Belarra ignora la petición de ayuda contra la okupación de sus vecinos del barrio de Vallecas
La Plataforma de Afectados por la Okupación teme que la nueva Ley de Vivienda, del gusto de Podemos, dé más alas a las mafias y agrave el problema
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Europa Press
La ministra de Podemos Ione Belarra ha estado mirando hasta ahora hacia otro lado y se ha negado en todo momento a hablar con sus vecinos de Vallecas cuando éstos le han pedido ayuda para abordar los casos de okupación que existen en este distrito de Madrid. Un barrio donde también vivió Pablo Iglesias antes de comprarse su chalet en Galapagar, y que está situado al sudeste de la capital. No hay en él grandes tenedores y la gran mayoría de la población es gente trabajadora.
La ministra de Derechos Sociales, cuando era secretaria de Estado para la Agenda 2030, llegó a vivir a este rincón de Madrid, concretamente a una calle en la que los vecinos acababan de actuar para desalojar un inmueble okupado en cuatro de sus viviendas. En ese edificio, a pocos metros de la morada de la dirigente morada, también había sótanos okupados por extranjeros ilegales que resolvieron sus cuentas a puñaladas entre ellos.
Belarra era, por tanto, conocedora de la situación. Sabía y sabe lo que pasaba en el barrio: tiene conocimiento de a quiénes les afecta. Pero les ha bloqueado. Y así, cuando un miembro de la Plataforma de Afectados por la Ocupación quiso acercarse a ella para pedirle ayuda, tuvo que recurrir a un conocido de los dos para que intermediara y la política prestara un poco de interés.
De poco sirvió esta intermediación. Belarra le dijo al mediador que el miembro de la plataforma se pusiera en contacto directamente con Pilar Garrido en el Congreso de los Diputados. Así que vuelta a empezar. Porque se trataba de celebrar una reunión con Unidas Podemos -mientras se estaba tramitando la ley-, reunión que nunca tuvo lugar porque la formación morada se negó en rotundo a mantener un encuentro con las víctimas de la okupación ilegal y de la inquiokupación.
Garrido, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco y presidenta de la Comisión de Presupuestos del Congreso, ni siquiera respondió a los correos. Es más, tras un encuentro con miembros del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, desde la planta en la que se encuentra este Grupo, la Plataforma volvió a intentar contactar por teléfono con Unidas Podemos, pero el resultado fue frustrante: silencio administrativo y carpetazo de los morados.
El efecto llamada de la Ley de Vivienda
Este jueves se ha publicado la Ley de Vivienda en el BOE. Y van a tener que pasar hasta 9 días para que sea promulgada en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación el pasado 17 de mayo en el último trámite parlamentario del Senado.
Pero la Ley, operativa desde este viernes, no hace más que generar dudas y mucha incertidumbre, máxime cuando el Gobierno ya ha anunciado que prevé retirar en el mes de junio las medidas anticrisis que aprobó en el RD/11/2020 del 31 de marzo. En aquel paquete de medidas ya se extendía el periodo de suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual, hasta el 30 de junio de 2023.
Ese cruce de fechas -la de la promulgación de la Ley de Vivienda y, el fin del Real Decreto 11/2020 del 31 de marzo- es lo que angustia a los afectados por la okupación ilegal, porque creen que la ley no ha abordado la problemática de ninguna manera. Más bien al contrario, recelan que tendrá un efecto llamada para seguir okupando, ya que los informes de vulnerabilidad «se dan como churros», tal y como subraya a THE OBJECTIVE un miembro de esta plataforma.
Sin el menor interés por escuchar a este colectivo de afectados, que ha hecho sus alegaciones al trámite de la ley, el pasado 10 de mayo, el Ministerio de Justicia respondía por segunda vez en dos años a la Plataforma. En su carta repetía lo mismo que en la primera ocasión; es decir, que la ministra no tiene ninguna voluntad de escuchar a las víctimas de la okupación, porque a su modo de ver, mientras la ley está en trámite no ha lugar establecer ningún contacto. Pasado el trámite, según ha podido saber THE OBJECTIVE, la ministra Pilar Llop no ha evidenciado interés alguno por conocer sus opiniones y sus experiencias.
El despliegue de las mafias
Pero el desasosiego va in crescendo, porque en la nueva normativa no hay referencia a la okupación, a la inquiokupación y a las mafias. Y son estas organizaciones clandestinas las que traen tras de sí una perversa situación, alentada por la ley, que permite que los bancos, los fondos y la Sareb den pie a que los okupas que demuestren un informe de vulnerabilidad puedan tener acceso a un alquiler social.
Hasta ahí, bien. Lo que ocurre, explica a THE OBJECTIVE la Plataforma de Afectados por la Ocupación, «es que las mafias van más deprisa. Se meten en los registros de propiedad. Ven qué casas están vacías, y a partir de ese momento, venden a lo mejor la entrada de una casa, o un alquiler por un tiempo. Les ayuda gente que trabaja en B. Y al final, esas casas se llenan ilegalmente, con la ayuda muchas veces de los Servicios Sociales, que no tienen tiempo para comprobar si una persona está divorciada o no, o si un miembro de una pareja se ha domiciliado en casa de su madre, para que así la otra persona pueda pedir la vulnerabilidad porque alega que se ha quedado sola». En resumen, informes de vulnerabilidad por doquier. De hecho ya hay varios organismos que cifran la estafa de los vulnerables entre un 80 y un 90% de los casos.
Y luego, añade para más inri esta misma persona, «vemos cómo esos inquilinos tienen la desfachatez de subir a las redes sus viajes por el extranjero, visitas a París. En definitiva, un modo de vida que no nos podemos permitir las víctimas de la okupación». De ahí todo el interés de esta persona porque se recalque el nulo caso que Belarra ha prestado a estos vecinos que es gente trabajadora y necesita ayuda.
Y también necesitan ayuda dos casos detectados por THE OBJECTIVE, de dos personas que han visto cómo una ONG muy conocida, con sede principalmente en Cataluña,Valencia y Aragón, les ha estafado, alquilando sus casas por un año para refugiados. Cuando ha transcurrido ese año, la ONG se ha desinteresado totalmente de los inquilinos a los que supuestamente iba a integrar en el mercado laboral.
Hasta la fecha, esta ONG no ha sido capaz de dar respuesta a unos propietarios que se ven impotentes porque no pueden echar a los inquiokupas, mientras asumen los gastos, incluso estando en paro, y teniendo que dar de comer a sus hijos.
