La nueva obligación de declarar importaciones contaminantes genera un caos burocrático
Las empresas afectadas están teniendo problemas con la plataforma que centraliza todo el envío de información a la UE
Varias personas pasean por el Puerto de València, lugar donde se deberán certificar las exportaciones de gases contaminantes. | Rober Solsona / Europa Press
La nueva obligación de la Unión Europea de declarar la emisión de carbono de las importaciones realizadas por las empresas comunitarias ha generado un verdadero caos burocrático para las compañías españolas. Las informaciones recopiladas por THE OBJECTIVE con asesores de sectores como la automoción, cementeras, cementeras, acereras, agricultura, energía, transporte y logística indican que tres semanas después de que entrase en vigor esta medida hay pocas certezas respecto de qué hay que consignar y cómo hay que hacerlo.
La Unión Europea aprobó en mayo de este año el Mecanismo de ajuste en frontera al carbono (MAFC), iniciativa regulatoria en el marco de su política de acción para prevenir el riesgo de fuga de carbono y que garantiza un sistema de fijación de precios equivalente en las importaciones de terceros países y productos nacionales. Con ello, se busca proteger a la industria local que sí paga por esas emisiones y penaliza a quien exporta productos que hasta la fecha no estaban sometidos a este tipo de gravamen.
Este MAFC -conocido también como el ‘impuesto al carbono’– forma parte del conjunto de medidas legislativas conocido como «Objetivo 55» fijadas en el Acuerdo de París. Esta cifra remite al objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos el 55% para 2030 en comparación con los niveles que se tenían en 1990. La UE se ha fijado el objetivo de neutralidad climática (huella de carbono cero) a más tardar en el año 2050.
Periodo transitorio
Este Mecanismo de ajuste en frontera al carbono se aplicará a partir del año 2026, pero tiene un periodo transitorio que ha comenzado a funcionar este 1 de octubre. Esto supone que las empresas de todo el continente -incluyendo a las españolas- deberán registrar desde este trimestre toda la información (y presentar la primera declaración al cierre del 31 de diciembre) respecto de la huella de carbono que generen todas sus importaciones de fuera de la Unión Europea.
Este informe debe incluir multitud de parámetros como mercancías, kilogramos, origen, datos sobre emisiones directas e indirectas de los productos, emisión de las instalaciones de origen y destino. Si las empresas no lo presentan, o lo presentan con errores (aunque sea un periodo transitorio), se exponen a sanciones que van de entre 10 a 50 euros por tonelada de emisión de carbono no declarada. Un coste que se incrementa a 100 euros por tonelada en el periodo de entrada en vigor del régimen. Estas sanciones se pueden incrementar por reincidencia y duración de incumplimiento superior a seis meses.
Sonia Álvarez, directora de Fiscal de Ayming España (entidad que asesora a muchos de estos sectores), señala que esto expone a las empresas a una inversión importante de recursos humanos y técnicos para gestionar y controlar la información a suministrar a la Comisión Europea con carácter trimestral. «A mayor nivel de mercancías afectadas por la medida, mayor esfuerzo tendrá que dedicar la compañía a dichas obligaciones», agrega.
Plataforma centralizada
Esto supone que para realizar estos informes tan complejos las empresas tendrán que contar con personal formado (como químicos o ingenieros que actualmente no están en sus plantillas) y cuando entre en vigor el 1 de enero de 2026, estas empresas tendrán que contar con verificadores acreditados que tendrán que acudir al destino de donde se importa para verificar que estas emisiones son reales
Al igual que ocurre con impuestos de reciente creación como el Impuesto sobre Envases de Plástico No Reutilizables, es que se trata de información que deben obtener de proveedores extranjeros que carecen de dicha regulación en sus países de establecimiento. Del mismo modo, y pese haber dado comienzo el periodo transitorio, la gran mayoría de empresas de este país desconocen la medida y sus verdaderos alcances.
A todo este caos burocrático se suman los problemas de acceso que las empresas están teniendo estos días para acceder a la plataforma centralizada de la Comisión Europea para realizar el registro de la huella de carbono que generan las importaciones de las empresas comunitarias, durante este periodo transitorio. Compañías que han intentado acceder en la última semana se han encontrado con que el sistema da fallos recurrentes lo que impide hacer pruebas y obtener información sobre estos procedimientos.
Importaciones ‘contaminantes’
De esta manera, según advierte Sonia Álvarez, se producirá un incremento significativo de los costes de importación y pérdidas de competitividad desde que entre en vigor completamente el MAFC. Las empresas europeas y españolas se pueden enfrentar a perdidas de rentabilidad si no optimizan y redefinen sus cadenas de suministro.
Es así como, a partir del 1 de enero de 2026, las empresas que importen las mercancías afectadas deberán pagar por adquirir certificados equivalentes a las toneladas de emisiones implícitas generen sus mercancías importadas. Un certificado equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2e) de emisiones implícitas en las mercancías. El precio de dichos certificados los fija la Comisión Europea en función del promedio de los precios de cierre de los derechos de emisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE en la plataforma de subastas.
Impugnación ante la OMC
Una vez en vigor, otro riesgo de esta MAFC es el choque que puede producirse con otros países como Rusia, Turquía y China y eventuales represalias que pueden tomar estas economías, agravando aún más la actual guerra comercial global. Es una posibilidad real que este acuerdo sea impugnado por cualquier país ante la OMC (Organización Mundial del Comercio). India ya ha anunciado que lo denunciará al Órgano de Solución de diferencias de la UE.
Problemas que también se han producido dentro de nuestras fronteras. Polonia fue el único Estado miembro que votó en contra (Bulgaria y Bélgica se abstuvieron), pero ya ha planteado un recurso de anulación al Tribunal Superior de Justicia de la UE, lo que podría frenar su ejecución y el recorrido legal de los impuestos que se cobren a partir del año 2026.
