Conjura regulatoria para atar en corto a bancos y eléctricas

Teresa Ribera y Carlos Cuerpo han decidido no pisarse la manguera y evitar el más mínimo solapamiento en la gestión de sus atribuciones dentro del Gobierno. La ministra de Transición Ecológica ha hecho ver al recién nombrado titular de Economía cuales son los poderes que uno y otra deben poner en suerte en cuanto se reanude la plena actividad en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta tercera quiere marcar terreno en la toma absoluta de control sobre la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE) mientras que el sustituto accidental de Nadia Calviño necesita que su ascenso ministerial sea convalidado rápidamente en los mercados y ha encontrado en la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero la mejor crema abrillantadora para sacar lustre a sus galones. Los dos nuevos organismos reguladores van a tener máxima prioridad en la agenda parlamentaria a partir de este mes de febrero.

Ambos dirigentes se han apresurado de manera respectiva a informar sin tapujos de sus planes a los máximos responsables de la CNMC y de la CNMV, las dos grandes comisiones nacionales que verán claramente recortadas sus competencias con la reorganización del mapa regulatorio previsto para esta legislatura. Cani Fernández y Rodrigo Buenaventura han sido aleccionados acerca de la urgencia y trascendencia de cerrar filas con el fin de garantizar desde un primer momento la mayor colaboración posible entre las diferentes entidades que ahora se van a repartir el control y la vigilancia de la actividad económica. Más si cabe teniendo en cuenta que las nuevas «comisarías» de supervisores nacen con la misión de atar en corto a esos considerados rebeldes sin causa, grandes eléctricas y bancos del país, que están siendo acribillados a impuestos como ejemplo del furor progresista que adorna al suns-culottes de La Moncloa.   

La actual responsable de la política energética trata de ganar tiempo al tiempo para poner en marcha por vía de apremio la tramitación legal de su particular e intransferible Comisión Nacional de la Energía (CNE), un proyecto que considera esencial para dejar encauzado su legado político. La ministra in traslation se siente desengañada con la CNMC dado que fue ella la que, siguiendo los requerimientos comunitarios, resolvió a favor del organismo regulador el conflicto de competencias que existía de antiguo con el Gobierno de Mariano Rajoy. Cani Fernández llegó al cargo de supervisora mayor del Reino con todas las prerrogativas en la mano pero los asuntos energéticos no han sido su fuerte y Teresa Ribera considera que la CNMC no ha dado estos años el impulso necesario para avanzar como era de esperar por el camino de la descarbonización y el desarrollo de las energías renovables.

Maniatar a Cani Fernández en la CNMC

La vicepresidenta tercera es la principal candidata de Pedro Sánchez a tomar el relevo de José Borrell en el colegio de comisarios que surja en Bruselas tras las elecciones europeas de junio, bien como responsable de Energía o de Medio Ambiente. El Ministerio de Transición Ecológica quiere que para entonces la nueva CNE esté a pleno funcionamiento, lo que no parece sencillo dada la debilidad del Gobierno y su escaso margen político para sacar adelante hasta los más elementales acuerdos parlamentarios. Consciente de las dificultades, Ribera se ha planteado hacer camino al andar aprovechando las bajas sobrevenidas estos últimos meses en el plenario del organismo que todavía actúa como regulador único de los mercados y la competencia. A día de hoy la CNMC tiene vacantes tres puestos de consejo y otros dos vocales con el mandato vencido, lo que supone justo la mitad de los diez comisionados que componen el órgano de gobierno presidido por Cani Fernández.

