Hacienda monta un carajal con la publicación de las balanzas fiscales: «No sirven para nada»
Comunidades autónomas y expertos señalan que sin unos criterios claros no se puede hacer este ejercicio
María Jesús Montero y Santos Cerdán, en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
Apenas unas horas antes del adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña –fechadas ya para el 12 de mayo–, el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, publicaba el pasado martes por la tarde las primeras guías para que las comunidades autónomas hagan los cálculos de sus balanzas fiscales a través de centros de estudios, administraciones e investigadores.
Unas balanzas que, sin Presupuestos Generales del Estado, como este miércoles anunció Pedro Sánchez, y con la votación de la ley de amnistía este jueves, han sido siempre el reclamo constante de los independentistas, entre ellos Junts, el partido que lidera el fugado Carles Puigdemont, exigente a todas luces de un cupo a la catalana, una agencia tributaria propia, otra agencia exclusiva para manejar las pensiones y, a última hora, la gestión del 19% de los fondos europeos.
Pero la publicación de esas balanzas –bastante incompleta de datos, lo que según el IEF se irá ampliando con el tiempo–, lejos de contentar a las comunidades autónomas, ha provocado un carajal y una desaprobación por parte de éstas, porque con las herramientas que Hacienda ofrece hasta ahora, es muy difícil hacer un cálculo, ya que no hay criterios homogéneos, como confirman a THE OBJECTIVE varias administraciones.
Insiste en esta idea Ángel de la Fuente, economista, director de Fedea y experto en balances fiscales. De la Fuente ha aclarado a THE OBJECTIVE que, con la poca información que ha dado hasta ahora Hacienda, «no se pueden hacer los cálculos» de los saldos fiscales, y por tanto, esas balanzas no sirven. De cualquier modo, avanza, es muy posible que, finalmente, las balanzas de 2021 acaben siendo muy parecidas a las que Cristóbal Montoro publicó en 2014. En ellas, el déficit de Cataluña estaba muy por debajo del de la Comunidad de Madrid, como se puede ver en el cuadro inferior.
Sin metodología y sin reforma
Sin una sola reforma del sistema de financiación autonómico en cinco años, y sin visos de plasmar algún cambio en los Presupuestos Generales del Estado, puesto que se ha confirmado que habrá prórroga de 2023, una de las primeras comunidades en reaccionar este martes era Cataluña. El Govern de la Generalitat, de carácter independentista, abandera junto a Junts la idea de que España les roba. Con ese ánimo matemático calcula que el Estado le debe, desde hace 30 años, nada más y nada menos que 450.000 millones de euros.
A los de Pere Aragonès, fieles defensores, por otra parte, como Junts, de la condonación de la deuda, esta primera aproximación a las balanzas fiscales les resulta inservible a todas luces, porque las partidas territorializadas del gasto que el Estado hace no estén desglosadas por comunidades autónomas. Cabe recordar que los saldos fiscales salen del cálculo en el que entran todos los ingresos que aportan los contribuyentes a través de impuestos, tasas y otros ingresos estatales; el gasto en bienes públicos puros como la defensa o las relaciones exteriores; las pensiones y prestaciones por desempleo; las subvenciones a empresas y sectores; la inversión en infraestructuras y la financiación de las Administraciones territoriales, con la que se pagan servicios como la sanidad y la educación.
Así, en opinión de ERC, lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez este martes tampoco sirve para nada, y tampoco aporta «ninguna novedad». En esta línea, el presidente catalán señala que «hay 102.000 millones de euros de gasto del Estado que el Gobierno español aún no ha dicho en qué territorios se gasta», por lo que subraya que, por su volumen, «disponer de estos datos es un factor clave para calcular las balanzas fiscales», lo que, «a día de hoy –lamenta– esta información continúa siendo secreta».
Un planteamiento que comparte , no sin relevantes matices, la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert. La dirigente madrileña del Partido Popular no está conforme con esos «datos en bruto» con los que el Ministerio de Hacienda quiere que cada comunidad autónoma se haga sus balanzas fiscales. La discrepancia estriba, explica la también profesora universitaria, en que no son datos rigurosos ni hay criterios ni variables comunes con las que se puedan calcular esos saldos. Para Albert, estos datos han sido publicados «con el único objetivo de cumplir el mandamiento de sus socios independentistas, para que Cataluña de nuevo pueda decir que, de acuerdo con su balanza fiscal, tienen un déficit importante y, por tanto, España debe pagarles x millones». Lo único cierto y verdadero -mantiene la consejera de madrileña-, es que, «cuando se hicieron de forma independiente y rigurosa las balanzas fiscales, la Comunidad de Madrid era la región que menos recibía y más aportaba por vía de ingresos. De hecho, el gasto de la Administración Central en la Comunidad de Madrid era de -2.836 millones inferior a la media y, por el contrario, en la Comunidad de Madrid se aportaban 16.369 millones de euros más que la media de ingresos». Así pues, apostilla, «o se hacen de forma coordinada y por órganos independientes, o lo que tendremos serán balanzas que realidad no sirvan para nada».
Un instrumento político
Para algunas de las comunidades autónomas consultadas por este diario, la publicación, por parte de la IEF, de los datos para calcular las cuentas territorializadas no es más que un instrumento político con el que Gobierno distrae y pasa por alto el verdadero problema: la reforma del sistema de financiación autonómica que no acaba por llegar.
Hay que remontarse a los modelos alemán y estadounidense, donde sí se publican las balanzas fiscales de sus länder y de sus estados federados, siguiendo como los germanos el principio de ordinalidad, del que se desprende que la solidaridad tiene un límite, y por el que se establece un ranking de lo que aporta y recibe cada länder, de forma que, si se ve alterado ese ranking, se actúa.
Para aspirar a un modelo como el alemán, describe el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela César García Novoa, hay que abrir «una mesa con todas las comunidades autónomas, en la que todas pongan sus datos, se contrasten las metodologías empleadas, porque cada comunidad aplica la suya, y se haga una corrección del sistema, pero no con datos parciales». Ahí –señala– es de vital importancia «la reforma previa del sistema de financiación autonómico, donde también hay que debatir, por ejemplo, la armonización de los impuestos», porque si no «te puedes encontrar que, como hace Cataluña, con la metodología que quiere, llega a la conclusión de que España nos roba».
Romper el principio de igualdad
Para Santiago Sánchez López, economista y colaborador de este diario, la información que ha hecho pública el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y el Instituto de Estudios Fiscales, «es insuficiente para poder elaborar con rigor unos cálculos complejos como son las balanzas fiscales».
Entiende Sánchez López que, de nuevo, «la falta de transparencia del Gobierno omite información relevante y necesaria de partidas de gasto territorializadas, por lo que un análisis parcial de la información que ha proporcionado Hacienda sólo puede dar lugar a interpretaciones inexactas sobre la suficiencia o insuficiencia de financiación de las comunidades autónomas». Aunque, quizás –añade–, «es lo que pretende el Gobierno, generando así más confusión y confrontación entre las regiones».
En definitiva –sostiene–, no aporta importantes novedades y confirma lo que ya sabíamos: «Que la Comunidad de Madrid es la que más contribuye al sistema, hasta tres veces más que Cataluña en el Fondo de Garantía, que las tres contribuyentes netas son Madrid, Cataluña y Baleares mientras que el País Vasco y Navarra no aportan nada, por lo que ceder a la petición de Junts de un nuevo cupo para Cataluña similar al Vasco -concluye- rompería el principio de igualdad entre españoles y de solidaridad interterritorial, incrementando la brecha entre las regiones más pobres y las más ricas».
