La presión fiscal sobre las empresas es nueve puntos superior en España frente a Europa

La presión fiscal que el Gobierno ejerce sobre las empresas no deja de crecer. Esta es una afirmación que se mantiene tanto en los estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) como en el de la OCDE: Dinamismo de los ingresos fiscales en los países de la OCDE. Es una presión a la que también se ha referido el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid y del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, con quien ha podido hablar THE OBJECTIVE. A este respecto, Santiago afirma que la recaudación procedente de nuestras empresas «se sitúa en un 32,9%, mientras que en Europa esta alcanza el 23,9%». Es decir, nueve puntos porcentuales menos, en un momento de estanflación de la economía, como ya señalan economistas como Javier Santacruz.

Por cierto, dicha presión también es objeto de estudio por parte de la OCDE en sus Proyecciones Económicas a Largo Plazo. Este último informe sustancia que la disminución de la población en edad de trabajar probablemente provocará un aumento adicional de la presión fiscal. Dicho de otro modo -según interpreta para este diario el economista Santiago Sánchez López-, España tendrá que «optar entre recortar prestaciones o incrementar significativamente los ingresos públicos», puesto que la OCDE anticipa que la presión fiscal en nuestro país aumentará más de siete puntos porcentuales del PIB potencial durante el periodo hasta 2060.

Este pasado lunes, Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, abordaba las consecuencias de la presión fiscal sobre las empresas. Lo hacía en un acto organizado por dicho organismo, junto con la patronal de empresarios, CEOE. Allí también se dio relevancia al último informe de Fedea -institución que dirige el economista Ángel de la Fuente-, cuyo análisis ahonda en el incremento de la presión fiscal, el incremento de los impuestos y el incremento de las cotizaciones sociales sobre el PIB. Este informe también apunta que dicha presión «es bastante superior en España respecto al resto de Europa». 

Con estos mimbres, explicó Santiago, entre gestores, economistas, empresarios y técnicos de las notarías de España, «es muy difícil que nos convirtamos en un país competitivo, porque el margen para subir impuestos -con referencia a la presión fiscal europea-, simplemente, se desvanece». 

La caída de Sociedades

Se trata de una presión que queda manifiesta en el último pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades relativo al mes de octubre -aclara Santiago-, pese a que normalmente este suele ser el período de mayor recaudación del año (en el que se unen las autoliquidaciones mensuales habituales, se ingresan las declaraciones del tercer trimestre de las pymes y el segundo pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que cubre el período abril-septiembre, entre otros).

Según los datos estadísticos recogidos en el último informe de ejecución presupuestaria, la recaudación de este impuesto empieza a dar síntomas de moderación –cuando no de agotamiento- del ritmo de crecimiento registrado en los dos trimestres anteriores y, por tanto, un menor importe por el peor comportamiento de los beneficios en los grupos y entidades.

También el último Barómetro realizado por los gestores administrativos refuerza la tesis del efecto negativo que la presión fiscal está ejerciendo sobre las empresas españolas. Así, a la pregunta baremada de 1 a 10 sobre el grado de impacto que ésta tiene sobre los negocios, el 60% de los gestores puntúa esta cuestión con un 8. Ello refleja la magnitud de la enorme preocupación que hay con el impacto de la fiscalidad sobre los negocios.

«A mi juicio -sostiene Fernando Santiago-, nos encontramos con un primer problema: las actividades económicas, en el pago del Impuesto sobre Sociedades o del pago en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no están armonizadas, ni siquiera en el entorno de la Unión Europea, lo que permite, sin ningún género de dudas, la existencia de diferencias de tributación de carácter territorial y facilita la deslocalización y la competencia interna con otras jurisdicciones fiscales». Y añade: «Los negocios están contra las cuerdas».

Competitividad fiscal

La fiscalidad es un concepto en el que también quedan incluidas las cotizaciones sociales. Estas últimas, «pese a lo que digan -sostiene el presidente de los gestores administrativos-, son impuestos, laborales, pero impuestos, que condicionan y afectan a la competitividad fiscal del país».

Este matiz no pasa por alto para el catedrático de Derecho Financiero y Tributario César Novoa, quien aclara que las cotizaciones sociales no siempre aparecen en todas las estadísticas, porque aunque se consideran impuesto de las empresas, técnicamente no son impuestos. Además, continúa, «Sociedades no grava sólo a empresas, aunque es la parte más importante, sino también a asociaciones y fundaciones por las actividades no exentas».

En cualquier caso, la estadística internacional ya señala que España ocupa en el Índice de Competitividad Fiscal el puesto 34 entre 38 países analizados. Pierde incluso dos puestos respecto de su posición en 2021, tal y como recoge uno de los últimos informes del Instituto de Estudios Económicos.

Redunda en ello Fernando Santiago, quien afirma que «la presión fiscal general se situó en España en máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB, por encima del promedio de la Unión Europea, que es el 41,7%». «Y se estima -apostilla- que en 2023 aún crecerá más, colocándose en el 42,3%».

Impacto sobre trabajadores y pensionistas

Otra pata de la presión fiscal viene de la mano del previsible impacto que las cotizaciones sociales van a tener sobre los trabajadores y, sobre todo, sobre las empresas, pudiendo generar despidos importantes. Así lo destaca otro de los análisis realizados por el IEE, remarcando además que «las cotizaciones que pagan las empresas equivalen actualmente a un 10% del PIB, lo que nos sitúa muy por encima de la media tanto de la Unión Europea, del 5,6%, como de la OCDE, donde el porcentaje baja hasta el 4,5%», recordó Santiago. Asimismo, añade que «el incremento de las cotizaciones ha permitido en septiembre de 2023 que las cuentas de la Seguridad Social tengan un superávit de 1.207 millones de euros, frente a los 740 millones de euros de pérdidas en septiembre de 2022». 

Por cierto, una presión fiscal a que la también se ha referido estos días la OCDE, al subrayar que la reforma del sistema de pensiones que España ha enviado a Bruselas a cambio de fondos europeos, lejos de ser sostenible, gravará más a los contribuyentes y futuros pensionistas, al tiempo que agrandará la brecha del déficit público.