El Gobierno lleva desde octubre sin informar sobre el pase de altos cargos al sector privado
El Ejecutivo ofrece información no vigente y poco trascendente, pero no actualiza la más relevante
La última información sobre altos cargos en el Portal de Transparencia es anterior a la toma de posesión del actual Ejecutivo. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva sin actualizar desde octubre de 2023 los registros del Portal de Transparencia que muestran los altos cargos cesados que han solicitado trabajar en el sector privado o en la universidad. En este listado aparecen las peticiones solicitadas y que han sido autorizadas. La última de estas solicitudes es del 10 de octubre de 2023 y el último cese tiene como fecha el 29 de agosto ese año. El nuevo Ejecutivo tomó posesión el 21 de noviembre, la misma fecha en la que fueron cesados buena parte de los ministros y cargos anteriores.
Para conocer las peticiones que están en proceso -solicitadas pero no autorizadas- es necesario acudir al Informe sobre Cumplimiento de los Altos Cargos. Este documento aparece colgado en la web del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y los últimos datos son del segundo semestre de 2023. Durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas deben solicitarlo. A partir de hay deben obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Mientras, otra información que lleva sin actualizarse desde noviembre de 2023 es la relativa a indemnizaciones percibidas por altos cargos tras su cese. Según ha constatado THE OBJECTIVE, el último registro que aparece tiene que ver con José Manuel Franco, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Franco fue cesado en junio de 2023 y consta que cobró menos de un mes la citada indemnización.
Altos cargos y pensión
De nuevo hay que acudir a la web de Función Pública para encontrar detalles de lo remitido a las Cortes. Allí consta que cuatro altos cargos solicitaron la pensión compensatoria tras el cese. Lo que no es posible saber si en este momento la siguen percibiendo o si han solicitado otra actividad. Los cargos que aparecen son Irene Montero, exministra de Igualdad, y Ángela Rodríguez, exsecretaria de Estado de Igualdad. También están Alberto Garzón, exministro de Consumo, y Antonio Julián Rodríguez, exsecretario de Estado de Justicia.
Sólo determinados altos cargos tienen derecho a las indemnizaciones por abandono del cargo. Las personas que forman parte del Gobierno, los secretarios y secretarias de Estado o los máximos responsables de los organismos reguladores, entre otros, pueden acceder a ellas. Tienen derecho a una pensión indemnizatoria equivalente al 80% de su retribución anual durante, como máximo, los dos años siguientes al cese. Desde el año 2012, la compensación es incompatible con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas a raíz del Real Decreto-Ley 20/2012
Cargos y conflicto de intereses
Gracias al análisis de los datos de la Oficina de Conflictos de Intereses, THE OBJECTIVE adelantó el intento de fichar por Air Europa de Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Su solicitud se produjo pocos meses después de ser cesada de su cargo en febrero de 2023. Pardo de Vera, como el resto de altos cargos, no pueden fichar por ninguna empresa relacionada con sus tareas en el Gobierno durante dos años, aunque pueden solicitarlo.
Finalmente, la exsecretaria de Estado aceptó declinar la oferta de la aerolínea y de otras empresas con las que, presumiblemente, surgían conflictos de intereses. Hasta el 31 de diciembre la ex secretaria de Estado comunicó proposiciones de Revenga Ingenieros, de Cylus Cybersecurity, FTI Consulting, Air Europa y Asval.
Una situación diferente se ha dado recientemente con la ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que ha sido vetada directamente por el Ejecutivo para regresar al sector privado. Artigas dejó su puesto en diciembre pasado tras cuatro años en el Gobierno. Ahora no podrá incorporarse a la plantilla de Airbus Defence and Space por supuesto conflicto de intereses. La decisión del Ejecutivo viene dada porque Airbus y una de sus filiales recibieron subvenciones de entidades presididas por Artigas cuando era secretaria de Estado.
Asignatura pendiente
La transparencia es una de las asignaturas pendientes del Ejecutivo. Retrasos -muy importantes- a la hora de publicar datos que demandan los ciudadanos y opacidad informativa son prácticas habituales en los ministerios y organismos públicos. La falta de información sobre el cese de altos cargos no es la única ausencia ni la más importante.
Pese a que en el último informe de evaluación de publicidad activa que elabora el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se constatan avances, que son valorados muy positivamente, en el Portal de Transparencia, todavía patente la ausencia de información relevante. Así, el CTBG señala que de los 1.936 documentos publicados, al menos, un 77% no tienen relación con los contenidos obligatorios de publicidad activa. El informe, publicado en mayo de 2023, evidencia mejoras en la aplicación de las recomendaciones de años anteriores, pero reseña las dificultades para obtener información. También constata informaciones de la Casa Real, Fiscalía General del Estado o Juzgados y Tribunales, que claramente, no forman parte de la Administración General del Estado.
El Portal de Transparencia
Junto a esto, todavía un 26% de los planes publicados en la web no está vigente y más de la cuarta parte de los que sí lo están corresponden a organismos vinculados o dependientes. Mientras, un 12,8% sigue presentando problemas de accesibilidad a la información porque los enlaces están rotos. «La publicación de información relativa a seguimiento y evaluación sigue presentando un grado de cumplimiento muy bajo», destaca. «Finalmente, no se publica información sobre los indicadores de medida y valoración del cumplimiento de los objetivos que contemplan, para el 36,5% de los planes evaluables», señala.
Por último, el CTBG resalta que no se localiza información relativa a los anteproyectos de Decretos Legislativos y sigue sin crearse un acceso específico para los Proyectos de Reglamentos –lo que obliga a buscar esta información entre la que se publica en el apartado normas en tramitación-. Además, apunta que debería abordarse una depuración de la información publicada, eliminando registros que carecen de vigencia y «que, además, entorpecen el acceso a la información». «Un mayor número de registros no equivale a un mayor nivel de transparencia, y sí la calidad de la información publicada y su relevancia», concluye.
