Lo que esconden las balanzas fiscales
Buscan crear una base supuestamente técnica para establecer la bilateralidad de Cataluña con el Estado
Ilustración de Alejandra Svriz.
Como hojas desprendidas del calendario político se suceden algunas demandas que tienen que ver con la debilidad del Gobierno. No podían faltar en este trance la balanza fiscal, que los partidos catalanes exigen como demostrativas del consagrado, falso y estúpido España nos roba.
Invocar la publicación de la balanza fiscal es una manera de decirles a sus ciudadanos-contribuyentes que los quince impuestos propios con que la Generalitat exprime a los catalanes son imprescindibles porque los otros impuestos nacionales que pagan se los lleva crudos el Gobierno central.
El propósito real de publicitar el tipo de balanza fiscal que les gusta es crear una base supuestamente técnica y un armazón argumental para establecer el mecanismo de la bilateralidad de las relaciones de Cataluña con el Estado, obviando, como viene haciéndolo durante años, los mecanismos multilaterales del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que envían a un funcionario de cuarta fila como representación y de la Conferencia de Presidentes, a la que directamente no acuden.
Cada año, la monserga de la balanza fiscal va acompañada de una cifra de déficit (de la última que he tenido noticias habla de 22.000 millones de euros) entre los impuestos que pagan los catalanes y los ingresos que recibe Cataluña de la Administración central. Para extraer esta consecuencia recurren a la metodologías del flujo monetario, que es la defendida por los partidos separatistas catalanes, que está sujeta a tantas salvedades y asteriscos que mejor no recurrir a ella.
Las críticas a este procedimiento se acumulan. La principal en mi opinión es que la simple asignación territorial de ingresos fiscales y el reparto a la comunidad autónoma correspondiente no contempla ni la calidad ni la eficacia de los recursos que la autonomía recibe de la Administración central, como si cualquier empleo de dinero solo dependiera de la cantidad y no de la rentabilidad real, económica y social, de su aplicación.
El método excluye de manera interesada el cómputo las inversiones de las empresas del sector público; ignora la diversa incidencia de la inflación en cada región, los flujos reales de la seguridad social en prestaciones, las aportaciones netas de fondos europeos y, sin agotar los ejemplos, la progresividad fiscal, que, dependiendo de las rentas de las distintas autonomías tienen una influencia decisiva y el cumplimiento fiscal o fraude, cuyo nivel en cada comunidad es diferente y calculado a ojo.
El otro procedimiento, llamado comúnmente de carga-beneficio no les interesa a los catalanes por principio. Sería una afirmación de pertenencia a España y por eso lo cuestionan. Supondría ponderar y repartir equitativamente los gastos e inversiones de la Administración central no regionalizables, como los intereses de la deuda pública, la defensa, la acción exterior, los tribunales de cobertura nacional… Demasiado para Junqueras y Puigdemont.
Estos dos personajes y sus seguidores deben de entender que la existencia de un déficit puramente contable entre la Administración central y la comunidad autónoma a la que tan sesgadamente dicen representar es lógica y necesaria. El profesor Alejandro Pedrós Abelló hace ya algún tiempo afirmaba sagazmente que es ocioso discutir si hay déficit o no, que lo único que es discutible es si el déficit es excesivo. Y este planteamiento nos abre de nuevo incógnitas irresolubles. ¿Quién valora la, si se me permite el término, la excesividad del déficit contable de Cataluña? ¿Los propios jerarcas catalanes? ¿La Administración central? ¿Los ciudadanos de otras comunidades españolas que necesitan de ese déficit (y el de Madrid, que es mayor o el de Baleares) para tratar de cerrar la brecha de desarrollo de sus regiones?
Un recurso pobre y difícilmente sostenible por los partidos separatistas catalanes es ligar las problemáticas balanzas fiscales con el sistema de financiación autonómica, cuando son cuestiones más que formalmente diferentes. Las primeras atienden al circuito presupuestario entre la Administración central y las comunidades autónomas. La financiación autonómica es, sin embargo, un mecanismo multilateral de solidaridad interregional que trata de impedir la segmentación o categorización de los ciudadanos españoles y evitar que su lugar de residencia perjudique sus condiciones de vida.
Y un último aviso, para que nadie se sorprenda en los próximos meses. Si el Gobierno es capaz de recortar el déficit presupuestario (aunque sea por imperativo europeo) con subidas de impuestos, las comunidades autónomas verán crecer sus déficit fiscales. Y volverán las lamentaciones. Y volverán los ultimátum.
