Las petroleras presionan a los partidos para que bajen impuestos: «Pagamos más que nadie»
Aseguran que en el último año recaudaron para el Estado más de 20.000 millones a través del IVA y el Impuesto de Hidrocarburos
Un petrolero | EuropaPress
Los diferentes actores económicos del país van ajustando su posición de cara al nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo domingo 23 de julio. Casi todas las encuestas apuntan a un previsible gobierno conservador cuyos partidos, durante los últimos meses, han coqueteado con la idea de reducir la presión fiscal. Un escenario que ahora las grandes compañías petroleras de España, como Repsol, Cepsa y BP, recuerdan a escasas semanas de las elecciones: «Somos los mayores recaudadores del Estado».
La Asociación española de Productos Petrolíferos (AOP), a través de los datos de la Agencia Tributaria, señala que solo con el Impuesto de Hidrocarburos y el IVA, las compañías han recaudado para el Estado más de 20.000 millones de euros en el último año del que se tienen datos (2021). Una realidad que se da, para más inri, descontando lo que estas mismas empresas pagan por el Impuesto de Sociedades.
Hace unos días, la AOP envió una carta a los principales grupos políticos y sus respectivos candidatos para «transmitirles las demandas del sector en materia energética». En ella subrayaban la necesidad de reducir los impuestos. «Proponemos desarrollar una política fiscal que abogue por la neutralidad tecnológica, basada en la eficiencia y características propias de apoyo a la
descarbonización y no sobre el origen o la tecnología de los productos», afirman.
Las empresas del sector apelan a la Unión Europa, como un actor que juega un papel «esencial» en esta reforma fiscal. «Debería permitir a todos los Estados miembros la aplicación de tipos impositivos reducidos o exenciones a los ecocombustibles», apuntan.
Junto con esta reclamación, las compañías adjuntan en su misiva una serie de datos para que los partidos tengan en cuenta al sector. «Genera aproximadamente 200.000 empleos en España, supera los 50.000 millones en cifras de negocio y alcanza casi los 20.000 millones en exportaciones. También participa con el 54% en la energía final total española gracias a las nueve refinerías que tiene distribuidas por el territorio nacional».
Por último, las compañías exigen al futuro gobierno que al haberse normalizado los precios en el mercado de combustibles, «es
necesario que se derogue inmediatamente el Gravamen Temporal Energético para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las empresas afectadas y recuperar la confianza de los inversores». Un impuesto con el que el Estado espera recaudar 2.000 millones de euros los próximos dos años.
Por otro lado, Repsol, Cepsa y BP «defienden un marco regulatorio estable y predecible, que incentive el desarrollo de tecnologías neutras en carbono». Para ello, aseguran, «es necesario promover la transposición de las regulaciones europeas relativas a la reducción de emisiones de CO2 en el transporte». La asociación cree, además, que contemplar los ecocombustibles permitiría a España y a Europa diversificar las fuentes de energía, un objetivo ya señalado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Repsol, la energética que más alza la voz
Repsol, a través de su presidente, Antonio Brufau, y su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha sido la petrolera que más ha alzado la voz contra el devenir de la agenda energética del Gobierno. De esta forma, Imaz denunció hace unos días la «hipocresía» y el «populismo» político en la transición energética en una intervención pública en Bilbao. Además, también aprovechó para cargar contra el impuesto a las energéticas tachándolo de «ilegal» y «anticonstitucional».
Por su parte, Brufau, durante la última junta de accionistas de la compañía, alertó del peligro que corría Europa por pensar solo en la descarbonización dejando a un lado a la industria. Advirtió de que la Unión Europea podría quedar totalmente relegada del tablero político mundial frente a los ejes de Estados Unidos y China. También remarcó la necesidad de apostar por otros combustibles alternativos a la electricidad, como los biocombustibles o el hidrógeno.
Unos argumentos que chocaron contra lo que aseguró el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, en su visita al Puerto de Algeciras para promocionar el nuevo corredor verde que unirá el sur de España con Holanda. De esta forma, aseguró durante la rueda de prensa posterior a la presentación del plan verde de la compañía que aumentar la fiscalidad de productos fósiles frente a limpios, era una buena manera de avivar la demanda de proyectos de descarbonización, como los de impulso del amoniaco o hidrógeno verde.
