La discrecionalidad del Gobierno con el escudo antiopas causa alarma entre los inversores
Naturgy, Telefónica, Vodafone, Opdenergy o BlackRock están en el punto de mira del control de inversiones extranjeras
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una visita a Extremadura la pasada semana. | Europa Press
El escudo antiopas que el Gobierno consolidó el año pasado con la Ley de Inversión Extranjera está generando preocupación por su opacidad, la discrecionalidad de sus decisiones y la falta de un patrón claro para resolver las solicitudes, según han indicado a THE OBJECTIVE diversas fuentes del sector inversor. Cinco meses después de su entrada en vigor, esta legislación comienza a levantar ampollas, ya que se confirma que endurece las condiciones para la entrada del capital foráneo y da más armas para que el Ejecutivo controle el desembarco en empresas estratégicas españolas.
Fondos y asesores de inversión consultados por este periódico advierten de que durante el periodo que ha estado en vigor la ley se ha generado una situación de incertidumbre normativa que podría haber frenado la puesta en marcha de muchas solicitudes o proyectos. Mientras que a algunas empresas se les exige compromisos de mantener inversiones, a otras se les pide no asumir la gestión de las compañías o la búsqueda de algún socio de capital español, en el caso de Telefónica ha generado que el propio Estado comprometa inversión pública en la operación.
En definitiva, la sensación que existe en el mundo inversor es que el Gobierno analiza cada caso, sin ningún patrón concreto, y decide en función de las características de cada operación, algo que sienta malos precedentes, ya que no permite que los inversores tengan claro a qué deben atenerse al momento de plantearse su inversión en España. Lo único que parece claro es que si se supera el 10% del capital, se debe pedir la autorización al la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, pero una vez cursada la solicitud, cualquiera puede ser la petición del Ejecutivo para autorizarla.
Telefónica y Vodafone
Desde que se pusiera en marcha la ley, se han producido operaciones muy relevantes. El 5 de septiembre, STC anunció su intención de comprar hasta un 9,9% de Telefónica, aunque al tratarse de una empresa con contratos vinculados a la seguridad nacional requieren del plácet del Ejecutivo si es que superan el 5%. La empresa de Oriente Medio compró el 4,9% y adquirió el otro 5% en derivados que están sujetos a esta autorización, pero hasta la fecha ni el Gobierno, ni la empresa saudí confirman si esta solicitud se ha presentado. Aunque Moncloa se ha cubierto anunciando la compra de hasta un 10% de la teleco.
El 31 de octubre el fondo Zegona compró el negocio de Vodafone en España y su objetivo es tener todas la autorizaciones en la primera parte de este año. Después de tener el visto bueno de Bruselas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el único permiso que resta a la operación es el del Consejo de Ministros, a través de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones. Se pidió antes de finalizar el año pasado, por lo que cuentan con tres meses para obtener respuesta.
Otra de estas operaciones relevantes ha sido la toma de control de Celsa por parte de fondos de inversión extranjeros. El 5 de octubre iniciaron el proceso para obtener la autorización del Gobierno y hacerse con el capital de la empresa siderúrgica, aunque la mayoría de las condiciones ya se habían acordado previamente. Los nuevos dueños se comprometieron a la búsqueda de un socio industrial español (con hasta un 20% del capital), tal como pidió el Ejecutivo antes de la solicitud, confirmando la discrecionalidad de la norma que obliga a hacer un traje a medida con cada operación.
Opdenergy y Naturgy
La semana pasada, Antin comunicó a la CNMV que el Consejo de Ministros había autorizado la opa que lanzó sobre Opdenergy, al mismo tiempo que comunicó que se compromete al sistema judicial de la Unión Europea para resolver cualquier controversia que pudiese surgir frente a las autoridades españolas en relación con la actividad del grupo Opdenergy en España. Una situación que es vista en el mercado como un claro requisito del Gobierno para autorizar una operación que llevaba varios meses en los despachos de la administración.
Un quinto gran procedimiento que se podría poner en marcha es la compra de BlackRock al fondo GIP, una operación que afecta directamente al 20% de este último tiene en Naturgy y que cambiará de manos cuando se culmine esta adquisición. En este sentido, el Gobierno busca fórmulas para asegurarse que los nuevos accionistas de la energética cumplan con los mismos requisitos que se obligó a cumplir a IFM, el otro fondo presente en la compañía. Esto podría implicar que se les obligue también a presentar una solicitud de inversiones extranjeras.
La Ley de Inversión Extranjera incorpora nuevas obligaciones de declaración que no estaban contempladas en el derogado Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, entre otras, la obligación de declarar las inversiones en empresas cotizadas siempre que supongan un porcentaje mayor o igual del 10 % del capital social, las aportaciones del socio al patrimonio de la empresa cuando el inversor tenga o alcance un 10 % de participación o la financiación desde empresas no residentes del mismo grupo cuyo importe supere un millón euros y cuyo período de amortización supere el año natural.
Régimen de inversión
El real decreto sustituyó el anterior régimen temporal, conocido como escudo antiopas, prorrogado desde marzo de 2020 hasta en tres ocasiones y en vigor hasta diciembre de 2024 y que obligaba a cualquier inversor de dentro y fuera de la Unión Europea a requerir una autorización de Moncloa si es que supera el 10% del capital en empresas cotizadas o los 500 millones de capital en no cotizadas.
Ahora se establece y detalla nuevos supuestos para los que se requiere autorización, aumenta los casos de suspensión del régimen de inversiones extranjeras y da más discrecionalidad al Gobierno para decidir qué inversión debe pasar su propio filtro. En vigor desde el 1 de septiembre establece también un nuevo sistema de consulta previa en la que los inversores preguntarán a la administración sí el carácter de su inversión requiere de una autorización previa.
No obstante, los supuestos con este cuerpo legal aumentan y dejan en manos del Gobierno prácticamente todas las operaciones relevantes. Los motivos por los que se suspende el régimen de liberalización aumentan y abarcan ahora a prácticamente todos los ámbitos productivos, incluyendo operaciones y opas que se produzcan en el mercado de valores. Es decir, se hace más discrecional este procedimiento.
