La mesa del Congreso bloquea le ley 'antiokupas' aprobada en el Senado por el PP
La proposición contempla desalojos en 24 horas de las viviendas okupadas e impedir el empadronamiento
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acompañada por los miembros de la mesa.
La mesa del Congreso está bloqueando la tramitación de la proposición de ley orgánica contra la okupación aprobada por el Senado, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Esta proposición salió adelante a principios del mes de febrero gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en esta cámara. La toma en consideración de la proposición de ley orgánica contó con los 144 votos a favor del PP y el apoyo de Vox y UPN. Mientras, el PSOE y sus socios parlamentarios votaron en contra.
El PP tenía la esperanza de que esta Proposición de Ley continuase con su tramitación en el Congreso para su aprobación definitiva ya que en el Senado, PNV, Junts y Coalición Canaria se abstuvieron. Si esos grupos repitiesen ese mismo sentido de voto en el Congreso, el texto saldría adelante. Sin embargo, por el momento la proposición continúa en proceso de enmiendas con siete prórrogas consecutivas desde que el texto salió de la Cámara Alta.
Se trata de un procedimiento habitual para «dejar morir la iniciativa en el trámite de enmiendas» utilizado por el Gobierno aprovechando su mayoría en la mesa, según explican fuentes conocedoras de la situación. De hecho, hay otras propuestas que acumulan un mayor retraso con hasta doce prórrogas. Una parálisis que lamentan desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación al ser una ley que llevan años reclamando. «Cada día que pasa con una vivienda ocupada es un drama para muchas familias», denuncian desde la asociación.
Los afectados lamentan el bloqueo
«No entendemos porque está paralizado, independientemente del ambiente político, son medidas que afectan a la sociedad. Seguimos estando afectados, seguimos sin tener voto y encima cuando parece que llega algo a las instituciones nos lo paralizan. Nos ignoran completamente», lamenta en conversación con THE OBJECTIVE el portavoz de la Plataforma, Ricardo Bravo.
Desde la asociación consideran que, aunque la propuesta del PP «se queda corta por básica ya que no recoge el fenómeno creciente de la inquiocupación», reconocen que por lo menos contempla la intención de regular la situación. «La base de la ley del PP o, por lo menos las intenciones, la fundamentación teórica, es similar al texto que aparece en el 40 Congreso del PSOE», añade Bravo.
«Nos ha costado años que entre una ley, para que llegue aquí y la bloqueen cuando en realidad se están pidiendo dos cosas básicas», lamenta. En este sentido, el portavoz de las víctimas insiste, por ejemplo, en la importancia de legislar para atajar la inquiokupación. Un fenómeno creciente protagonizado por inquilinos que dejan de pagar en el inicio de sus contratos y se convierten de facto en okupas. Una modalidad sobre la que la propuesta del PP no habla.
Desalojos en 24 horas
Según el texto de la proposición de ley, el PP quiere que se obligue al desalojo de la vivienda en 24 horas. En primer lugar, aboga por el desalojo voluntario una vez que es requerido por la autoridad, y si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se podría efectuar el desalojo de forma forzosa.
La Proposición de Ley recalca que la ocupación ilegal de viviendas, no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes. Por ello, a través de esta ley se impediría «que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada» e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por este asunto. Del mismo modo, contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.
Interpelación del PP
En medio de esta situación, el PP mueve ficha. La semana pasada registró una moción en el Congreso instando al Gobierno a poner ya fin a la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional, una medida que se implantó por decreto en pandemia y que sigue en vigor al irse renovando periódicamente. En la iniciativa se insta al Gobierno a «dejar sin efecto la vigente suspensión de desahucios y lanzamientos, garantizando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad de la administración pública a los propietarios particulares».
Unas continuas prórrogas que según el sector está detrás del incremento del fenómeno de la inquiokupación y también de la disminución de la oferta de vivienda en alquiler. «Es un tema que viene siendo bastante polémico durante los últimos meses y que está desembocando en disminución de oferta disponible en el mercado de alquiler», aseguran estas fuentes. «Estas medidas van a mantener la inseguridad jurídica y en nada ayudan a fomentar que se aporten nuevas viviendas al mercado de alquiler», añaden.
