El Gobierno reparte hasta 960 millones a dedo para premiar el rendimiento de los funcionarios

El Gobierno repartió el año pasado hasta 960 millones en forma de incentivos a dedo. El objetivo es premiar la dedicación de los funcionarios de los niveles más altos, fundamentalmente, y cargos y asesores. La discrecionalidad en la distribución de la mayoría de estos fondos es especialmente criticada por la arbitrariedad.

Los datos de la Intervención de la Administración General del Estado muestran que hasta noviembre de 2023 el crédito total para abonar incentivos al rendimiento y la productividad alcanzó 957,6 millones. Esta partida contempla la cantidad inicial asignada más posteriores modificaciones. Mientras, las obligaciones reconocidas alcanzaron los 790 millones en el penúltimo mes del año.

Los datos analizados por THE OBJECTIVE muestran que prácticamente la mitad de estos incentivos a empleados públicos son distribuidos por Interior. Los efectivos de la Policía, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias son los principales receptores. La plantilla de Defensa es la segunda beneficiada de estos pluses de productividad. Hay que tener en cuenta que los efectivos en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suman 275.000. Estos suponen el 52% del total de los que están al servicio del sector público del Estado.

Pluses para los funcionarios

Tras Interior y Defensa, la Seguridad Social y Hacienda son los departamentos que mayor importe destinan a incentivar a sus plantillas. Los métodos elegidos para repartir los pluses han sido criticados por la Asociación de Asesores Fiscales y por los sindicatos. La falta de transparencia y los riesgos de subjetividad sobrevuelan siempre que se trata de la distribución de los incentivos al desempeño.

Pese a que es posible conocer el importe total de estos bonus que se destinan cada año de forma global para completar la nómina de los funcionarios, es prácticamente imposible saber quiénes los reciben y, sobre todo, la cantidad que perciben. La arbitrariedad en la distribución ha sido denunciada de forma constante por los sindicatos. Un ejemplo es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un organismo en el que son los responsables del proyecto los encargados de distribuir los incentivos. Las centrales sindicales denuncian que no hay criterios claros para premiar a determinados empleados y que incluso los responsables del reparto pueden quedarse con la mayor parte del incentivo.

Transparencia y arbitrariedad

Como adelantó THE OBJECTIVE, el Ministerio de Hacienda y Función Pública sigue negando a los ciudadanos información básica que debería ser pública sobre pluses a dedo y productividades de los funcionarios y sobre los altos cargos. Su negativa a facilitar estos datos ha llegado a los tribunales tras las exigencias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de dar publicidad.

Según el artículo 24 de la Ley de Transparencia, los ciudadanos pueden reclamar ante el Consejo de Transparencia para que dirima sobre las peticiones de información a las administraciones cuya respuesta ha sido el silencio. El paso siguiente, si no atienden a la decisión del Consejo, es la vía contencioso-administrativa. A ella pueden acudir tanto los ciudadanos como las administraciones descontentas con la decisión. Unos lo hacen para que se les aporte los datos solicitados y otros para mantenerlos ocultos.

La productividad, un plus arbitrario que conceden ministerios y organismos públicos, es objeto de múltiples preguntas. Los sindicatos son los primeros que demandan transparencia a la hora de repartirlos. Sin embargo, el ministerio que dirige María Jesús Montero no parece partidario de comunicarlos. Por ello ha acudido a los tribunales con el fin de retrasar la respuesta -al menos un año- en el caso de que los jueces fallen en su contra.

Retribuciones de los funcionarios

Según los datos de Hacienda, los gastos de personal en la Administración General de Estado superarán los 20.700 millones en 2023. La mayor partida, 15.000 millones, ha ido destinada a pagar la nómina de los funcionarios de carrera. Mientras, las cuotas, prestaciones y gastos a cargo del empleador sumarán 3.700 millones. La partida para el pago del personal laboral supuso casi 800 millones -menos que lo que se dedica a los pluses de productividad-.

Otro gasto importante es el destinado al pago de las nóminas altos cargos y asesores. El aumento del personal de confianza y de los cargos al servicio de los ministerios ha disparado el presupuesto que se dedica al pago de sus sueldos y complementos. Solo desde 2018, año en el que Sánchez desembarcó en La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy la partida se ha incrementado un 36%. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado muestran que las obligaciones reconocidas hasta el mes de noviembre de 2023 para pagar las nóminas del staff del Gobierno alcanzaron los 139,6 millones. En el mismo periodo de 2018 esta partida rozó los 103 millones.

Los últimos datos facilitados por el Gobierno a través del Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones muestra que en julio de 2023 el personal eventual al servicio del Estado se situaba en 869 efectivos. Bajo este epígrafe se engloban los asesores y el personal de confianza, que incluye desde responsables de comunicación a chóferes o maquilladores. Son nombrados por el Ejecutivo con carácter no permanente. No se incluyen los efectivos que ocupan puestos de esta naturaleza, pero tienen la condición de funcionario de carrera.