La venta de vivienda protegida se sitúa en mínimos desde 2020 en lo que va de año
Se han escriturado 29.602 viviendas con algún tipo de protección hasta agosto frente a las 31.839 del año pasado
Isabel Rodríguez | Fernando Sánchez / Europa Press / ContactoPhoto
La construcción y venta de vivienda protegida lleva años en niveles mínimos. El mes de agosto cerró con 49.453 operaciones de compraventa, de las que apenas 3.573, el 7,2%, fueron viviendas protegidas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En total, hasta el octavo mes del año se han escriturado 29.602 viviendas con algún tipo de protección. Una cuestión que depende directamente de las comunidades autónomas y que supone el menor dato desde el año 2020, en un momento en el que la vivienda se ha situado en el centro del debate político. Durante el mismo periodo del año pasado, la escritura de viviendas de este tipo alcanzó las 31.839 unidades, en 2022 fueron 34.599, y en el año 2021 se cerraron un total de 31.766 hasta el mes de agosto.
Los expertos del sector consultados por THE OBJECTIVE señalan que los módulos de precios fijados por las administraciones autonómicas son la clave del problema. Estos no reflejan la realidad de un sector que ha sufrido durante los últimos años un recrudecimiento de los costes de construcción, de financiación y también laborales. En plena situación de escasez de vivienda, algunas comunidades como la de Madrid decidieron modificar estos precios a inicios de año. Los módulos de vivienda protegida se actualizaron en la Comunidad de Madrid en febrero 2024, entre el 26% y el 56%, pero llevaban 15 años sin cambios.
En Cataluña los módulos también se actualizaron en 2023. «Con el módulo tan bajo apenas se construían viviendas protegidas», explica a este diario Julián Salcedo, Doctor en Economía, del Colegio de Economistas de Madrid. Y es que, según coinciden los expertos consultados, esta es una de las claves del problema, además de la falta de suelo. Es muy complicado rentabilizar una promoción de vivienda protegida, tanto para venta como para alquiler. Por ello, los constructores y promotores, pendientes de esas revisiones de módulos que se han producido en los últimos meses y afectados por el incremento de costes de construcción, paralizaron su construcción. «Todas estas cuestiones han provocado la tormenta perfecta, lo que ha frenado aún más la producción de este tipo de viviendas», lamentan. Aunque la demanda sea cada vez más alta.
Calificaciones en mínimos
Más allá de los datos de transmisiones de la propiedad publicados por el INE, lo significativo es el número de viviendas calificadas anualmente como protegidas. «Lo importante es las que se han calificado. En los últimos 10 años la calificación no ha llegado a 9.000 unidades por año, la transmisión es una cosa y la calificación otra», recuerda Salcedo. Como promedio, al año, se producen poco más de 100.000 viviendas de obra nueva, de las que protegidas no llegan ni al 8 o al 9%.
El año 2023 tuvo la cifra más alta de viviendas protegidas desde el 2012, con 12.304 hogares calificados. En el 2006, antes de estallar la crisis, se calificaron 97.617. Así lo reflejan las cifras del Ministerio de Vivienda (antiguo Ministerio de Fomento). No se construye porque no es rentable, según el sector, al menos hasta la actualización de módulos. «Esto se refleja en las cifras de visados de vivienda protegida, que no llegan ni al 10% del total de visados de obra nueva», añaden fuentes del sector.
Blindaje de vivienda
Esta semana, la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha comparecido en el Congreso para hablar de vivienda. La ministra deslizó una nueva medida que pasa por el blindaje del «parque público de vivienda». De esta manera, según aseguró Isabel Rodríguez desde la tribuna, se evitará la eliminación de la protección de las casas construidas por las administraciones. «Hoy somos una gran mayoría los que entendemos que es necesario blindar el parque de vivienda, los suelos públicos y los esfuerzos que estamos haciendo para que siempre sirvan al interés general».
En este punto, afirmó, las «comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero que este acuerdo sea unánime». En este sentido, la ministra señaló los «aprendizajes» de la política de vivienda de las décadas de democracia. «Si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar los errores», aseguró en el Congreso. Así, lamentó la descalificación de las viviendas de protección oficial construidas hasta la crisis financiera, que «hace que hoy no podamos contar con ese parque que fue sufragada por todos». Sin embargo, puso en valor que estas viviendas supusieron «un ascensor social y económico para más de dos millones y medio de familias españolas».
