Las eléctricas denuncian el infierno fiscal de 2024 y alertan de que afectará a la inversión
Aseguran que el recorte en sus ingresos por la actual regulación lastra la estrategia verde y la propia transición
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Las eléctricas temen un infierno regulatorio y fiscal en 2024. A cuentagotas se han ido introduciendo en el marco energético medidas que, denuncian en el sector, incluso se solapan. Muchas de estas coincidirían el próximo año: la minoración a los ingresos de tecnologías concretas, la extensión del tope al gas, el impuesto temporal contra las energéticas y, además, el regreso del tributo del 7% a los ingresos de las generadoras de electricidad. Un total de cuatro medidas que afectarían a los balances de unas eléctricas que insisten en que es ahora el momento de invertir en la transición energética.
En primer lugar, el Gobierno prevé prorrogar para el año que viene el Real Decreto-ley 17/2021, que fija el precio en 67 euros el megavatio hora a las nucleares, las hidráulicas y las renovables que hayan perdido una prima por el fin de su vida útil regulatoria. Por el contrario, las instalaciones renovables que tienen prima son aquellas que se encuentran en un régimen por el que además de cobrar los precios en el mercado, reciben una prima. Un complemento que está definido de la siguiente manera: si baja el precio del mercado, sube la prima y, si sube el precio del mercado, baja la prima.
Al mecanismo ibérico se le unirá también el Real Decreto-ley 10/2022 (prorrogado a través del Real Decreto-ley 3/2023), conocido como ‘tope al gas’, y que según avanzan las negociaciones de la reforma energética, puede convertirse en un elemento estructural en época de crisis. Una situación que, según denuncian, ha supuesto una severa minoración en los ingresos para las empresas de energías renovables españolas.
«Esta limitación de sus beneficios, aplicada exclusivamente a España, penaliza a las empresas españolas frente a las de su entorno, restando atractivo a los inversores y reduciendo la capacidad de reinversión en proyectos renovables y, por tanto, desacelerando la transición energética en nuestro país. La Comisión Europea considera estas medidas del Gobierno de España un desincentivo al desarrollo de las energías renovables, al limitar artificialmente sus precios, que son bajos, en cualquier caso. Cualquier modificación del mercado marginalista europeo debería evitar penalizar a cualquier tecnología y especialmente a los proyectos de energías renovables, como ha ocurrido con la excepción ibérica», apuntan fuentes del sector energético.
A estos dos reales decretos mencionados, se le une la recuperación de un tributo que estaba suspendido de forma temporal. Así, el Gobierno prevé recuperar el impuesto del 7% a los ingresos de las empresas generadoras de electricidad. Un impuesto cuya suspensión se volvió a prorrogar a finales del año 2022 coincidiendo con la prórroga de medidas, como la del tope a las energías inframarginales antes mencionadas, y también tras la aprobación del impuesto a las energéticas.
Desde el sector apuntan a que «si el impuesto del 7% y el Real Decreto 17/2021 coinciden en el tiempo, esto supondría una pérdida del atractivo inversor hacia las empresas españolas de energías renovables. En este contexto, si adicionalmente se prorrogara también la excepción ibérica (el Real Decreto-ley 3/2023) la situación se agravaría aún más».
En medio de este escenario, 2024 debe ser el año clave para conocer qué ocurrirá con el impuesto temporal contra las eléctricas. Algunos partidos políticos, que apoyan a la coalición del gobierno y que son necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), defienden sin paliativos que el impuesto debe ser definitivo, y que se quede más allá del próximo año. El Gobierno estimó recaudar 2.000 millones de euros entre 2023 y 2024. Mientras que otras formaciones, más reacias a esta extensión, tampoco se pronuncian de una forma clara sobre el devenir de este tributo, que además puede tener cierta carga electoralista.
Críticas públicas
En el primer semestre del año, la petrolera Cepsa cargó contra el impuesto tras presentar sus resultados: «Nos hemos visto afectados por un impuesto extraordinario mal diseñado que ha impactado significativamente en nuestros resultados y en la generación de caja, en un contexto en el que Cepsa está llevando a cabo una profunda transformación, pasando de ser una empresa tradicional de petróleo y gas a una compañía a la vanguardia de la transición energética europea», sentenciaron.
Endesa, durante la presentación de los resultados de la compañía el pasado mes de octubre, tildó el impuesto contra las energéticas de «discriminatorio e injustificado». Sin embargo, existen muchas empresas de energías renovables, con mucho menor músculo financiero que las grandes, que se ven desamparadas por las medidas que el Gobierno trata de encajar el año próximo. En este contexto muchas cuestionan el presunto carácter verde de este Gobierno.
