El Gobierno ha contratado a 92 funcionarios al día, pero el 94% ha ido a cubrir las jubilaciones
Las 135.000 plazas ofertadas por la AGE desde 2019 solo han servido para cubrir a los empleados que se jubilan. Se han creado 7.619 empleos netos
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, deberá enfrentarse durante los últimos meses de la legislatura a los paros y movilizaciones de los funcionarios de su departamento. Los trabajadores están colapsados por la falta de medios, por el incremento de gestiones -IMV y más pensiones- y por las bajas continuas que se producen en la plantilla derivada del retiro de los boomers.
Mientras, la oferta de empleo público impulsada en la Administración General de Estado por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque histórica, ya no es suficiente cubrir las bajas por jubilación. Son los departamentos claves para los ciudadanos, como la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo o el SEPE los que están afrontando la situación más crítica.
A partir de los datos del Boletín Oficial del Estado y diversas estadísticas de la Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Función Pública que ha sido analizados por THE OBJECTIVE, se constata que de los 135.015 empleos públicos ofertados en las convocatorias de la AGE en 2019, 2020, 2021 y 2022, prácticamente la totalidad ha ido a cubrir vacantes por jubilación. Esas 92 plazas de funcionario diarias solo han generado en cuatro años 7.619 empleos netos, con un reparto desigual y que no ha compensado el nuevo volumen de trabajo de los departamentos.
Funcionarios en la Seguridad Social
El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que elabora la el Ministerio de Hacienda de forma semestral, muestra que la Seguridad Social ha perdido uno de cada cuatro efectivos en diez años. En enero de 2012, contaba con más de 30.000 efectivos, muchos de ellos llegaron a la Administración a mediados de los 80 y ya se han jubilado o están a punto de hacerlo. Mientras, el último dato disponible en la estadística, el de julio de 2022, muestra una plantilla de 22.639 efectivos, la mayoría funcionarios y destinados al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en la Tesorería.
Otro de los departamentos claves de la Administración General del Estado, la Inspección de Trabajo, se ha convertido en un auténtico polvorín y sus funcionarios llevan meses movilizándose ante la falta de medios. En la actualidad cuenta con 3.059 trabajadores, de los que 800 son de apoyo, que deben supervisar más de 20 millones de afiliados, diez millones de pensionistas y casi 1,5 millones de empresas.
Oposiciones, SEPE e Inspección
La tercera pata del deterioro de la Administración General del Estado es el SEPE, cuyos trabajadores han tenido que afrontar una importante carga de trabajo derivada de nuevos subsidios y los ERTE, ciberataques y manejar sistemas informáticos totalmente obsoletos. Apenas 7.200 empleados gestionan 3,6 millones de prestaciones y subsidios. Los sindicatos demandan 4.000 efectivos más, ya que más de la mitad de la plantilla tiene de media 50 años.
En este contexto, la espectacular Oferta de Empleo Público de la AGE anunciada por el Gobierno a bombo y platillo no ha sido suficiente para cubrir las carencias. Para consolidar puestos de interinos se sacaron a oposición o concurso cuatro de cada diez plazas y el resto fueron de acceso libre. En total 135.000 plazas, 34.000 en 2019, 28.055 en 2020, 30.445 en 2021 y 42.515 en 2022.
Jubilaciones a los 60
Las jubilaciones, teniendo en cuenta que una parte de los funcionarios, los que pertenecen a Clases Pasivas y que entraron en la Administración antes de 2011, pueden retirarse a los 60 años con una serie de requisitos, se ha convertido en uno de los principales problemas del sector público. La falta de personal genera que las citas se retrasen semanas, que hay funcionarios quemados por exceso de trabajo, que incluso se enfrentan a agresiones verbales y físicas de los ciudadanos, y que debe lidiar durante su jornada con tecnología obsoleta.
Hasta el 63% de los funcionarios de los ministerios y organismos autónomos, que suman 193.653 efectivos, cuentan con más de 50 años y de esos 42.000 tienen más de 60. En los ministerios, de un total de 88.251, un total de 18.721 ya tienen la edad requerida para jubilarse.