El sector del vino, el más sancionado este año por incumplir la ley de la cadena alimentaria
La AICA impuso un total de 184 sanciones en el primer semestre, en su mayoría a industria y mayoristas
El sector vinícola ha acumulado 65 sanciones en seis meses. | Budrul Chukrut (Europa Press)
En el primer semestre de 2023, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impuesto 184 sanciones por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, según los datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). En 2022 esta cifra ascendió a 272.
Más de la mitad de estas sanciones han sido para los sectores del vino y del aceite de oliva, seguidos del de las frutas y hortalizas, según se desprende del Informe de la actividad inspectora y de control de AICA, O.A. en el ámbito de la cadena alimentaria, recientemente publicado por la AICA.
En concreto, el sector vinícola ha acumulado el 35% de las sanciones en el primer semestre del año con 65, seguido del sector del aceite de oliva, que ha recibido 38 sanciones en el mismo periodo.
Les sigue el sector de las frutas y hortalizas, con 35 sanciones. Un grupo en el que destacan los dedicados a la patata, con 11; seguidos de los cítricos, con ocho; la fruta de pepita, con cinco y la fruta de hueso, con cuatro, según los datos del informe.
También cuenta con un elevado número de sanciones el sector cárnico, que acumula 22, y el de la aceituna de mesa, que cuenta con 19. En el lado opuesto de la tabla están las legumbres, con tan solo una sanción, al igual que la miel, así como el sector lácteo, que solo ha sido sancionado en tres ocasiones.
La industria y los mayoristas, los eslabones más sancionados
El informe de la AICA detalla también a qué eslabón de la cadena han ido las sanciones. La industria y el sector mayorista han sido los que han recibido el mayor número de ellas, con los productores a cero y los minoristas con tan solo cinco del total de 184.
En concreto, la industria recibió 85 de estas sanciones en el primer semestre del año y otras 94 fueron a parar al eslabón mayorista. En total, 84 empresas de los distintos sectores analizados han sido sancionadas en dicho periodo de tiempo.
La mayoría de estas penas fue por incumplimiento en los plazos de pago, según detalla el informe. En concreto, 89. La siguiente razón, con 47, fue la ausencia de contratos. Le sigue la razón de no incluir detalles como el precio en el contrato, no suministrar la información requerida o suministrarla fuera de plazo o incompleta, las modificaciones unilaterales no pactadas y en un solo caso, la obstrucción o resistencia a la actuación de la Administración.
Reforma legal
La reforma de la ley, que se llevó a cabo en 2021, había sido una reivindicación de agricultores y ganaderos desde hace años, pero según trasladan fuentes del sector a THE OBJECTIVE, los cambios no están siendo suficientes para evitar las ventas a pérdidas y otras prácticas por parte de la industria que vienen denunciando años.
«Las sanciones no consiguen acabar con ello porque a muchas empresas les es mucho más fácil pagar la sanción que hacerlo bien», afirman. «La ley de la cadena alimentaria era una buena ley, pero el desarrollo no está siendo todo lo bueno que debería ser, habría que llevar un control más real de la situación». Una queja que se repite entre los productores desde que entró en vigor la reforma de la ley.
Las asociaciones de agricultores y ganaderos denuncian que la obligatoriedad de registrar los contratos no es suficiente para garantizar precios justos, puesto que no se obliga a contar con unos precios mínimos en dichos contratos, por lo que no ofrecen garantía al productor en origen.
14 millones de euros desde la creación de la ley en 2013
La Ley 12/2013 relativa a las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria fue modificada en diciembre de 2021 (Ley 16/2021), pero la AICA recoge las sanciones impuestas desde el año 2014, tras la entrada en vigor de la ley original.
En total, han sido 3.510 las que ha impuesto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en nueve años y medio y el importe total de estas ha sido de 14.319.997 euros, de los cuales se han pagado 12.743.266 euros.
El informe destaca que el 61% del importe acumulado por estas sanciones corresponde a la distribución comercial minorista, con un total de 8,7 millones de euros. Le sigue el eslabón mayorista, con 2,7 millones, y muy de cerca la industria. Por último se sitúan los productores, que han sido sancionados con 87.121 euros a lo largo de estos nueve años.
