El Gobierno busca acercarse a los empresarios preocupado por el malestar del Ibex 35

Las últimas declaraciones de empresarios, entre ellos los principales directivos de Repsol, Endesa, Mapfre o Mercadona, han hecho saltar todas las alarmas en el Gobierno, que teme una guerra con el Ibex 35 en un año 2024 lleno de incertidumbres económicas. Para nadie es un misterio que la situación es sumamente tensa desde hace casi dos años y que ha ido a peor tras las últimas medidas económicas acordadas por el PSOE con Sumar, pero -según ha podido saber THE OBJECTIVE– miembros del Ejecutivo ya están moviendo ficha para tender puentes y encauzar la relación.

El principal objetivo es tranquilizar a los empresarios, algo que desde algunos sectores del Ejecutivo creen que debe pasar por replantearse la agenda de pactos con Sumar. No se trata de incumplir lo prometido, pero sí de intentar bajar la presión de estos acuerdos, con un desarrollo normativo menos lesivo para la empresa e intentando que su cumplimento se produzca paulatinamente a lo largo de toda la legislatura, sin forzar grandes modificaciones en el corto y medio plazo

La principal crítica de las empresas energéticas como Endesa o Repsol (Antonio Brufau se refirió en duros términos esta semana) pasa precisamente por la posible renovación del impuesto temporal a los «beneficios extraordinarios» del sector. Una medida que se incluyó en el acuerdo de investidura del PSOE y Sumar junto con mantener este gravamen para la banca, el impuesto a las grandes fortunas y la puesta en marcha de una «reforma integral» de los tributos a las grandes corporaciones.

Críticas de Repsol y Endesa

A ellos se ha sumado Mapfre y Mercadona. Tanto Antonio Huertas como Juan Roig advirtieron de que el actual clima político e institucional no es el idóneo, refiriéndose indirectamente a los recientes pactos con ERC y Junts. Huertas dijo que «grupos minoritarios independentistas y de extrema izquierda van a agrandar el desequilibrio autonómico», mientras que Roig indicó que «si los problemas que tenemos en España los tuviésemos en Portugal ralentizaríamos las inversiones«.

Incluso Repsol y Endesa han avisado de que si el marco regulatorio sigue sin darles seguridad jurídica se llevarán sus futuras inversiones fuera de España. Del mismo modo, la gran mayoría de los inversores extranjeros han advertido en privado de los problemas que se pueden producir en España en este creciente clima anti-empresarial que podría reducir de manera importante los flujos de capitales extranjeros hacia el país.

En medio de todo este revuelto panorama, desde algunos sectores del Gobierno se plantea que tras el cierre de las negociaciones para acordar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –que el Gobierno quiere que sea de un 4% frente al 3% propuesto por la CEOE y Cepyme– se produzca un frenazo en la agenda reformista prometida. Se considera que incluso si no hay acuerdo con los empresarios, Sumar podrá satisfacer su necesidad de protagonismo y mostrar avances a su electorado más escorado a la izquierda. Y a partir de ahí se confía en que no realizará gran presión sobre nuevos impuestos.

Acercamiento a los empresarios

Y es que la siguiente batalla será la de los impuestos extraordinarios. En el Ejecutivo ralentizarán todo lo posible la decisión sobre su futuro ya que la normativa del tributo, publicada en el BOE en diciembre del año pasado, recoge que habrá que evaluar en el último trimestre de 2024 si el gravamen extraordinario continúa más allá de los dos años previstos. En el Gobierno no tienen prisas por volver a pronunciarse sobre el tema y de la «gran reforma fiscal» tampoco se hablará nada hasta estar cerca del final de la legislatura en el año 2027.

Hasta la fecha no hay ninguna decisión tomada respecto de los impuestos extraordinarios, pero lo que está claro es que en caso de mantenerse se hará con mayor flexibilidad y buscando un menor impacto económico en las empresas que puedan verse afectadas, quizás aumentando las exenciones o reduciendo el porcentaje a pagar.

Es así como los próximos meses serán claves para volver a tender los puentes, en lo posible sin declaraciones malsonantes de ministros del PSOE ni del presidente de Gobierno. Para ello se quiere aprovechar la composición del nuevo Ejecutivo conocida hace dos semanas como un guiño hacia políticas menos extremistas, sin Podemos en los ministerios y con un Sumar controlado y alejado de la izquierda más reaccionaria.

Escrivá y Hereu

En este giro para intentar tranquilizar a las empresas incluso podría ayudar la salida de Nadia Calviño del Ministerio de Economía. Todo parece indicar que la vicepresidenta primera se marchará al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a finales de este año o durante el primer trimestre del próximo, lo que abre la puerta a buscar un perfil moderado y pro-empresa que genere confianza en el sector y que lidere el área económica desde la centralidad. Calviño empezó con muy buen pie la primera parte de la pasada legislatura por su talante pero el apoyo a la agenda económica de Pedro Sánchez le hizo perder la confianza del sector hasta el punto de que un cambio sería bien visto por los empresarios.

En ese sentido, el primero en la lista es el actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, pero su candidatura ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas. En cualquier caso, e independientemente del sucesor de Calviño, el ministro de Industria, Jordi Hereu, tendrá un papel protagónico para buscar este nuevo acercamiento al mundo de la empresa.

Fondos de inversión con los que ha hablado este diario reconocen que «es conocido por su enfoque favorable a las empresas» y su experiencia como presidente de Hispasat puede ser clave para liderar este acercamiento, en especial en empresas de origen catalán como CaixaBank, Naturgy o Sabadell. De hecho, Hereu tuvo un destacado papel como alcalde de Barcelona y todavía es recordada su cercanía con algunas grandes corporaciones.