Indignación en Vivendi por el decreto antiopas que le impide controlar Prisa con Sánchez
El grupo francés sigue a la espera de encontrar el momento político para controlar al editor de ‘El País’ y la Cadena Ser
Sede de Vivendi, en Paris. | Agencias.
El grupo Vivendi ha mostrado su indignación en círculos íntimos al conocer el detalle del nuevo decreto que regula las inversiones extranjeras y que el Gobierno aprobó este martes, a solo dos semanas de las elecciones generales. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que la compañía francesa ha constatado que con las nuevas modificaciones que endurecen y hacen permanente el escudo antiopas instaurado durante la pandemia, se institucionaliza el veto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha establecido sobre sus intenciones de intentar controlar Prisa en el mediano plazo.
No es nada nuevo para la compañía fundada por Vincent Bolloré, ya que desde hace varios meses han asumido que serán vetados mientras existiese este escudo antiopas e incluso llevan varias semanas moviendo ficha para intentar un nuevo asalto si es que el PP y Alberto Núñez Feijóo llegan a La Moncloa. La diferencia es que ahora se constata que mientras Sánchez este en el Gobierno tendrán que frenar cualquier intento por controlar al editor de El País y la Cadena Ser.
Una situación que adquirirá mayor gravedad si es que finalmente el gobierno de coalición se mantiene en el Ejecutivo tras las elecciones generales. Las encuestas advierten de que es muy difícil que este escenario se produzca, aunque nada es descartable en política. Este sería el peor escenario para Vivendi, dado que desde el 1 de septiembre -y siempre si sigue Sánchez en el Gobierno- tendrán imposible entrar en el grupo Prisa, ya que el escudo antiopas ha dejado de facto de ser temporal (antes era hasta diciembre de 2024) para volverse permanente hasta que se modifique el cuerpo legal aprobado esta semana.
Moncloa bloquea a Vivendi
Como ya ha contado este diario, el nuevo real decreto establece y detalla nuevos supuestos para los que se requiere autorización, aumenta los casos de suspensión del régimen de inversiones extranjeras y da más discrecionalidad al Gobierno para decidir qué inversión debe pasar su propio filtro. Establece un nuevo sistema de consulta previa en la que los inversores preguntarán a la administración sí el carácter de su inversión requiere de una autorización previa y prevé más excepciones que las establecidas hasta la fecha.
En Vivendi están convencidos de que con el nuevo decreto deberán pedir la autorización para aumentar su peso en la compañía en todos los casos, y creen que -como ya ha acontecido en un par de ocasiones- se vetarán sus intenciones de subir en el capital del grupo Prisa. Esto supone que la única carta que queda es confiar en que Feijóo gana las elecciones del 23 de julio y modifique este blindaje como se comprometió en una entrevista realizada con THE OBJECTIVE en febrero de este año.
La relación de Vivendi con el decreto antiopas es larga. La compañía entró en el capital de Prisa en enero de 2021 y llegó a alcanzar el 9,9% en pocos días. En octubre de este mismo año solicitó al Gobierno la autorización para subir hasta el 29% de la editora de El País y la Cadena Ser, y con un claro interés de tener el control. Sin embargo, después de seis meses (en abril) retiró esta petición al constatar de que no había interés del Ejecutivo por aprobarla. El carácter conservador del grupo francés fue fundamental para que se bloqueara la operación desde La Moncloa.
Bono convertible
Posteriormente, entre septiembre de 2022, Prisa planteó la posibilidad de ampliar capital para solucionar sus problemas financieros y con Vivendi como uno de los principales interesados para financiar una operación que les hubiese hecho aumentar de manera considerable su participación en la compañía. Un proyecto que no cuajó, otra vez, por reparos planteados desde el Gobierno de Pedro Sánchez.
Moncloa volvió a bloquear la operación y obligó a Joseph Oughourlian, presidente de Prisa y dueño de Amber Capital (propietario del 29% de Prisa), a cerrar la emisión de un bono convertible de 130 millones de euros que sustituyó la ampliación de capital. Una fórmula para sortear el control del Gobierno a la espera de que en cinco años no existiese el escudo antiopas o Feijóo estuviese en Moncloa.
Con este bono emitido en enero de este año, Vivendi se aseguraba un control en diferido, ya que la conversión se podría realizar hasta dentro de cinco años como máximo, y establecía ventanas de canje periódicas a partir de este mismo año. En mayo Sánchez autorizó al grupo a elevar su participación desde el 9,9% al 11,8%, tras realizar la primera conversión en acciones de este bono, aunque en la compañía se cree que será la última autorización que reciba del Ejecutivo del PSOE y que en ningún caso podrán recibir el plácet para intentar tener el control del grupo de medios en el futuro. Y menos con la normativa aprobada esta semana.
