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Economía

La voracidad legislativa asfixia al comercio: 1.140 normas en 2023, un 140% más que en 2019

Los establecimientos comerciales tuvieron que aplicar 3,1 normas nuevas cada día durante el año 2023

La voracidad legislativa asfixia al comercio: 1.140 normas en 2023, un 140% más que en 2019

Supermercado. | Europa Press

La sobrelegislación en España sigue creciendo y afectando al tejido productivo. Concretamente, en el año 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectaron al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo, esto es un 139,5% más que en 2019, el año anterior a la pandemia (cuando se registraron 476, 1,3 normas diarias), según los datos proporcionados por WorldLex y analizados por THE OBJECTIVE.

Esto supone una media de 3,1 desarrollos legislativos al día durante el año pasado y supone un nuevo repunte sobre el año anterior, cuando se contabilizaron 2,7 normas diarias. Se trata, según apuntan a este diario fuentes del sector, de leyes nuevas o modificaciones sobre leyes ya existentes lo que «también es presión normativa porque tienes que estar pendiente y adaptarte al cambio».

Por categorías, la legislación relacionada con el medioambiente se lleva la palma con casi la mitad de la carga normativa, con 486 textos legales que afectan al comercio. Le sigue la seguridad alimentaria, con 254, y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa (urbanismo, licencias…), que suman 221 normas. Desde Asedas, la patronal de supermercados que representa a Mercadona, Dia o Lild, destacan que el comercio –y la distribución alimentaria en concreto– está comprometida con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena.

Sin embargo, lamentan que la legislación les llegue desde todas las administraciones –y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución–. Lo que «supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del retail español», apunta María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

Se disparó con la pandemia

Desde 2020, coincidiendo con la llegada de la pandemia, la normativa se disparó a todos los niveles. Un aumento de la legislación que continuó durante 2021 cuando los establecimientos comerciales tuvieron que aplicar 7,5 normas nuevas cada día durante 2021, hasta un total de 2.743. De ellas, 2.025 normas estuvieron relacionadas con la pandemia del Covid-19, lo que arroja una media de 5,5 normas diarias en este ámbito.

En 2022, con la mejora de la situación sanitaria, la voracidad normativa también decreció hasta las 1.000 normativas. Sin embargo, desde el sector lamentan este nuevo incremento en 2023 hasta las 1.140 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo. Una intensidad reguladora con la que ha arrancado el año. Solo en el mes de enero de 2024, las empresas del comercio tuvieron que aplicar 108 nuevas leyes o modificaciones a otras ya existentes, según los datos de Asedas.

El coste de la regulación

Estas leyes o modificaciones normativas afectan a todo tipo de categorías, principalmente a temas medioambientales. Desde la patronal de los supermercados ponen como ejemplo el futuro Reglamento de Envases y Residuos de Envases que se negocia en estos momentos en los trílogos de la UE, y que «independientemente de las complejidades técnicas de la aplicación de algunos de sus artículos y de la falta de análisis de ciclo de vida tendrá un impacto aproximado de 150.000 euros por tienda».

Una cuantía que estiman desde Asedas solo por la instalación de equipos de recogida y reutilización de envases, sin contar con los gastos de personal y logísticos. Según su análisis, en cuanto a intensidad legisladora, las comunidades autónomas se sitúan en primer lugar en cuanto a incremento con 485 normas, «lo que complica la gestión especialmente para aquellas empresas que operan en varias comunidades», según lamenta la patronal de los supermercados.

Mientras, del total de las normativas que el sector tuvo que aplicar el año pasado, 344 llegaron desde las instituciones europeas. El Estado central, por su parte, sumó un total de 284 normas. De ellas, 123 regulan cuestiones relacionadas con la gestión empresarial (fiscalidad, urbanismo, digitalización…). En el ámbito local, la cifra se incrementa al considerar cuestiones como aperturas en días festivos, cortes de tráfico, obras, etc.

En línea con las protestas agrícolas

La situación del comercio coincide con las actuales denuncias del sector primario sobre la alta carga legislativa y administrativa que soporta, y que se extiende a todos los eslabones de la cadena de valor. Entre otras cuestiones, el sector primario lleva semanas protestando por el exceso de burocracia que soportan por parte de Europa. Los agricultores aseguran que les es imposible aguantar más registros y controles, además de lo que supone cumplir todos los requisitos para recibir ayudas. Por un lado critican que estas normativas son excesivamente severas con ellos al tiempo que son más permisivas con terceros países, como Marruecos y países asiáticos, a los que acusan de competencia desleal.

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