La prórroga presupuestaria de Montero dejará hacer inversiones y subir impuestos y rentas

La semana pasada, y como consecuencia del anuncio del adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña que hizo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el Gobierno de Pedro Sánchez reaccionaba casi al unísono, confirmando la renuncia al trámite de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

De repente, el castillo de naipes sobre el que luego después se ha visto que se estaba edificando la negociación de las Cuentas Públicas para el año 2024 se venía abajo, cuando el Ejecutivo nacional comprobaba que, ante un escenario electoral de dos patas, con los comicios vascos y los catalanes, los planes que pasaban por acompasar la Ley de Amnistía con la Ley de Presupuestos Generales se desvanecían.

Desde entonces, no han sido no pocas las voces que han sostenido que un Gobierno no tiene derecho a conformarse con un prórroga si antes el Parlamento español no ha rechazado las cuentas públicas, unas cuentas cuyo anteproyecto no llegó a pasar por el Consejo de Ministros de este pasado martes, como varias fuentes consultadas aseveraron a THE OBJECTIVE.

Sin embargo, y más allá de la conveniencia política del Ejecutivo de Pedro Sánchez de congelar en este punto la negociación presupuestaria, por temor a que algunos de sus socios de investidura le tumben las cuentas y, «más allá de que en las economías modernas y avanzadas, cuando a un Gobierno le devuelven los Presupuestos, lo normal es que dimita y, por tanto, optar por la prórroga sin haber presentado al Parlamento los PGE, podría considerarse de cobarde, lo cierto -explica el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar-, es que esto no es ilegal». Así lo recoge el artículo 134.4 de la CE, en el que se dice que, «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Tanto es así -insiste Rotellar-, que «cuando va a haber elecciones en el primer trimestre del año se suelen prorrogar sin presentarlos para no comprometer al Gobierno que salga de las urnas». Una práctica más habitual de lo que se piensa. De hecho, en la democracia española se han producido hasta diez prórrogas, tres de las cuales recaen en los años de Gobierno de Sánchez. No en vano, explican expertos fiscalistas, la prórroga de Presupuestos no impide que se suban impuestos, que se revaloricen rentas y pensiones y que se puedan seguir haciendo inversiones, lo que fuentes del Ministerio de Hacienda secundan a este diario.

La funcionalidad de la prórroga

En efecto, Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente de la democracia que en menos tiempo ha conseguido acumular tres prórrogas presupuestarias. La primera, la del año 2018, cuando tras una moción de censura a Mariano Rajoy forma Gobierno en solitario, y ante la incapacidad de encontrar apoyos, utiliza estas mismas cuentas públicas que tanto denostó para permanecer así en Moncloa sin PGE hasta 2020. No será hasta 2021 cuando por fin coseche la mayoría de la Cámara, lo que de forma consecutiva sucede hasta 2023.

Nuestra Constitución es muy precisa en eso, y claro que señala que el Ejecutivo tiene la obligación de presentar el Proyecto Ley de Presupuestos Generales del Estado ante las cámaras, incluso tres meses antes del año del ejercicio presupuestario para que dé tiempo a debatirse. Esto venía recogido en el artículo 107 de la Constitución de 1931, que ya obligaba al Gobierno a presentar el proyecto en la primera quincena del mes de octubre de cada año. No obstante, y también enraizada en los antecedentes históricos de otra Constitución, la de 1876, la actual carta española brinda una respuesta, la de la prórroga en el caso de que el 1 de enero del año siguiente no haya Presupuestos.

La prórroga presupuestaria, «no es por tanto una opción» -explica el catedrático en Derecho Financiero y Tributario César García Novoa-. «No es una decisión, otra cosa es que sea muy discutible manifestar la voluntad de no negociar los presupuestos para agarrarse a los presupuestos, pero -apunta García Novoa-, la prórroga es automática y no se decide-».

Y en el caso de que así acontezca, explican desde Hacienda a TO, existen mecanismos y otras vías para, por ejemplo, actualizar las retribuciones de los funcionarios, aumento de la paternidad, revalorizar las pensiones de jubilación, autorizar las emisiones de deuda pública, prestar avales o, facilitar el desarrollo normativo para adecuar la Ley de IRPF, y reducir así la cuantía a pagar a la Agencia Tributaria, por parte de los perceptores del Salario Mínimo, en la declaración de la renta de 2025. Sobre todo -recalcan-, «hay voluntad y hay tiempo para hacerlo».

Ley de Medidas Tributarias

Además de las medidas urgentes que desde la prórroga presupuestaria se pueden introducir para hacer más operativo el ejercicio, España cuenta con otras alternativas políticas, en este caso, fiscales, como la Ley de Medidas Tributarias, que permitiría, entre otras actuaciones, subir impuestos, crear nuevas figuras y, hacer permanentes las que ya afectan a las empresas energéticas y a la banca, según confirma Hacienda, en este sentido, y también César García Novoa, como el que fuera expresidente de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo.

Eso sí, Ruiz-Jarabo subraya la dificultad que tendrá el Gobierno de legislar nuevos impuestos, puesto que habrá de hacerlo mediante leyes, y no mediante RDL. Y eso, con los apoyos que hoy tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al menos hasta que pase este largo periodo electoral, «parece complicado y le va a costar». No en vano -mantiene-, «el mayor impuesto de este gobierno es no deflactar el IRPF, porque eso es igual que seguir subiendo impuestos».

En los aspectos técnicos abunda la experta fiscalista de la consultora Taxdown, Paula Ucera, para quien, con prórroga presupuestaria, «todo se puede desbloquear, luego, se pueden subir impuestos en este periodo y se pueden acometer medidas, aunque lo importante es encontrar la vía para impedir, por ejemplo, que los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional paguen más por IRPF en la declaración de la Renta de 2024, que se hará en 2025, por el hecho de no haber desarrollado la Ley de IRPF».

En cuanto a las inversiones, apunta otra fuente experta en materia presupuestaria, tampoco tiene por qué haber bloqueo a las mismas, pues «está permitido hacer modificaciones presupuestarias con cambios de partidas, de manera que no se paralicen las infraestructuras». Claro que, apunta Rotellar, «luego habría que mirar que desviaciones presupuestarias se dan a final de año, porque es algo muy importante que no se suele mirar», apunta.