La dana paraliza los cambios previstos en la cúpula directiva de ADIF por el 'caso Koldo'
Está encima de la mesa la creación de un nuevo puesto que coordine al resto de direcciones generales
Adif. | EuropaPress
«Va a haber muchos cambios». Es la frase que resuena dentro de la compañía pública de gestión ferroviaria ADIF. Unos movimientos que iban a ser inminentes el pasado mes de octubre hasta que los efectos de la dana que tuvieron lugar en la provincia de Valencia paralizaron los cambios previstos que iba a acometer el nuevo presidente de la compañía ADIF, Pedro Marco de la Peña, en la cúpula directiva de la empresa.
Así, el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente dio su tiempo al nuevo presidente para efectuarlos y borrar así el pasado del exministro José Luis Ábalos y de la que fuera secretaria de Estado y presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. Dos nombres salpicados por el ‘caso Koldo’. ADIF ha tenido y está teniendo un papel crucial en la reconstrucción de las vías afectadas. Por este motivo se ha tratado de evitar cambios que pudiesen condicionar los trabajos. Según fuentes conocedoras, estos movimientos se darán sobre todo en las direcciones generales y no en el consejo de administración (que apenas tiene influye).
Las mismas fuentes argumentan que uno de los movimientos que está encima de la mesa es la creación de un nuevo puesto que encabece y dirija al resto. «Una especie de vicepresidencia», argumentan. Para ese puesto, uno de los nombres que suena internamente es el de la directora general de Proyectos de ADIF, Montse Rallo, que a su vez es hermana de la presidenta de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), María José Rallo. Un organismo, este último, que ha estado en el foco de las críticas por su papel de prevención de la dana.
La corrupción en ADIF
La auditoría interna que ordenó el pasado febrero Óscar Puente y que fue publicada a finales de agosto apuntó a que el antiguo consejo de administración de la compañía pública Adif contrató en marzo de 2020 con Soluciones de Gestión, la empresa de la presunta trama de corrupción conocida como ‘caso Koldo’, pese a la desaprobación de algunos departamentos internos de la propia empresa. En ese momento su presidenta era Isabel Pardo de Vera.
Además del caso Koldo, este periódico desveló una serie de contratos que fueron amañados por parte de la compañía pública para beneficiar y perjudicar a empresas hace pocos años. La primera adjudicación amañada tuvo lugar en mayo de 2022 por 20,4 millones de euros con financiación de los fondos europeos Next Generation, mientras que la segunda, financiada por los fondos europeos Feder, fue de 28 millones de euros.
El expresidente de ADIF, Ángel Contreras, que era de la confianza de la expresidenta Pardo de Vera y que fue nombrado presidente por Puente a finales de 2023, participó en ellos firmando la valoración técnica cuando era director general. El primer contrato afectaba a la mejora de la señalización del tramo ferroviario entre Los Rosales (Sevilla) y Zafra (Badajoz) y el segundo a unas obras de construcción ferroviaria en el tramo de Villanueva de la Serena y Brazatortas (un trayecto de 161,5 kilómetros que discurre desde la provincia de Badajoz hasta la de Ciudad Real). Los directores generales, exceptuando a Concepción Casillas y Eugenio Nasarre (que sustituyó al expresidente de la compañía, Ángel Contreras), ocupaban sus puestos durante aquellos años en los que se amañaron contratos.
La empresa OPR
Esta forma de actuar no es un caso único en esta compañía pública. A principios de 2023, ADIF abrió una investigación interna por presuntas irregularidades en contratos que favorecían a la compañía OPR, tal y como contó en primicia este periódico. Sin embargo, a los pocos días, la propia empresa pública dio carpetazo a la investigación, asegurando que «no había irregularidades». Una decisión que contrastó con las anomalías y sobrevaloraciones técnicas en favor de OPR que sí detectaron los peritos de Ineco (empresa adscrita al Ministerio de Transportes).
Con posterioridad a esa exclusiva que publicó este medio, la Guardia Civil intervino una serie de conversaciones entre el administrador de OPR, Daniel Fernández, y Koldo García, uno de los cabecillas de la trama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional. En dichas conversaciones, el asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mencionaba a Ángel Contreras para que interviniese en la adjudicación de un contrato público para favorecer a esa empresa.
