El Gobierno cuela en el BOE un atajo para enchufar a afines en la administración
Ya no será necesario pertenecer a ningún alto cuerpo funcionarial para ocupar un puesto directivo
Pedro Sánchez, en su comparecencia para anunciar su continuidad en la Presidencia del Gobierno. | Europa Press
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha sido el último de los principales gremios de la Administración General del Estado en pronunciarse en contra de algunas de las medidas que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez.
En este caso, se trata de una crítica elevada por considerar «inadmisible» que el pasado 30 de abril, a unas horas de un puente festivo en muchos lugares de España -y con las prisas por sacar adelante el componente 11 del Plan de Recuperación, que afecta a la modernización de la Administración Pública-, el Ejecutivo aprobara en Consejo de Ministros una nueva orden (TDF/379/2024), de la que no se dio ninguna información ni antes ni en la rueda de prensa posterior, para tras ello publicar en el BOE el hecho de que en España un puesto directivo de la Administración pueda estar ocupado por una persona que no pertenezca a ningún cuerpo funcionarial, «algo -como explica el IHE a THE OBJECTIVE– que es inédito en nuestra Administración pública», y que puede resultar un «enchufe».
En detalle, la citada orden indica que, en aquellos casos en los que el personal directivo público pueda tener régimen jurídico de personal laboral -es decir, que no sea funcionario-, no será preciso cumplir para su elección como tal cargo, ser personal funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades pertenecientes del grupo A1, si bien, deberá acreditar el mismo nivel de titulación.
Una posición recogida en esta orden del BOE pero que, sin embargo, choca contra su propia argumentación explícita en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, RDL, el cual se fundamenta a su vez en la Ley 40/2015, en cuyo artículo 67 se dice que, los subdirectores generales -puesto incluido en los órganos directivos- «serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y sus nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera».
La politización de la Administración
Ana de la Herrán, inspectora de Hacienda del Estado y nueva presidenta de la IHE, critica la actuación del Gobierno en este sentido, porque la figura del directivo público que se ha regulado -sostiene- «no cumple con los estándares mínimos de la OCDE en materia de dirección pública».
Además -apostilla-, «no sólo deja fuera a quienes tienen la categoría de directores generales, secretarios de estado o subsecretarios, que podrán seguir siendo nombrados con arreglo a criterios políticos y no técnicos, sino que amplía aún más el abanico de la politización de la Administración al contemplar como directivos a quienes tienen el rango».
Desde luego -recalca De la Herrán-, «todo nos hace pensar que estamos ante una redacción confusa, ambigua, y mal explicada por parte del Ministerio de Función Pública, que dirige José Luis Escrivá, en la que, claro que cabe preguntarse si un subdirector general, como recoge el RDL 6/2023/, puede llegar a ser personal laboral y por tanto no funcionario».
En cualquier caso, son nombramientos que no solo se dan con Pedro Sánchez. Casi todos ellos han sido impugnados, porque también ocurrió lo mismo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aclara la presidenta del IHE.
Entrevista y marco básico de competencias
Otra de las cuestiones desestimadas por los inspectores de Hacienda, de la orden TDF/379/2024, es la entrevista y cuestionario de autoevaluación «dirigido a valorar las competencias directivas», que fija la decisión del Gobierno en el BOE del 30 de abril, ya que entienden que dará lugar «a la arbitrariedad en la selección de quien va a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la Administración pública».
Herrán sostiene en este punto que, al menos, en lo que se refiere a los inspectores de Hacienda, lo importante es su formación es el trabajo desempeñado hasta ahora, y no otra nueva exigencia del Gobierno para escalar en los puestos directivos, como es el marco básico de competencias, donde se exigirá destreza en «liderazgo transformador, comunicación y relaciones interpersonales, adaptabilidad y toma de decisiones» y, entre otras aptitudes, «el compromiso con el servicio público y la ética profesional».
Finalmente, también han llamado la atención el tono y los términos empleados en dicha orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de abril, en el párrafo V del preámbulo, en el que textualmente se afirma cómo se contempla «la figura del personal directivo público profesional, determinada por elementos tales como un rol protagonista en el desarrollo de políticas y programas públicos (y), que actúa de acuerdo con los criterios e instrucciones directas de la capa política».
Invadir la autonomía de la AEAT
Pero la orden 379/2024 no ha sido la única que ha sido valorada por el Asociación de Inspectores de Hacienda, en una semana, la pasada, en la que se publicó también en el BOE, otra orden, esta vez referida al Consejo Estatal de la Pyme y a su modificación, para dar entrada a otras asociaciones empresariales, entre ellas, a Conpyme, quien ha amadrinado a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez -como publicó este diario- en varios actos y eventos.
En lo que afecta al IHE, la orden de marras es la TDF/380/2024, que alude a la entrada de la Administración General del Estado (AGE) en las normas y directrices sobre la elaboración de los planes e instrumentos de planificación estratégica de recursos humanos. Una actuación que no comparte el IHE, al defender que, de acuerdo con la norma de creación de la AEAT (mediante ley y no un real decreto), existe suficiente autonomía en este organismo para la elaboración y aprobación propia de su oferta de empleo público, así como para el régimen de acceso a los cuerpos, escalas y especialidades que se le adscriben, motivo por el cual los inspectores de Hacienda reprueban el ataque a esa potestad legal y la vulneración por la normativa recientemente aprobada.
En definitiva -sostiene el IHE-, se observa que «España se aleja de la necesaria objetividad y preparación que deben tener nuestros funcionarios y quienes ocupen los puestos de mayor responsabilidad en nuestra Administración y, en particular, en la Administración tributaria, pudiendo entrever ya que la reforma de la función pública del Gobierno va encaminada hacia una desprofesionalización y hacia una absoluta falta de competencia, lo que va a generar un retroceso en la prestación de los servicios públicos y una desconfianza de los ciudadanos en nuestras instituciones públicas», advierten.
