrovial

Según la concesionaria, este cambio de sede social a Países Bajos dará más visibilidad ante inversores internacionales, más capacidad de competir en mercados internacionales y más liquidez. Razones «evidentes» y acordes a la lógica económica para justificar el traslado. Por otra parte, el grupo de Rafael del Pino mantendrá el empleo, los proyectos, las inversiones, y su cotización en el Ibex 35, según se indica en el proyecto.

Si finalmente la junta de accionistas da el jueves su visto bueno al proyecto de fusión inversa entre la matriz y Ferrovial International, la compañía tiene dos meses para comunicárselo a Hacienda. «A partir de ahí, Hacienda tiene cuatro años para hacer sus pertinentes investigaciones al respecto», explica Pérez de Ayala. El artículo 66 de la Ley General Tributaria (LGT) establece que las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años, por lo que los litigios podrían extenderse en el tiempo. Si Ferrovial ha planteado esta salida es porque «es fiable y lo ha estudiado muy bien». Es posible que haya aducido «motivos económicos que en casos parecidos Hacienda ya haya respondido a favor», destaca el docente consultado.

Lo cierto es que todos concuerdan en señalar que el proceso será muy lento y que podría eternizarse por varios años. Por lo pronto, la propia AEAT ha confirmado que solo la comprobación de la solicitud de Ferrovial podría tardar hasta dos años. En este sentido, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha señalado que el organismo comprobará «cuando corresponda» si existen motivos económicos «válidos» que justifiquen la operación de traslado de sede social anunciada por Ferrovial a Países Bajos.

Comprobaciones de la AEAT

Fernández ha dicho que la inspección de la Agencia Tributaria comprueba fusiones y operaciones de este tipo -acogidas al régimen de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores- «cuando toca» con el objetivo de analizar si existe o no motivo económico que sea el fondo del movimiento de la sociedad. Son comprobaciones que duran un año o dos, según ha detallado la directora. «Son grandes comprobaciones muy largas y costosas», ha asegurado durante la presentación de la Campaña de la Renta.

Luego, cualquier recurso judicial cuenta con plazos de varios años, que se multiplican si es que se interpone en diferentes instancias judiciales. De hecho, en pleitos similares con grandes empresas incluso podríamos estar hablando de una década. La propia directora de la Agencia Tributaria ha indicado que si no hubiera motivo económico válido -y se rechazara acogerse a este régimen a Ferrovial- este tipo de regularizaciones implica «importes elevados», aunque de momento es «imposible adelantar cifra o resultado». Es decir, que la constructora podría tributar en este régimen especial hasta que Hacienda -o los tribunales- digan lo contrario, un momento lejano en el tiempo en el que el actual Gobierno podría ya no estar en La Moncloa.