El Banco de España alerta: los problemas de la vivienda pueden limitar el avance del PIB
Las conclusiones aparecen en el último informe del Banco de España sobre la situación actual y el mercado inmobiliario
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Los problemas de acceso a la vivienda, lejos de solucionarse tras la aprobación de la Ley de Vivienda, continúan. España destaca como la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen en el mercado del alquiler se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, según el último informe del Banco de España sobre la situación de este sector.
Además, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos considera que los problemas de acceso a la vivienda también podrían limitar el avance del PIB a largo plazo debido a su influencia en la localización de los trabajadores, la movilidad laboral, y la proporción de hogares cuyo nivel se encuentra restringido por su gasto en vivienda.
Una situación que se podría producir a largo plazo debido a que el sobresfuerzo vinculado al gasto en vivienda de los hogares limita su capacidad de ahorro y «puede distorsionar, entre otras, sus decisiones de consumo e inversión, las de localización geográfica y natalidad». También, señala dicho informe, las relativas a la acumulación de capital humano.
Como resultado de todo ello, en el informe anual, el Banco de España señala que los problemas de acceso a la vivienda podrían tener implicaciones «negativas no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, y dar lugar a pérdidas de productividad agregadas y a un menor crecimiento económico».
Los jóvenes, los más afectados
Una problemática que va en aumento y que afecta sobre todo a los más jóvenes. Es precisamente este uno de los retos sociales que señala el Banco de España, la desigualdad intergeneracional en la acumulación de riqueza. En las últimas décadas, la acumulación de riqueza neta (financiera e inmobiliaria) por parte de los hogares jóvenes habría sido menor que la que atesoraron sus homólogos en anteriores generaciones, según el informe.
En este sentido, «las actuales cohortes jóvenes serían más vulnerables ante la materialización de posibles perturbaciones adversas en comparación con la exposición pasada a estos riesgos por parte de las generaciones previas», asegura el informe. Una cuestión que se justifica debido a la escasa capacidad de ahorro y la reducida renta de los hogares que residen en alquiler, lo que a la larga, dificulta su acceso a una vivienda en propiedad.
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística –con datos de 2021– un 61% de las familias que vivían en alquiler o en una vivienda cedida no disponían del ahorro necesario para adquirir una vivienda en el municipio en el que residían. Del resto, un 40,5% tendrían que hacer frente a una cuota hipotecaria que superaría el umbral máximo recomendado del 35% de la renta neta del hogar.
Críticas a la ley de Vivienda
De igual manera, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos hace una dura crítica a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado. En el texto, la entidad cuestiona prácticamente todas las medidas que se han aprobado en los últimos años encaminadas al mercado del alquiler no solo por el Gobierno central, también por algunas autonomías. Entre ellas, el control de precios ya que cree que su mero anuncio, y su aplicación sostenida en el tiempo, pueden incrementar los problemas de accesibilidad a la vivienda.
Una cuestión que ya han apuntado en varias ocasiones desde el sector. En su informe anual, el organismo se apoya en la experiencia en otros países, con la que advierte de que los límites a las rentas podrían ocasionar una contracción de la oferta de vivienda del alquiler en las áreas reguladas, el desplazamiento del uso de las viviendas a otros mercados alternativos como el alquiler de temporada o el turístico y un descenso de la calidad de la vivienda por un menor mantenimiento. Algo que ya está ocurriendo y que ha obligado al Gobierno a crear un grupo de trabajo para estudiar medidas encaminadas a frenar este trasvase.
Así, el Banco de España recomienda que el diseño de las políticas públicas evite que algunas actuaciones, «cuya efectividad pudiera ser relativamente limitada en el corto plazo, acaben generando efectos indeseados significativos que
dificulten el funcionamiento de este mercado en el medio y largo plazo».
