Los ganaderos piden acciones a la UE para controlar los crecientes ataques de lobos
Desde UPA aseguran que casi la mitad de la alimentación de este animal son animales de la ganadería extensiva
UPA se ha dirigido a Ursula von der Leyen para pedir ayuda en el control del lobo. | Carlos Castro (Europa Press)
El control de la población de lobos, especialmente en el norte de España, es un tema que los ganaderos llevan tiempo pidiendo revisar, con el fin de evitar los ataques al ganado. Recientemente, la Comisión Europea se mostró abierta a revisar la legislación sobre la gestión de estos animales en Europa, para lo que pedía propuestas y argumentos de organizaciones y ciudadanos.
Es por eso que algunos gobiernos regionales y asociaciones de ganaderos han recopilado sus peticiones con el objetivo de que sean escuchadas en la Unión Europea, pero también en España, donde la posición del Gobierno ha provocado un enfrentamiento con los ganaderos de las zonas afectadas e incluso con algunos gobiernos regionales, como el de Castilla y León, que han cuestionado los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Según los últimos datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), cada día se producen 35 ataques de lobo a ganado en la España rural, especialmente en Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja, las zonas más afectadas. La organización agraria afirma que desde que se incluyó al lobo entre las especies especialmente protegidas en septiembre de 2021, lo que califican como un «error de la ministra Teresa Ribera», se ha registrado un incremento del 20% en los ataques de este tipo.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calculado que el 48% de la alimentación de los lobos en estas zonas más afectadas es el ganado, según las cifras que aporta en una conversación con THE OBJECTIVE Román Santalla, el responsable de Ganadería de la organización.
Medidas adaptadas por regiones
Entre las peticiones que desde UPA han dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está la de crear políticas de protección del lobo específicas para cada zona de España y no una para todo el territorio, puesto que, afirman, «no tiene sentido homogeneizar el estatus de protección del lobo en nuestro país cuando su realidad es muy distinta» en las diferentes regiones.
El problema afecta, sobre todo, al norte de España y Castilla y León, aunque, según apunta Román Santalla, se está expandiendo a zonas como La Rioja y Madrid, «de manera importante y mucho más rápido de lo que dicen». «Nosotros sí sabemos si hay lobo o no, desde la oficina, que son los que ponen las normas, lo suponen», critica, en referencia a las informaciones aportadas por el Gobierno en las que se afirma que la población de lobos en España está cayendo.
Por eso, desde UPA piden también a la Unión Europea que se realicen estudios previos «con objeto de conocer la situación real del lobo en España de la manera más precisa posible: censo, distribución actual de lobos en las diferentes regiones, especies que cazan…» Un estudio, añaden, que debe incluir un informe que calcule la capacidad de carga de lobos en cada territorio dependiendo de la ganadería que haya, la fauna salvaje y la población.
Indemnizaciones y control de poblaciones
Otro de los puntos principales entre las reivindicaciones de los ganaderos son las indemnizaciones por los daños que producen los ataques y el control de las poblaciones de lobos en las zonas donde estos son recurrentes.
«Es muy bonito llenar España de lobos y que lo paguen otros», denuncia Santalla. «El 48% de la alimentación de los lobos procede de los animales de los ganaderos», por lo que insiste en que «hay que entender las pérdidas y pagar por ellas».
Afirma también que las indemnizaciones que actualmente se dan a los ganaderos que pierden uno o varios animales por ataques de este tipo son insuficientes. «Si quieres que España se llene de lobos, que es una decisión puramente política, tienes que pagar a quien les da de comer, no queda otra», y «no vale pagar 150 euros por un ternero, ni 300, hay que pagar los 2.000 euros que valía cuando se iba a vender».
Santalla denuncia que, a pesar de los 20 millones de presupuesto que destinó el Gobierno para estas situaciones, en muchas comunidades autónomas las cifras siguen sin ser justas.
En cuanto al control de poblaciones, desde UPA piden que se lleven a cabo «en los casos donde los daños estén siendo importantes, ya sea por un incremento del número de individuos o por la expansión a zonas sin daños previos». Santalla explica que lo que se pide son medidas que permitan la «convivencia» con este animal. «Nosotros nos consideramos ecologistas, pero hay que entender nuestra situación, hay que entender nuestras pérdidas».
Preguntado por otras formas de convivencia que no supongan el sacrificio de lobos, considera que «en algunos territorios es difícil porque hay una proliferación demasiado elevada», pero afirma que «dejamos eso en manos de los expertos, de los gabinetes técnicos que se encargan de eso». Lo que sí tiene que haber, insiste, es «un proceso claro y suficiente» para atajar el problema.
La participación de los ganaderos, otro requisito
Además de las medidas anteriores, los ganaderos piden, principalmente, ser escuchados en los procesos de toma de decisiones que afecten a su trabajo, en este caso, sobre la gestión de las poblaciones de lobos.
Así, piden a la UE que se permita la «implicación y participación del sector ganadero en comisiones de seguimiento, a través de las organizaciones profesionales agrarias».
A todo esto, UPA suma otra serie de reivindicaciones, como que se permita de nuevo dejar animales muertos para que los lobos puedan alimentarse de ellos, la delimitación de zonas especiales donde los problemas para la ganadería sean mínimos y la implicación de todas las autoridades competentes «en la defensa de la ganadería y ganaderos en extensivo».
