La parálisis parlamentaria gravará más a las 126 multinacionales españolas en 2025
La falta de transposición de un mínimo de imposición del 15% sobre Sociedades recaerá en las filiales en el extranjero
Imagen del Salón de Plenos del Congreso de los Diputados. | Europa Press
Hasta 126 multinacionales españolas y empresas de gran magnitud, con una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros, podrían verse afectadas por la no transposición de la directiva europea relativa a garantizar un nivel mínimo global de imposición del 15% en el impuesto sobre sociedades.
La parálisis parlamentaria que está sufriendo el Congreso de los Diputados, a golpe de decretos, y en concreto la transposición de esta directiva, podrían acarrear problemas de extraordinaria importancia. La propia ley establece -explica a THE OBJECTIVE el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, César García Novoa– que «si no se implanta este impuesto a tiempo, antes de que acabe el año, para poder cobrarlo de la empresa matriz, entonces tendrán que ser las empresas filiales, en el extranjero, las que, subsidiariamente, tendrán retenciones equivalentes a lo que tendría que ingresar la empresa matriz».
La transposición fue aprobada por el Consejo de Ministros en junio de este año, atendiendo «a los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en los foros e instituciones globales como el G20, la OCDE y la UE, para luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales», subraya Lefebvre, compañía experta en temas jurídicos y gestión empresarial. No obstante, España aún tiene pendiente de tramitar esta transposición, para lo que aún le quedan poco menos de dos meses.
Y apremia el poco tiempo que resta, pues la directiva está diseñada para aplicarse sobre los resultados de ese ejercicio, aunque no se declare hasta el año 2026. Así lo subraya Diego Martín-Abril, inspector de Hacienda del Estado, inspector de Aduanas e Impuestos Especiales, inspector jefe en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT e inspector coordinador en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, entre otros cargos. Hoy, como counsel de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, Martín-Abril anticipa que «las empresas españolas pueden tener muchos problemas, porque si no tienen la norma aprobada, tendrán que ser sus filiales en terceros estados quienes tengan que cumplir con el Pilar 2».
Los pilares
Recuerda la consultora EY que fue la OCDE quien propuso en 2013 la iniciativa BEPS (Base Erosion Profit Sifting) para evitar la erosión de bases fiscales mediante la deslocalización de rentas. En octubre de 2021, se alcanzó un acuerdo político al que se sumaron más de 140 países (el denominado Marco Inclusivo).
Allí se sentaron las bases para establecer el nuevo marco normativo conformado por dos pilares de reforma. El Pilar 1: la redistribución de la potestad tributaria entre las distintas jurisdicciones en las que los grupos multinacionales despliegan su actividad. Y el Pilar 2, «con el establecimiento de una fiscalidad mínima global del 15% para los grupos multinacionales».
El coste para las filiales de baja tributación
Según detalla Diego Martín-Abril a THE OBJECTIVE-, «si una sociedad española tiene una sociedad en otro país de la UE, como puede ser el Reino Unido y la legislación española no llega a tiempo para implantar el Pilar 2, tendrá que ser la filial que esté en otro Estado la que, entre comillas, tribute el tipo mínimo, aunque tengan baja tributación o estén por debajo de la misma. Dicho de otro modo -puntualiza-, es como si le paso el testigo a la siguiente filial».
Y ese es un problema -continúa-, «pero luego habrá otro problema añadido: la obtención que tendrán que dar esas filiales de segundo grado, en relación con las siguientes. A ver cómo dan esta información», insiste.
«Un problema monumental de cara al Pilar 2 -sostiene- para sociedades españolas que quieren que se apruebe este pilar con todas las consecuencias de esta impuesto complementario al impuesto de Sociedades, y no trasladar toda la problemática a las filiales de segundos niveles, lo que será realmente grave, ya que quien tiene toda la estructura y toda la información y documentación es la matriz».
Las empresas perjudicadas por el fraude
Esta semana, Diego Martín-Abril participó junto al también inspector de Hacienda del Estado y exdiputado de Ciudadanos Francisco de la Torre en la primera sesión de encuentros Reaf sobre el Fraude Fiscal, en cuya organización ha colaborado el Instituto de Estudios Económicos (IEE), con objeto de analizar las implicaciones de este problema en nuestra economía.
Antes de la intervención de estos dos inspectores, el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, destacó la inminente llegada de la factura electrónica para todas las empresas y autónomos, lo que impulsará «aún más -afirmó- la lucha contra la economía sumergida». No obstante -señaló Pich-, también hay que «facilitar su adopción en microempresas y por parte de empresarios como personas físicas, por lo que quizá sería bueno establecer algún tipo de incentivo fiscal por parte de la Administración».
Por su parte, el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, manifestó que «el fraude fiscal perjudica sobremanera a las empresas que cumplen con sus obligaciones, que son la gran mayoría, en cuanto que las sobrecarga con los impuestos y cotizaciones de los defraudadores, a la vez que sufren su competencia desleal».
Además, Izquierdo mantuvo que «el fraude fiscal debe incorporarse en las estadísticas para poder mejorar el diagnóstico de la economía. Así, por ejemplo, la presión fiscal ajustada de economía sumergida (indicador en el que superamos al promedio de países de la UE) debe completar el análisis insuficiente de la presión fiscal recaudatoria en relación al PIB».
España reduce el fraude
Antes de dar paso al coloquio, Jesús Quintas realizó una introducción en la que señaló que «el intercambio de información entre Administraciones tributarias y la captación de información detallada e individualizada de las operaciones comerciales y movimientos bancarios casi en tiempo real deben dar lugar a reducir los incumplimientos tributarios, sean o no constitutivos de fraude».
Entre las conclusiones de la mesa-coloquio entre Martín-Abril y De la Torre, se sustanció que cuando se habla de fraude fiscal, hay que diferenciar entre este, la elusión fiscal y la economía sumergida, pues son conceptos distintos. Además, se remarcó que, aunque es difícil medir con precisión el fraude tributario, España está logrando reducir el fraude. A nivel europeo, nuestro país se sitúa por debajo de la media comunitaria en cuanto a fraude.
Finalmente, también se subrayó que lo crucial es que la Administración Tributaria gestione de manera eficiente la información que recopila, protegiendo los datos y considerando los costes indirectos que esto conlleva, en un contexto en el que, además, España tiene un alto número de obligaciones tributarias formales.
