Montero se despide de Igualdad adjudicando un estudio sobre racismo por 131.000 euros
También ha cerrado la adjudicación a Vodafone del contrato de pulseras telemáticas, el más cuantioso del ministerio
Ilustración de Alejandra Svriz.
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, se ha despedido del departamento que ha capitaneado desde enero de 2020 con la adjudicación del contrato más cuantioso de su ministerio hasta la fecha, el de las pulseras telemáticas. El pasado día 11 de octubre encargó a Vodafone Securitas este pliego valorado en 50 millones. En total, el importe de licitación supera los 42 millones (IVA incluido).
Otro de los contratos relevantes que el Ministerio de Igualdad ha adjudicado casi in extremis ha sido el relativo a un Estudio sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico en España, por parte de las potenciales víctimas. La licitación tiene un importe de 131.000 euros (IVA incluido). Como referencia, el anterior informe sobre la misma temática -de 2020-, con 266 páginas, se adjudicó por 83.000 euros, 312 euros por página. Ahora el presupuesto será un 58%.
El departamento de Montero, que cuenta con muy poco presupuesto y que tira frecuentemente de los contratos menores, centra su actividad de contratación en estudios, informes y seminarios. El centrado en discriminación racial ha sido adjudicado a la consultora Red2Red, que también hizo el de 2020. Esta empresa ha elaborado desde 2019 seis informes para el ministerio valorados en 660.000 euros, según ha comprobado THE OBJECTIVE.
Los contratos de Montero
El ministerio destaca en el pliego técnico que el informe se realizará a partir de encuestas en toda España. El objetivo es evaluar «la intensidad en que las personas son discriminadas, rechazadas socialmente, por su origen racial o étnico». El informe pretende ser una continuación de los anteriores -2010, 2011, 2013, 2020-. Además, considerará otros aspectos como formas de discriminación, los grupos poblacionales afectados y las consecuencias.
En total, se realizarán 1.800 encuestas de carácter presencial de entre 20 y 30 minutos. El trabajo, según el pliego de Igualdad, deberán realizarlo 11 personas -coordinador, consultor senior, ocho consultores y un analista de datos-. En total, cada uno, deberán dedicar 400 horas.
El pasado 15 de noviembre, coincidiendo con la primera jornada de investidura, la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género adjudicó la elaboración de un informe sobre la situación de las personas LGTBI con discapacidad en España. Cinco empresas optaron a este pliego adjudicado por 56.000 (IVA incluido). El ganador del pliego fue Grupo Tangente, una cooperativa que fue fundada por Fernando Sabín. El empresario formó parte de la comisión económica de Ganemos, formación que se integró en Ahora Madrid, según informó El Mundo.
Contratos a dedo
El Ministerio de Igualdad, junto al de Seguridad Social, protagoniza los contratos menores en la Plataforma de Contratación. El departamento que dirige Irene Montero adjudica sin concurso tres de cada cuatro de contratos de servicios y obras de su departamento, eludiendo de esta forma la fiscalización de esas licitaciones. El abuso de estos contratos siempre ha estado bajo la lupa. El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo lupa esta contratación en diferentes organismos del sector público. En ocasiones, son troceados con el fin de evitar controles.
Los pliegos de los contratos menores pueden adjudicarse a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. La supervisión es mínima. Las exigencias para la adjudicación también son más simples que en el caso de los contratos generales y se regulan a partir del artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Así, los contratos menores están previstos para obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y contratos de servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros.
Igualdad y los 14.999 euros
Al detalle y a partir de los contratos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el ministerio de Montero ha licitado en lo que va de legislatura 885 contratos, de los que 707 llevan el epígrafe de menores. Hasta 257 prevén un importe de entre 14.900 y 14.999 euros, la cifra límite para el control. Hay 97 valorados exactamente por ese último importe. Esta cantidad es suficiente para saltarse múltiples filtros de transparencia y la obligación de convocar un concurso público para licitar una obra o servicio.
Los contratos menores evitan meses de demora en la concesión, ya que no tienen que afrontar los plazos de presentación de ofertas, el estudio de éstas por una mesa de contratación y cualquier tipo de contratiempo, como los recursos de las empresas que aspiran a la licitación.
La fórmula elegida por el ministerio de Montero evita los trámites del concurso, unas reglas claras para elegir ganadores e impide que muchas empresas acudan, aunque sea para suministrar tóner o cambiar los folios de las impresoras de los departamentos de Igualdad. Cerca de la mitad de los contratos se reparten entre las mismas empresas.
