La Sareb blinda sus pisos ante nuevos okupas y gastará 80 millones en vigilantes 24/7 y alarmas
La empresa prevé recuperar la posesión de 23.000 inmuebles vacíos y okupados. Vaticina 6.000 lanzamientos anuales y prevé contratar a un tasador independiente
Sánchez ha anunciado durante la precampaña que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb para facilitar alquiler «a precio asequible». | Europa Press
El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sacar al mercado 50.000 de viviendas en manos de de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con el objetivo de abaratar los precios de compra y alquiler ha pillado con el paso cambiado al ‘banco malo’. En la actualidad, la Sareb no conoce el estado ocupacional de la mayoría de sus inmuebles, lo que dificulta enormemente ponerlos a la venta o en alquiler.
La empresa, creada en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis de 2008 a través de la compra de los inmuebles de los bancos para sanear sus cuentas, se ha visto obligada a licitar tres grandes contratos en las últimas semanas para poner al día su enorme cartera de viviendas y evitar más ocupaciones de sus pisos con sofisticados sistemas de seguridad. La finalidad es que Sánchez disponga del mayor número de inmuebles y en condiciones idóneas.
Así, el pasado 3 de mayo la Sareb anunció la licitación de un contrato, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, con el que se quiere poner freno a nuevas ocupaciones de inmuebles que trastocarían el objetivo de ponerlos en el mercado lo más rápido posible. El valor estimado del contrato supera los 80 millones -prórrogas y sobrecostes- y el importe de licitación se sitúa en 40 millones.
Okupación, robo y vandalización
Las empresas adjudicatarias se tendrán que hacer cargo de la vigilancia estática, la vigilancia dinámica, la instalación de medios auxiliares para la prestación de los servicios de vigilancia y, asimismo, de la instalación de los sistemas de alarma. El contrato contempla «aseguramientos urgentes» de las viviendas que han sufrido un intento de okupación, robo o vandalización. En estos casos, el proveedor de seguridad dispone de un tiempo máximo de seis horas para la instauración del servicio.
También se prevén rondas de seguridad, videovigilancia y vigilantes de seguridad sin armas durante 24 horas los 7 días de la semana. Los adjudicatarios serán los encargados de tramitar las denuncias, de forma inmediata, derivadas de okupaciones, robos y vandalismo.
Recuperación de 23.000 pisos okupados y vacíos
Mientras, el pasado 24 de abril, la Sareb anunciaba la licitación de un contrato valorado en más de 16 millones de euros. El pliego tiene por objeto auditar el estado ocupacional de 24.000 inmuebles cada año, conocer sus condiciones de habitabilidad, el perfil de los ocupantes ilegales y, en su caso, si están en situación de vulnerabilidad. Los detalles del contrato, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, marcan un plazo de ejecución de dos años, prorrogable a uno más. Sacar adelante la auditoría requerirá múltiples visitas a inmuebles para determinar correctamente su situación.
De esta forma, busca recuperar la posesión de 22.956 inmuebles que se encuentran vacíos, pero a los que no puede acceder, o que están ocupados bajo diferentes circunstancias. Para su recuperación, la premisa es la prudencia ante situaciones de vulnerabilidad, pero una buena parte se hará por la vía judicial. Es opción se utilizará en el caso de los activos ocupados sin título habilitante o que este haya expirado, y en aquellos que se encuentren en situación de impago, alquileres básicamente. La Sareb prevé que se ejecuten 6.400 lanzamientos y desahucios cada año, lo que afecta a uno de cada cuatro inmuebles. Estima que a través de este método recuperará en torno a 4.000 inmuebles en dos años.
6.000 lanzamientos anuales
Las empresas adjudicatarias serán la que tengan que asistir a estos lanzamientos señalados por la autoridad judicial en nombre y representación de Sareb y con poderes a tal efecto. Además, se primará a las adjudicatarias si como consecuencia de estos lanzamientos «se consigue la posesión del activo, evitando la posible suspensión judicial y minimizando potenciales
situaciones de riesgo reputacional».
También contempla importantes pluses para las empresas que consigan el contrato en el caso de consigan hacerse con el inmueble antes del lanzamiento, lo recuperen de forma amistosa antes de que transcurran 30 días de la okupación o logren un perfil detallado de los ocupantes en situación de vulnerabilidad. Los procesos, según se contempla en el pliego, deberán ser rápidos, ágiles y correctamente tutelados en tiempo y forma.
Valorador externo e independiente
La empresa, con mayoría de capital del Estado, también busca un «valorador externo e independiente» que lleve a cabo una valoración de las carteras, tanto inmobiliaria como financiera de los préstamos». La finalidad del contrato, valorado en poco más de 100.000 euros, es aportar mayor transparencia a los potenciales procesos de venta, así como más garantías respecto a la toma de decisiones de la venta de los porfolios que puedan lanzarse a lo largo de 2023.
