El Gobierno incumple el calendario de Bruselas y pone en riesgo 10.000 millones en fondos UE
A 31 de mayo, los datos de ejecución de los Next Generation solo alcanzan el 8,07% de pagos realizados sobre el total
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha puesto en peligro el cobro del cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Nada más y nada menos que 10.000 millones de euros comprometidos con una serie de hitos y proyectos relacionados con el segundo semestre de 2022, y que deberían haberse solicitado antes del 30 de junio de este año.
A día de hoy, algunos de esos hitos son extemporáneos -es decir, se han ejecutado fuera de plazo, y su viabilidad está entredicho, como es el caso de la reforma de las pensiones-, y otros hitos sencillamente están paralizados y sin concretar en el trámite parlamentario -como sucede con la polémica Ley de Función Pública-, ya que el trabajo de las Cortes se quedó bloqueado por el Ejecutivo, una vez que el presidente disolvió las cámaras para anunciar el adelanto de las elecciones generales.
El día en que el Gobierno enviaba la Adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia a la Comisión Europea, también anunció su intención de reportar en breve el paquete de hitos y objetivos que van comprometidos al cuarto desembolso de estas ayudas europeas. Pero lo cierto es que no lo ha hecho, porque, según fuentes de la vicepresidencia del Gobierno, consultadas por THE OBJECTIVE, «lo prudente es esperar a ver cómo evoluciona la Adenda» de 90.000 milones que se solicitó en junio. En cualquier caso, remarcan estas mismas fuentes, en lo relativo a la reforma de pensiones, se sienten «tranquilos» porque lo trabajado con Bruselas y lo que desde allí se les ha expresado hace pensar que la Comisión ve la reforma de José Luis Escrivá «con buenos ojos».
Más allá de la declaración de intenciones y de la revisión por parte de Europa de la Adenda -para lo que tiene dos meses, e incluso el calendario se puede ir a septiembre, perfectamente-, a 30 de junio, fecha límite de cumplimiento de los hitos del cuarto desembolso, el Ejecutivo de Sánchez todavía tiene sobre la mesa hasta cinco objetivos sin desarrollar. Una diligencia e informalidad, en este caso, por la que España podría dejar de percibir parte de los 10.000 millones de euros que conlleva ese cuarto paquete de entrega.
La paradoja de los fondos
El argumento del mal uso de los fondos es uno de los elementos utilizados en esta larga precampaña por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Son numerosas las ocasiones en las que el jefe del Ejecutivo y candidato socialista ha agitado el miedo para afirmar que, de ganar Núñez Feijóo, los fondos europeos podrían irse al traste, pese a que, a 31 de mayo, y según datos oficiales del Staff Working Document de la Comisión -recogidos en un gráfico del economista Santiago Sánchez López, para THE OBJECTIVE-, y concernientes a los años 2021 y 2022, la gestión del Ejecutivo progresista deja a España entre los países con menor porcentaje de fondos gastados de las ayudas europeas: apenas un 10,4% desde que empezó el despliegue del Plan de Recuperación y Resiliencia, frente al 57,1% de Francia, el 48,9% de Suecia, el 41,8% de Alemania, el 34,5%, el 21% de Dinamarca o el 20% de Italia.
Los deberes de Sánchez, sin terminar
En el cumplimiento de los hitos y objetivos del cuarto desembolso del Plan de Recuperación y Resiliencia se han dejado pendientes compromisos como la Ley de Función Pública, enmarcada en la modernización de las Administraciones Públicas, con el objetivo de revitalizar y ordenar los recursos humanos y garantizar de manera efectiva los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso, además de transparencia.
Asimismo, este hito, el número 148, pretendía regular la carrera profesional y la formación de los empleados públicos y, desarrollar la figura del personal directivo público profesional. No en vano, esta iniciativa legal del Gobierno no había suscitado más que criticas desde los órganos sindicales que representan a los funcionarios, temerosos de que esta ley se convirtiera en la puerta giratoria para, sin los méritos necesarios, se elevara a la máxima categoría a profesionales que no tienen el CV, pero sí proximidad política afín al Gobierno.
Lo cierto es que la Ley de Función Pública no es el único hito que ha quedado atrapado en el cierre de las Cortes. Otros objetivos, pero ya del quinto desembolso, están en situación parecida, y se ven sujetos a una parálisis legislativa. Le ocurre a la modificación de la Ley de Aguas y del nuevo reglamento que sustituye al Real Decreto 1620/2007, que debía haberse aprobarse como muy tarde el 30 de junio de 2023, o la Ley de Diversidad Familiar, que también debía aprobarse antes del 30 de junio de 2023.
Entretanto, la reforma de las pensiones y la ley de vivienda -hitos también del segundo semestre de 2022- han visto la luz en marzo y abril de este año, con meses de retraso, y con la duda de las instituciones y diferentes organismos que cuestionan, en el caso de las pensiones, la sostenibilidad de las cuentas públicas, y en el de la vivienda, la mejora de la oferta.
