El teletrabajo de los funcionarios se dispara un 60% en los últimos diez meses
El trabajo a distancia en la Administración General del Estado ya llega al 43,3%, nuevo récord desde que hay registros
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. | Europa Press
El teletrabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado crece a pasos agigantados. Los últimos datos del mes de agosto indican que 68.035 efectivos ya realizan trabajo a distancia, lo que supone el 43,33% del total y la cifra más alta desde que comenzara a registrarse este tipo de actividad. Los datos cribados por THE OBJECTIVE indican que esto supone un espectacular crecimiento del 60% en diez meses de estadística.
Las cifras del Informe de seguimiento del trabajo a distancia de la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, indican que en noviembre del año 2022 -la primera vez que se elaboró este informe- realizaban teletrabajo unos 42.758 funcionarios, lo que se tradujo en un 25,5% del total.
Esto significa que en los últimos diez meses el porcentaje de trabajo a distancia en los funcionarios ha crecido en casi veinte puntos, aunque con la salvedad de que en el primer informe el universo de trabajadores de la Administración General del Estado era de 167.371 efectivos y el mes pasado se contabilizaron 157.018 empleados.
Sector privado
Sin embargo, en agosto -y en términos absolutos- realizaron trabajo a distancia 25.277 trabajadores más que en noviembre del año pasado, un 60% de crecimiento. Este dato incluye a todos los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), todos los ministerios, sus departamentos dependientes y las entidades del sector público institucional estatal.
La cifra es importante si se compara con los datos del sector privado. El último informe del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital indicó que en 2022 el teletrabajo llegó al 12,5%, treinta puntos menos que el último dato de la AGE. La comparativa representa además una tendencia inversa, ya que mientras en los funcionarios aumenta exponencialmente, en los empleados privados se redujo en 1,1 puntos respecto de 2021.
En el caso de la última estadística del mes de agosto el perfil del funcionario que realiza teletrabajo se divide en un 52% que asiste físicamente tres días a su oficina, un 27% que lo realiza como una modalidad excepcional y un 21% que va dos días a la semana. De estos funcionarios, el 58,9% son mujeres (mayoritariamente con tres días de presencialismo), mientras que el 41,1% son hombres.
Teletrabajo en noviembre
Por tipología de puesto, el 37% de quienes realizan teletrabajo son personal de apoyo administrativo, el 34% personal de gestión, el 25% mandos intermedios y solo el 4% personal directivo. Esto refleja que la responsabilidad en el puesto de trabajo es directamente proporcional a la asistencia al puesto de trabajo.
Si se comparan estos datos con el mes de noviembre del año pasado vemos que la presencia física cae abruptamente. Hace casi un año la asistencia de tres días era del 67% (ahora es del 52%), mientras que la modalidad excepcional era del 10% (ahora es del 27%) y la presencia física de dos días era del 23% (ahora es del 21%). En cuanto al género, el 57,5% eran mujeres teletrabajadoras y el 42,5% eran hombres que realizaban trabajo a distancia.
Este crecimiento está amparado por el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado, aprobado en mayo del año pasado y en vigor desde mediados de 2022. El proyecto que obligaba a cada ministerio a presentar su propio plan facultaba a que aquellos empleados con puestos de trabajo a distancia podrían teletrabajar dos días a la semana y acudir tres presencialmente y que, por razones organizativas «debidamente motivadas» se podía autorizar la prestación de dos días de trabajo a en la oficina.
Convenios colectivos
Sin embargo, los sindicatos del sector público han denunciado que esta es solo una solución temporal que no está consignada en ninguna ley. En febrero, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó una demanda contra el Ministerio de Hacienda por el retraso en el desarrollo del teletrabajo en la AGE. El sindicato recordó que se firmó un acuerdo sobre el desarrollo de esta modalidad en abril de 2021 y que más de dos años después no se ha aprobado el cuerpo legal correspondiente.
Donde sí está regulado el teletrabajo es en la empresa privada, donde paradójicamente se reduce su uso. En octubre de 2020 la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a un acuerdo con la patronal y sindicatos para dar un marco común y básico a esta modalidad laboral y evitar así que los costes derivados de su utilización no recayeran en los trabajadores.
Este marco común debe incorporarse paulatinamente a los convenios colectivos, algo que solo lo han realizado las grandes empresas. Los datos del Ministerio de Trabajo dicen que solo un 9% de los empleados están cubiertos por un convenio que regula esta prácticas e incluso algunas compañías como Unicaja lo han suprimido. El gran problema es que toda la legislación establece esta práctica como «voluntaria» y que no puede ser impuesta ni por el trabajador y el empleador, lo que obliga a llegar a acuerdos que a día de hoy es difícil de cerrar.
