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Economía

PwC advierte de que la extensión de topes a los precios energéticos puede afectar a la inversión

En meses se cumplirá un año del tope al gas y ya van casi tres años desde que se aprobó fijar en 67 euros la energía nuclear, hidráulica y aquellas eólicas sin prima

PwC advierte de que la extensión de topes a los precios energéticos puede afectar a la inversión

Parque eólica y solar. | Europa Press

En pocos meses se cumplirá un año del mecanismo ibérico (también conocido como tope al gas) y ya van casi tres años desde que se aprobó el real decreto 17/2021 que topó en 67 euros el megavatio hora la energía producida por la nuclear, la hidráulica y aquellas eólicas que hayan acabado su vida útil regulatoria y no gocen de una prima. Dos medidas que, en principio, se extenderán hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.

En medio de este escenario, la consultora PwC ha desarrollado un informe de diez páginas, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que tiene un claro objetivo didáctico sobre cómo adaptar el mercado eléctrico al contexto actual, pero en el que se advierte de que la prolongación de medidas intervencionistas en el mercado pueden espantar a los inversores.

«Se debe velar por mantener un entorno de seguridad jurídica para poder asegurar la consecución de los objetivos de
descarbonización. En caso de existir mecanismos de emergencia para paliar situaciones no deseadas, estas intervenciones deben ser extraordinarias y no pasar a formar parte del funcionamiento normal del mercado. Un ejemplo de esto sería el cap aplicado durante la escalada de precios actual a las tecnologías inframarginales. Este tipo de limitaciones de forma mantenida podrían comprometer la confianza de los inversores para el desarrollo de renovables«, se desprende del documento.

Las dos medidas intervencionistas

La gran medida de la que más orgullo siente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es la puesta en marcha del tope ibérico, que permitió rebajar el pool eléctrico de 250 euros el megavatio hora a 150 euros aproximadamente. Por otro lado, el real decreto ley 17/2021 fijó en casi 70 euros el precio de la nuclear, la hidráulica y aquellas eólicas sin prima. Daba así a estas generadoras dos opciones antes de la llegada del tope al gas: firmar contratos a 67 euros o cobrar por encima y devolver la diferencia al sistema.

Las instalaciones renovables que tienen prima son aquellas que se encuentran en régimen retributivo específico y, por lo tanto, además de cobrar los precios en el mercado, reciben una prima. Ese complemento está definido de la siguiente manera: si baja el precio del mercado, sube la prima y, si sube el precio del mercado, baja la prima. Con esto lo que se pretende es que se consiga una retribución garantizada y la única forma de lograr esa rentabilidad es que haya un equilibrio entre la evolución de los precios y la evolución de las primas.

Por otro lado, la consultora remarca la necesidad de proteger al consumidor, de forma que no sean los principales afectados en situaciones de elevada volatilidad como la actual. Para lograr esa protección al consumidor, proponen incentivar que un porcentaje de la energía que la comercializadora suministra a sus clientes se cubra a precio fijo, y así limitar la exposición al riesgo y la repercusión de la volatilidad derivada del mercado spot o que el consumidor tenga más libertad para elegir la duración y forma de sus contratos de energía.

En el documento también analizan la propuesta de reforma del mercado eléctrico del Gobierno. Una medida que tiene luces y sombras para la consultora. «Aborda cuestiones que suponen un avance frente al diseño actual, como por ejemplo reconoce que el mercado no debe ser energy only y reconoce la necesidad de la convivencia de varios productos (energía, capacidad y flexibilidad), en línea con lo manifestado por el sector. Además, reconoce el papel de los mercados a plazo como mecanismos eficientes para la gestión de los riesgos debido a la volatilidad de los precios, tanto para los inversores como para los consumidores».

Sin embargo, la consultora remarca que «el Gobierno basa su propuesta en la existencia de determinadas hipótesis que son cuestionables, de lo que resulta una propuesta de mercado regulado y centralizado, en el que se concede un protagonismo extra a la figura de un regulador como comprador único de la energía».

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