Telefónica, Orange y Vodafone piden que un arbitraje resuelva los pagos de Google y Meta
Las tres operadoras piden a la Comisión Europea que obligue a los gigantes tecnológicos a sentarse a negociar una contribución justa al despliegue de redes
Thierry Breton, comisario de Mercado Interior impulsor de la consulta para definir la contribución de las tecnológicas. | Agencias.
Telefónica, Orange y Vodafone han pedido a la Comisión Europea que establezca un sistema de arbitraje para resolver disputas que puedan surgir en las negociaciones entre el sector y tecnológicas como Alphabet (Google), Facebook (Meta) o Netflix para definir la contribución al despliegue de las futuras infraestructuras digitales. Así se señala en los documentos que las tres grandes telecos que operan en España han enviado a Bruselas y a los que ha accedido THE OBJECTIVE, en el marco de la consulta de la UE sobre fair share que concluyó el 19 de mayo.
Telefónica, Orange y Vodafone han respondido de forma separada a la llamada de Bruselas para definir cuál debe ser la aportación de las grandes plataformas digitales en el nuevo ecosistema. Documentos que se han sumado a los que ha enviado la patronal mundial del sector, la GSMA, y DigitalES. Estas dos asociaciones recordaron que la principal demanda de las telecos es que se establezca una fórmula para que Google o Facebook contribuyan con las inversiones necesarias para que la UE cumpla con sus objetivos de conectividad de 2030.
La GSMA pide que las grandes tecnológicas que superen el 5% del tráfico total de internet por las redes deberían ayudar en el pago de los despliegues de 5G y banda ancha fija en Europa. Una situación que DigitalES justifica porque las seis mayores plataformas de Internet aglutinan más del 50% del tráfico mundial y cuentan con modelos de negocio que les incentiva a incrementar el volumen de datos que fluyen por las redes. Un sobrecoste que para las operadoras es difícil seguir sosteniendo, según indican.
«Mínima intervención»
Según el documento enviado por Vodafone a Bruselas las empresas de telecomunicaciones quieren seguir invirtiendo en actualizaciones de red en beneficio de los europeos, pero no pueden seguir asumiendo ese costo por sí solas. «Europa puede abordar esta situación con nuevas reglas que aseguren que aquellas empresas que extraen el mayor valor de la inversión en infraestructura de red, como los mayores generadores de contenido, también hagan una contribución justa a los costos de las redes de telecomunicaciones».
De esta manera, las tres operadoras han ido un paso más allá y han sugerido cómo debería desarrollarse este proceso. En su respuesta a la consulta pública, Telefónica parte de la premisa de «una mínima intervención regulatoria». Aunque su propuesta se basa en que las autoridades comunitarias obliguen a los grandes generadores de tráfico a sentarse en la mesa de negociación con los operadores de telecomunicaciones que lo soliciten.
Por su parte, Orange advierte que se requiere una intervención regulatoria a nivel de la Unión Europea (UE) debido a las situaciones de negociación desequilibradas entre los operadores de red y las grandes tecnológicas. Una propuesta que se articula -según dice Telefónica- en el convencimiento de que alcanzar un acuerdo entre los grandes generadores de tráfico y los operadores de telecomunicaciones redundará en beneficio de ambos agentes y de la sociedad en su conjunto.
Propuesta de Telefónica
Un pacto que -para Vodafone- «debe facilitar los pagos directos de los mayores generadores de tráfico a las empresas de telecomunicaciones que les brindan servicios basados en la red». Este punto es clave para Orange, que considera que depender de un fondo de servicio universal para toda la UE o nacional no sería eficiente ya que las empresas son las mejor situadas para asignar las inversiones necesarias de la manera más eficiente. De todas maneras, proponen que las telecos rindan cuentas sobre cómo invertirán estos recursos.
¿A quiénes debería afectar? Las operadoras coinciden con la propuesta de la GSMA debe aplicarse a aquellos gigantes que tienen un impacto sustancial en las redes, es decir, aquellas empresas que representan más del 5% del tráfico promedio anual en horas pico de un operador medido a nivel de red individual. «También podrían contemplarse otros criterios además del 5%, como alcanzar este umbral en al menos tres Estados miembros de la UE, para reflejar el impacto general en las redes europeas», dice la propuesta de la teleco francesa.
Para Telefónica esta solución se complementa con la intervención de una autoridad de arbitraje, que en todo caso sólo intervendría en caso de que no se alcance un acuerdo. El modelo de arbitraje propuesto se basa en el modelo aplicado con éxito en Australia en las negociaciones entre las grandes empresas tecnológicas y los medios de comunicación. El Code of Mandatory Negotiation for Media and Digital Platforms entró en vigor el 3 de marzo de 2021 y hasta la fecha no ha sido necesaria la intervención de la autoridad de arbitraje.
Resolución de controversias
Para DigitalES –a cuyo documento también ha tenido acceso este diario– se trata de exista un mecanismo de resolución de conflictos en caso de que la tecnológica se niegue a atender una solicitud o no sea posible llegar a un acuerdo después de un período de tiempo limitado de, por ejemplo, tres meses desde la solicitud inicial. De esta manera, cualquiera de las partes podría solicitar una resolución de disputa a la autoridad competente definida. Se trata de un mecanismo rápido y que incentiva la llegada a un acuerdo sin intervención final de esta instancia.
El marco debe prever un mecanismo de solución de controversias como un arbitraje de oferta final (final offer arbitration, FOA, por sus siglas en inglés). El FOA es un proceso en el que ambas partes presentan una oferta que incluye todos los términos y condiciones comerciales del servicio y el árbitro elige uno de los dos. La decisión es vinculante para ambas partes. Este proceso de arbitraje alienta a las partes a llegar a un acuerdo comercial sin la intervención del árbitro, mientras que además proporciona un gran incentivo para que ambas partes presenten una oferta justa para aumentar las posibilidades de ser el elegido por el árbitro.
La Comisión Europea prevé publicar antes del verano las primeras conclusiones sobre la consulta, una tramitación exprés de la iniciativa para definir cuanto antes estas nuevas reglas del juego para asegurar las inversiones en redes en el continente y consolidar un nuevo modelo que no deje a Europa rezagada en el desarrollo digital mundial. Esto supone tener antes de julio un borrador con las conclusiones y lanzar un borrador de la normativa antes de finales de año.