«El ministro de Economía intenta sofocar el rechazo de la gran banca a la Autoridad de Defensa del cliente financiero»

En el seno de la CNMC piensan que la ministra no tardará en colocar a sus personas de confianza con el fin de asegurar directamente el control de las decisiones más atrevidas que tiene que adoptar el regulador en el mercado energético. Los considerados «satélites» de Ribera se encargarán de armar la preparación artillera de cara a la división de la actual institución reguladora en la que los peones de la vicepresidenta camparán a sus anchas sin que Cani Fernández se atreva siquiera a levantar la ceja contra los requerimientos que provengan del Ministerio de Transición Ecológica. A partir de ahí, y con independencia del momento procesal en que la nueva marca obtenga carta de naturaleza tras el preceptivo trámite parlamentario, Ribera estará en condiciones de poner rumbo a Bruselas dejando atada y bien atada su flamante CNE.

Menos complicado desde el punto de vista legislativo lo tiene Carlos Cuerpo o, al menos, eso es lo que ha comentado a sus antiguos compañeros de la CNMV a fin de acelerar la puesta en marcha del regulador bancario en ciernes. No hay que olvidar que el ministro ha sido estos años atrás miembro nato del consejo del supervisor bursátil en su calidad de secretario general del Tesoro y su relación con Rodrigo Buenaventura es también mucho más fluida y cordial que la que Teresa Ribera ha mantenido a duras penas con Cani Fernández cuando ésta era la protegida de Nadia Calviño. La Comisión de Valores tendrá que dejarse algún que otro jirón para vestir de gala al futuro «ombudsman» del cliente financiero pero no será su presidente quien vaya a poner palos en la rueda de un proyecto que estaba a punto de caramelo cuando Pedro Sánchez disolvió Las Cortes para convocar elecciones generales este verano.

Una autoridad con sello de «independiente»

El ministro considera que el Partido Popular tampoco pondrá trabas a la supuesta autoridad independiente porque eso contravendría el apoyo que el primer partido de la oposición concedió al final de la pasada legislatura cuando Nadia Calviño llevó el proyecto de ley al Parlamento. El Gobierno entiende que aunque ahora haya que situar de nuevo el contador a cero, toda la fase de consultas y las posteriores discusiones en el Congreso y en el Senado deberían resolverse por vía de urgencia en un plazo de uno a dos meses como máximo. Otra cuestión muy diferente es la dotación económica que con carácter presupuestaria será necesario habilitar durante la primera fase de lanzamiento y puesta en operación de un organismo que luego financiará su actividad corriente mediante una tasa anual a pagar por todas las entidades de crédito, incluyendo también los servicios Fintech y las plataformas de criptoactivos.

La reacción del mercado es la única preocupación que tiene Carlos Cuerpo aunque en Moncloa están convencidos de que ninguno de los grandes banqueros, especialmente Ana Botín y Carlos Torres, rechazarán una iniciativa que se ofrece como carta credencial del nuevo ministro. La Asociación Española de Banca (AEB) ya puso el grito en el cielo en su momento ante la irrupción de un regulador que supone una seria amenaza para la reputación de marca de las más importantes entidades financieras. Los bancos consideran que sus servicios de atención al cliente, bajo supervisión del Banco de España y de la propia CNMV, son suficientes para la resolución de las reclamaciones pero ahora lo más que puede hacer la presidenta de la patronal bancaria, Alejandra Kindelán, es ponerse de perfil y buscar a cambio alguna contraprestación por parte del Ministerio de Economía, a poder ser mediante un dulce fiscal que contribuya a aliviar la amargura del «impuestazo» a los beneficios extraordinarios. 

La banca tratará de mitigar como sea los daños de un modelo extrajudicial de conflictos donde la carga de la prueba juega por definición en contra de sus intereses pero cualquiera que sea su influencia no deberá interferir con los objetivos políticos de la agenda transversal que atesora Pedro Sánchez. No se olvide que la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero nace con el sello de «independiente», una condición que en la España polarizada de hoy tiene variopintas acepciones y algunas de ellas con efectos secundarios muy graves para la integridad del proyecto. Incluyendo, pongamos por caso, la proliferación de altos cargos vinculados al nacionalismo radical y la localización en Cataluña, por qué no, de la sede que albergue a la solemne institución supervisora. CaixaBank y Banco Sabadell están avisados.