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Economía

El Gobierno repartió un récord de 23.000 millones en contratos a dedo durante 2025

El procedimiento que permite adjudicar pliegos sin concurso abierto acumula más de 36.700 millones desde 2021

El Gobierno repartió un récord de 23.000 millones en contratos a dedo durante 2025

Ilustración de Alejandra Svriz.

El Gobierno repartió durante 2025 un récord de 23.000 millones en contratos a dedo. Según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), el Estado adjudicó el año pasado 23.116 millones de euros mediante el negociado sin publicidad, el procedimiento que permite formalizar contratos sin licitación abierta.

Este volumen convierte a 2025 en el ejercicio con mayor importe adjudicado por esta vía dentro de la serie histórica. El aumento del último ejercicio, según los datos analizados por THE OBJECTIVE, eleva además el total acumulado desde 2021 a 36.727 millones de euros adjudicados mediante el proceso negociado sin publicidad.

El mecanismo permite contratar sin publicar un concurso abierto. En lugar de convocar una licitación a la que puedan concurrir todas las empresas interesadas, la administración contratante invita directamente a determinados operadores económicos y negocia con ellos las condiciones del contrato. Aunque se trata de un procedimiento regulado por la Ley de Contratos del Sector Público de España para situaciones específicas, su utilización suele generar debate porque reduce el grado de competencia respecto a los procedimientos abiertos.

15.721 contratos a dedo desde 2021

Entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado ha formalizado 15.721 contratos o lotes a dedo, con un volumen total superior a 36.700 millones de euros. La cifra media de estas adjudicaciones a dedo supera los 2,3 millones de euros por contrato, lo que muestra que no se trata de expedientes de escasa cuantía, sino de contratos de volumen significativo dentro del gasto público estatal.

Estas cifras permiten además situar el peso de este procedimiento dentro del conjunto de la contratación pública. Desde 2021, la Administración General del Estado ha licitado contratos por valor de más de 190.000 millones de euros. Dentro de ese volumen total, las adjudicaciones mediante negociado sin publicidad representan un 20% de la contratación estatal.

La evolución de la serie revela que el incremento registrado en 2025 explica buena parte del crecimiento acumulado. Más del 60% del dinero adjudicado mediante este procedimiento desde 2021 se concentra en el último ejercicio, según los datos del supervisor. El aumento se observa con especial intensidad en el tramo final del año, cuando se registra el mayor pico trimestral de toda la serie disponible en el panel estadístico. Las compras de armamento por parte de Defensa han tenido especial incidencia en este espectacular aumento.

Sin contratos menores

Uno de los elementos más relevantes de estos datos es que los contratos menores no están incluidos en estas cifras. Los contratos menores constituyen otra modalidad de contratación directa, pero están limitados por ley a importes reducidos y siguen un procedimiento distinto. El uso de procedimientos sin convocatoria pública es uno de los indicadores que analizan los organismos de supervisión para evaluar el grado de competencia en la contratación pública. Cuando un contrato se adjudica mediante negociación directa, la concurrencia empresarial queda limitada a las empresas invitadas por la Administración, lo que reduce la presión competitiva sobre el precio final.

La Comisión Europea analiza este fenómeno dentro de su cuadro de indicadores del mercado interior. Este sistema distingue entre procedimientos competitivos y adjudicaciones directas sin convocatoria pública, porque estas últimas reducen el nivel de competencia en el mercado público.

Las instituciones europeas subrayan que la competencia es uno de los elementos clave para garantizar el llamado value for money, es decir, que el sector público obtenga el mejor precio posible por los bienes y servicios que contrata. Cuando varias empresas compiten en una licitación abierta, la presión competitiva suele traducirse en ofertas más ajustadas respecto al presupuesto inicial del contrato.

Aviso del Tribunal de Cuentas Europeo

Por el contrario, cuando la contratación se realiza mediante negociación directa con empresas invitadas, la capacidad del mercado para reducir precios o mejorar condiciones se reduce, al desaparecer el mecanismo competitivo propio de los concursos abiertos. Este fenómeno también ha sido analizado por el Tribunal de Cuentas Europeo, que ha advertido en distintos informes de que la falta de competencia en contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto. Cuando las administraciones reciben pocas ofertas o negocian directamente con proveedores concretos, aumenta el riesgo de aceptar condiciones menos favorables que en un entorno competitivo.

En España, el procedimiento negociado sin publicidad está regulado como un procedimiento excepcional dentro del sistema de contratación pública. La legislación establece que solo puede utilizarse cuando concurren circunstancias concretas que impiden o desaconsejan un procedimiento abierto. Entre esos supuestos se incluyen contratos que solo puede ejecutar un proveedor determinado, situaciones de urgencia que no permiten esperar a los plazos de una licitación ordinaria o casos en los que la naturaleza técnica del contrato limita la competencia. Los organismos de control han apuntado, sin embargo, que la regla general de la contratación pública es la licitación abierta, precisamente para garantizar la igualdad de acceso al mercado y fomentar la competencia entre empresas.

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