Las pymes denuncian que 100 normas reducen el PIB de España en 75.000 millones
La patronal defiende que se den cuatro años de adaptación normativa a las pymes que pasen de 49 a 50 trabajadores
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme. | Carmen Suárez
Cepyme, la patronal de la pequeña y la mediana empresa que preside Gerardo Cuerva, ha detectado un amplio conjunto de normas tributarias, contables y laborables, concretamente 100, que lastran el crecimiento de la economía española y obstaculizan que ésta se pueda igualar a los rankings económicos que ocupan muchos de nuestros vecinos europeos.
Son normativas relacionadas con la ingente regulación, condicionada por el número de trabajadores: tanto regulación contable y tributaria como otras regulaciones que abordan las horas de trabajo, los protocolos para denuncias de acoso sexual o la protección de datos de personas. En definitiva, de tener otras condiciones menos hostiles y si se procurase aumentar el tamaño de nuestras empresas, el PIB de España tendría mayores beneficios y aumentaría un 5%, lo que supondría para el crecimiento económico un repunte de 75.000 millones de euros más.
El estudio elaborado para Cepyme, Situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos, estima que un entorno más favorable y, por tanto, de mayor empuje y crecimiento de nuestras pymes, acabaría mejorando la competitividad y generando una tasa de paro un 5% más baja que la que España sufre actualmente. Asimismo, mejoraría la manera considerable la reducción de la deuda en términos de PIB, con cuatro puntos menos de la que hoy tenemos y, por ende, una reducción del déficit de 2 puntos.
Finalmente, sin necesidad de cargar más tributariamente a los contribuyentes -explica el informe elaborado por el economista Diego Larrán-, las arcas públicas podrían llegar a tener una recaudación añadida de 21.000 millones de euros, sin olvidar, un crecimiento de puestos de trabajo de cerca de 1.200.000 empleos.
Costes e impuestos
El tamaño de las empresas españolas siempre ha sido un elemento negativo para el desarrollo de las mismas. Hoy, la empresa española es un 23% menor que la europea y ocupa de media a 4,7 empleados, mientras los países de nuestro entorno ocupan a seis trabajadores.
España es, por otra parte, el tercer país de la UE con el tejido empresarial más atomizado. De hecho, el 99,25% son empresas pequeñas. Asimismo, las microempresas españolas son las segundas menos productivas entre los países europeos, solo por encima de Portugal. Su menor productividad -remarca el informe de Cepyme- se agrava por lo reducido de su tamaño. Gerardo Cuerva defiende que, «a más tamaño, más productividad y más internacionalización, y por tanto, mayores salarios».
Por eso, para que esto ocurra -recalcó Cuerva-, es necesario fomentar a la pequeña y a la mediana empresa, y no castigarla con más costes. En los últimos años, las empresas españolas han soportado un incremento de costes del 20%, siendo el sistema tributario español, frente al europeo, el que impacta en mayor medida en las pymes al tener menos recursos y estructura.
Si los costes le han subido a la pequeña y media empresa un 20%, no lo ha hecho menos la sobrerregulación normativa que denuncia Cepyme, y que, en estos momentos, llevó a legislar en 2022 849 normas que proceden la legislación estatal, 340 de las comunidades autónomas y 2.240 que vienen directamente de Europa.
El lastre del salario mínimo
Con estos datos, el informe identifica tres grandes lastres que perjudican a las pymes. Entre ellos, el exceso normativo, el aumento de las cotizaciones y el crecimiento del salario mínimo interprofesional, señala Cuerva. Cuestiones que, sumadas, afectan directamente en la dificultad de reinvertir, razón por la que las pymes carecen de la rentabilidad que deberían tener.
Este este escenario, la estadística de Cepyme concluye que las consecutivas subidas del salario mínimo son un desventaja para la pyme española en comparación con el resto de países de la UE. Y es que -explica Larrán a THE OBJECTIVE-, analizando los datos para 2022 del universo de pequeñas empresas privadas -10 a 49 asalariados-, se encuentra que «solo en España y en Grecia -precisamente los países con mayor tasa de paro en Europa-, el salario mínimo equivale al 70% del salario medio de este grupo de compañías».
En nueve países, entre los que se encuentran Holanda, Luxemburgo y Polonia, esa relación es inferior al 55%, sin contar con otros seis países que carecen de salario mínimo. En Alemania y en Francia y en otros cinco países, esa proporción está entre el 55 y el 60%.
Precisamente, esta situación -aborda el estudio de Cepyme- ha provocado que el aumento del salario mínimo interprofesional haya castigado más a las pequeñas empresas que, debido a su menor tamaño, pueden pagar menos salarios, teniendo en cuenta, además, que en los últimos dos años, el salario mínimo subió el doble en las pequeñas empresas: un 12,6% frente al 6,6% que lo hizo en las grandes empresas.
Cuerva se refirió a ello tachando de «intervencionismo» la subida del SMI por no consultar a todos los agentes sociales, sin entrar a valorar de manera global aspectos como la subida del IPC, las tasas de productividad, el empleo y la coyuntura política.
Propuestas para promover el crecimiento
El presidente de Cepyme también mencionó las propuestas del informe, que pasan, entre otras tantas, por dejar que las empresas que pasan de 49 a 50 empleados tengan un periodo de adaptación normativa y regulatoria de al menos cuatro años, y de este modo, se suavicen las cargas, que nos han llevado a pagar las mayores cotizaciones sociales desde la Transición, «con una subida de tipos del 50% en las bases mínimas, y del 20% en las bases máximas, señala».
Además de esta recomendación, Cepyme propone otras alternativas como: 1) Think Small First (toda legislación debe partir de tener en cuenta la verdadera dimensión de la empresa española. 2) Principio de calidad normativa basada en ‘Una más, (al menos) una menos’. 3) Reducción de costes, cargas burocráticas y barreras regulatorias. 4) Medidas que promuevan y hagan muy atractiva la fusión de las empresas. 5) Promover el acceso de las pymes a la financiación alternativa. Y 6) Medidas que promuevan la profesionalización de la gestión de las pymes españolas, así como la formación y el re-skilling de los empresarios españoles para poder dirigir sus compañías en el nuevo entorno.
