Los empresarios, dispuestos a pasar a la acción para defenderse frente a un Gobierno hostil

Empresarios y directivos de grandes empresas españolas comenzarán a emprender acciones públicas para manifestar su descontento con el acuerdo de investidura del PSOE con Sumar, ERC, Junts y PNV y ante la previsión de tener un Gobierno «hostil» durante toda la legislatura. Fuentes corporativas consultadas por THE OBJECTIVE indican que las llamadas telefónicas se han sucedido en las últimas horas con la idea de buscar puntos en común para «pasar a la acción» y defenderse ante los ataques y presiones que se pueden suceder en los próximos meses.

Estas mismas fuentes confirman que las propuestas que han circulado en estas conversaciones van desde una solicitud explícita a las patronales para que realicen una férrea oposición desde la CEOE, Cepyme y asociaciones regionales como el Cercle d’Economia, pasando por manifestaciones públicas de los grandes directivos del Ibex 35, hasta recursos legales contra determinadas decisiones que -consideran- pueden perjudicarles económicamente.

En este sentido, el comunicado de la CEOE, Cepyme y ATA hecho público este lunes tras la reunión extraordinaria de las patronales a causa de los últimos pactos con partidos independentistas y nacionalistas, es solo el primer paso de una estrategia mucho más beligerante y que busca abrir una nueva etapa en la que la defensa pública de sus intereses tenga un papel protagónico. De hecho, desde algunos sectores se consideró que esta respuesta no fue suficientemente contundente y piden más movimientos.

Empresarios en Cataluña

La primera parte de la anterior legislatura estuvo marcada por un pacto de no agresión entre el Gobierno de coalición con los empresarios, por la voluntad de todas las partes de salir de la crisis económica marcada por la pandemia. Sin embargo, a partir de la guerra de Ucrania -en febrero de 2022- el Ejecutivo les puso en el ojo del huracán culpándoles del coste social del conflicto. Una ofensiva que no fue respondida por los empresarios ni por sus patronales y que terminó con el colofón de los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas.

Los empresarios consultados no quieren que esta actitud pasiva vuelva a repetirse y quieren marcar el terreno desde el primer momento para responder los ataques. Este diario ya advirtió de la preocupación contra el acuerdo de investidura con Sumar, que se saldó con la instauración sine die del impuesto temporal de la banca y las energéticas; el de ERC que perdonaba el 20% de la deuda de Cataluña; el pacto con Junts que abre la puerta a la cesión de todos los impuestos y a la «voluntad» de que las empresas vuelvan a Barcelona; o el documento con PNV que garantiza la ruptura con los convenios colectivos a nivel estatal.

Es así como cada vez más voces piden dar un paso adelante como se ha producido en otros estamentos y sectores a propósito del proyecto de ley de amnistía que finalmente se presentó este lunes. Los empresarios piden una actitud firme en defensa de sus intereses como lo han hecho jueces, fiscales, abogados, notarios, inspectores de trabajo y gran parte del tejido social español. Y piden además acciones conjuntas, no solo a nivel de patronal sino que también entre las grandes empresas.

Descontento del Ibex

El primer gran directivo del Ibex en manifestarse fue Antonio Huertas, presidente de Mapfre. El domingo por la mañana publicó un mensaje en sus redes sociales apoyando las manifestaciones convocadas en numerosas ciudades españolas para protestar por el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez: «Hoy toca defender la Constitución y el Estado de derecho», señaló escueto pero directo.

Semanas antes fue Repsol la primera gran empresa que levantó la voz indicando que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España». Lo hizo días después de que Sumar y PSOE firmaron su pacto de coalición para esta legislatura.

La información recopilada por este diario indica que otros presidentes o CEOs del Ibex podrían manifestar su descontento político en los próximos días a medida que la situación vaya evolucionando y se conozcan nuevas medidas contra la empresa. Por el momento, indican, el panorama es desalentador con llamamientos a negociar nuevas subidas del salario mínimo interprofesional, anuncios de impuestos y de una reforma fiscal «global», además de medidas que pueden romper la caja común de la Seguridad Social y desmontar todo el sistema tributario.

CEOE y los empresarios

Sin embargo, también recuerdan que hasta que estos acuerdos no se materialicen en normas o leyes no se pueden emprender acciones de protesta o recurrir determinadas leyes o proyectos. En este sentido, la primera parte de esta reacción estará marcada por las respuestas de la patronal. Hace unas semanas el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya lanzó el primer órdago criticando duramente el acuerdo de Sumar y el PSOE indicando que, a su juicio, rompía el «diálogo social».

Una estrategia que ha continuado este mismo lunes con un comunicado de la patronal. El jueves pasado la CEOE anunció la convocatoria de un comité extraordinario que se saldó con una respuesta impulsada en gran medida por las presiones de las grandes empresas que, como adelantó este diario, pedían un comunicado duro y que marcara el paso a futuros movimientos en esta misma dirección.

Diálogo social

En su declaración -considerada «tibia» por algunas empresas- advirtieron del «grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de la democracia, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo». También advirtieron que «se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo».

A ello se añade también, indicaron, «una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española». También defendieron el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y recordaron el «menosprecio del diálogo social» que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral.