Sánchez presiona al Ibex para que abandone las críticas al Gobierno y apoye su agenda
El interés del Ejecutivo pasa por acompasar sus intereses industriales con las estrategias de las grandes corporaciones
El equipo de Moncloa y el propio Pedro Sánchez, han intensificado los contactos con las empresas del Ibex 35 y las grandes corporaciones españolas. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes conocedoras de estos movimientos, el objetivo es asegurarse de que cesen las críticas contra el Ejecutivo, que se asuma la agenda gubernamental para mantener la supervisión y el control de las empresas privadas y buscar sinergias industriales entre los planes del presidente de Gobierno y el sector privado.
Como ha informado este diario, Sánchez lleva buscando acercamientos con los empresarios desde el comienzo de la legislatura a finales del año pasado, aunque la diferencia es que -según dicen fuentes empresariales- en las últimas semanas los contactos han sido mucho más específicos en cuanto a las demandas del equipo de Gobierno. El planteamiento de Moncloa es simple: las grandes empresas deben colaborar con el presidente por el bien de la economía y que no es bueno para el país que sigan enfrentados.
El Gobierno pide a estas grandes empresas que sintonicen con su política industrial que básicamente pasa por acompasar los intereses productivos de Moncloa con las hojas de ruta de grandes compañías bancarias, energéticas, de telecomunicaciones o de infraestructuras. Y esto pasa por colaboración en proyectos estratégicos y compartir una estrategia común de cara a la internacionalización de determinados sectores productivos.
Críticas de Mapfre y Repsol
Moncloa promete mayor flexibilidad en temas sensibles como el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, una aplicación de la legislación laboral que no impacte en las grandes corporaciones y protección a directivos que podrían ver peligrar sus puestos ante eventuales movimientos accionariales. A cambio pide que los empresarios y las empresas del Ibex tengan predisposición y sensibilidad a los planes de Moncloa.
El primer paso es pedir que los grandes empresarios cesen las críticas al Gobierno y al presidente. En el último trimestre del año se sucedieron las críticas de directivos como el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, por los pactos con Junts; o los anuncios de paralizar inversiones de Repsol, en boca de su CEO Jon Josu Imaz, tras la intención de mantener el impuesto extraordinario a las energéticas. Lo cierto es que en las últimas semanas no se han vuelto a escuchar críticas en público del empresariado.
Moncloa y Sánchez presionan a las empresas con una tregua que permita al Ejecutivo rearmarse y centrarse en la lucha política y les ha recordado que sus demandas en la agenda del Gobierno pueden tener cabida si se tranquilizan las aguas. Recordemos que en Davos, precisamente pocos minutos antes de reunirse con una nutrida representación del Ibex en Suiza, el propio presidente marcó las líneas maestras de su gestión económica.
El Estado y el Ibex
El presidente pidió colaboración a las empresas para llevar a cabo una agenda reformista en la que el Estado tuviese el papel protagónico de la economía, con más subvenciones y mayor control de las empresas. Un discurso que, según informó este diario, sorprendió y escandalizó a un buen número de directivos del Ibex. En este sentido, en los encuentros y las conversaciones que se han sostenido recientemente se ha transmitido que la colaboración en esta agenda es necesaria y que una política industrial común beneficia al Estado y a las grandes empresas.
Este diario ya informó del interés del Gobierno por acercarse al «modelo francés», donde el Estado tiene participaciones minoritarias en grandes empresas estratégicas. En este supuesto tener una participación no de control -pero relevante- en estas compañías le permitiría entrar en sus consejos de administración para acompasar sus hojas de ruta con los intereses industriales del Ejecutivo.
Es así como se quería buscar sinergias con la gran cantidad de empresas públicas administradas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como Tragsa, Navantia y otras participadas como Indra, Enagás, Airbus o Hispasat. De momento, la única operación que ha cuajado es la anunciada compra del 10% de Telefónica «para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales».
Planes de Moncloa
THE OBJECTIVE también adelantó el interés del Estado de buscar sinergias entre Telefónica e Indra para impulsar un gran campeón europeo de la tecnología y la defensa. El Gobierno quiere trasladar este modelo a todos los grandes sectores de la producción, pero el problema es que el proyecto necesitaría decenas de miles de millones de euros para consolidarse, liquidez que en estos momentos está en el aire al no tener todavía los Presupuestos Generales el Estado (PGE) de 2024.
Es por ello por lo que estas recientes presiones del Gobierno podrían considerarse como una forma de allanar el terreno y buscar la cercanía y complicidad de las grandes empresas antes de que se produzca este asalto. La idea de Moncloa pasa por mantener esta línea de colaboración abierta con las grandes empresas y consolidar unas relaciones estables, con complicidad industrial. Un pacto de no agresión en que los verdaderos acuerdos se negocien en privado y alejados de los medios de comunicación.
¿Y qué harán las grandes empresas? Fuentes consultadas por este diario advierten de que algunas compañías se han mostrado dialogantes, básicamente las que tienen un presidente o consejero delegado con mayor riesgo de perder su sillón por los vaivenes accionariales de sus empresas, aunque la gran mayoría han preferido quedarse a la espera de ver cómo evolucionan los próximos movimientos del Gobierno. Una verdadera partida de ajedrez que solo acaba de empezar.