El Constitucional acuerda impedir la investidura de Puigdemont si no acude al Parlament
El Tribunal Constitucional, reunido en sesión extraordinaria este sábado, ha admitido a trámite el recurso presentado el viernes por el Gobierno central contra la investidura de Carles Puigdemon
El Tribunal Constitucional, reunido en sesión extraordinaria este sábado durante cerca de seis horas, ha acordado por unanimidad impedir la investidura de Carles Puigdemont si no acude físicamente al pleno convocado por el presidente del Parlament para el martes 30, según el auto emitido al término de la reunión.
El alto tribunal ha buscado durante la jornada de deliberación un consenso en torno al recurso presentado el viernes por el Gobierno impugnando la propuesta Roger Torrent y al no conseguirlo ha decido aplazar la admisión a trámite del mismo adoptando la medida cautelar de impedir una investidura telemática por parte de dirigente de Junts per Catalunya.
En el auto, los magistrados del TC advierten de que su decisión debe ser obedecida «apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal» a quienes la incumplan.
El pleno, que aplaza su decisión sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno, una vez que haya oído a todas las partes y haya resuelto las dudas que han planteado sobre su admisibilidad en el transcurso de las deliberaciones, ha considerado que, para ser investido, Puigdemont debe acudir personalmente a la cámara y obtener antes autorización del juez.
Mientras se decide sobre la admisibilidad de la impugnación, el TC impone la medida cautelar de «suspender cualquier sesión de investidura que no sea presencial» y que no cumpla las siguientes condiciones: «No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario».
Ademas, «no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión» y «los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios», se indica en el auto.
El Consejo de Ministros acordó el viernes impugnar ante el alto tribunal la decisión anunciada por Torrent el día anterior de presentar como candidato a la investidura al expresidente catalán, a pesar del informe en contra del Consejo de Estado, que alegó que se trataba de una impugnación «preventiva» y, por tanto, no viable. Un argumento utilizado también este sábado en la reunión del TC por parte de algunos magistrados.
La decisión del gobierno, explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, «pretende evitar que un señor que está fugado de la justicia y sobre el que hay una orden de detención en España» por «delitos muy graves» sea investido presidente de Cataluña».
La respuesta del presidente del Parlament a la decisión del Gobierno central no se hizo esperar y el mismo viernes compareció en rueda de prensa para reiterar que Carles Puigdemont «es el candidato a la investidura porque cumple todos los requisitos».
Reacciones
En su auto, el Constitucional ha admitido la personación de Carles Puigdemont en el procedimiento tal y como había solicitado. El expresidente ha sido de los primeros en valorar la decisión indicando que «incluso el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa. Más uno debería de pensar en rectificar y hacer política de una vez. Y si no es capaz, plegar y dejar paso».
Fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa. Més d’un hauria de pensar a rectificar i fer política d’una vegada. I si no n’és capaç, de plegar i deixar pas.
— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 27 de enero de 2018
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su parte, ha manifestado a través de Twitter que «todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los Tribunales» y que su gobierno seguirá defendiendo la ley y «los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles».
Todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los Tribunales. El Gobierno de España seguirá cumpliendo, además, su deber de defender la Ley y los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles. MR https://t.co/gxafFnjonI
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de enero de 2018
