La secretaria judicial declara en el juicio del procés: "Tuve miedo cuando vi lo que había en la calle" el 20-S

La duodécima sesión del juicio a la cúpula del procés ha arrancado este miércoles pocos minutos después de las 9:30 horas con la reanudación del testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable de la coordinación policial para frenar el referéndum del 1-O, después de que este martes cargara contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero. Este miércoles, Pérez de los Cobos ha defendido que la jornada del 1 de octubre de 2017 «no hubo cargas policiales». Tras su declaración, ha tomado la palabra la secretaria judicial Montserrat del Toro, que tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía el 20-S. «Tuve miedo cuando vi lo que había fuera», ha dicho del Toro, que tuvo que pedir ayuda al magistrado de guardia para salir de la Consejería. La secretaria judicial ha hecho una detallada descripción de la jornada del 20 de septiembre de 2017.

Esta nueva jornada de juicio se ha iniciado con las preguntas de las defensas a Pérez de los Cobos, que ha negado haber obtenido alguna información de los procesos judiciales abiertos antes de la celebración del referéndum. «La convivencia ciudadana en un estado de derecho no es posible fuera del respeto a la ley», ha dicho el coronel de la Guardia Civil pocos minutos después del comienzo de su intervención.

El abogado Jordi Pina ha puesto de relieve que las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado actuaron el 1 de octubre de 2017 tampoco en las inmediaciones de dos colegios de Barcelona pero no en su interior. «Se abortaron muchas operaciones. No conozco esos casos concretos», ha respondido Pérez de los Cobos, que ha aseverado que «no hubo ninguna carga policial» y que «tampoco se disolvió ninguna manifestación ni tampoco se practicó ningún desalojo». Al ser preguntado por si hubo funcionarios que golpearon en extremidades superiores a ciudadanos con las manos levantadas, el coronel ha defendido que no hay ningún informe con el detalle de las actuaciones policiales.

Pérez de los Cobos: «Cualquier intervención debe buscar siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos»

El abogado de Jordi Cuixart, Alex Solà, ha preguntado al coronel sobre la organización del operativo policial del 1-O. Pérez de los Cobos ha explicado que las unidades de la Guardia Civil dependían del general Gozalo, las de Policía Nacional del comisario Trapote y las de Mossos del mayor Trapero. En esa estructura, él tenía una labor de coordinación, según ha asegurado, y ha sostenido que el mandato que tenían que ejecutar es el que había establecido la magistrada del TSJC el día 27.

Al igual que en la jornada de ayer, el interrogatorio está centrado en la actuación policial durante la jornada del 1-O, y Pérez de los Cobos ha vuelto a referirse a Trapero. «Estoy de acuerdo con el señor Trapero con la parte de que cualquier intervención debe buscar siempre garantizar la seguridad de los ciudadanos, y con mucho más énfasis cuando hay personas vulnerables», ha aseverado, pero ha añadido que no está de acuerdo con él en que «eso se convirtiera en el fin último de la actuación cuando tenemos un mandato que nos ordenaba unas actuaciones muy claras».

El coronel ha admitido que en algunos casos las fuerzas policiales utilizaron sistemas de videograbación y dice que desconoce el motivo por el que no se han adjuntado las imágenes en la fase de instrucción del juicio.

Apenas una hora y media después de que comenzara la sesión del juicio, ha tomado la palabra la secretaria judicial del juzgado número 13 de Barcelona Montserrat del Toro, que ha pedido que no se muestre su rostro durante su testimonio.

El fiscal Javier Zaragoza ha comenzado el interrogatorio directamente con la jornada del 20 de septiembre de 2017, fecha en la que se registró la Consejería de Economía y se produjeron altercados en la entrada del edificio. Del Toro ha explicado que entraron a la sede de Economía a las 08:00 horas y que los tres vehículos se dejaron justo en la puerta «para que la salida y el trayecto hasta la puerta fuera lo más corto posible».

«El registro al que yo me quedé por ser en principio el más complejo eran cuatro entradas en un mismo edificio», ha dicho del Toro en alusión al registro en «determinados despachos» de la sede de Economía. Se trataba de cuatro despachos: los de Josep Maria Jové, Natàlia Garriga, Mercedes Martínez y la oficina de procesos electorales.

El fiscal ha preguntado a del Toro cuándo empezó a notar la presencia de ciudadanos frente a Economía. «A las 09:00 observo que ya empieza a amontonarse mucha gente. Se lo comento al teniente de la Guardia Civil porque veo un incidente muy desagradable con un agente de la Guardia Civil a través del cristal», ha asegurado la secretaria judicial, que ha matizado que una persona se acercó muy cerca del guardia civil que custodiaba la puerta de acceso y «le puso una bandera muy cerca de la cara y le gritó algo» y, que según ella, cree que le escupió.

Es a partir del as 11:00 horas cuando Montserrat del Toro explica que ya se oía mucho «ruido» en la calle y mensajes por megafonía en catalán. «Me dijeron que no me acercara a la ventana porque había gente con móviles y cámaras». Del Toro ha explicado también que era imposible salir a por comida, tal y como se lo comentó un agente de la Guardia Civil, y que la única voz femenina que pudo identificar por megafonía fue la de Carme Forcadell.

Del Toro: «Personas de paisano controlaban las entradas y salidas de la Consejería de Economía»

«A las 20:40 horas acabamos los registros: teníamos todo lo que habíamos ido a buscar. Fui llamando a los diferentes agentes para que firmaran el acta», ha declarado la secretaria judicial, que subió a la azotea del edificio desde la que contempló «un mar de gente» congregada frente a la salida principal. «La multitud de gente llegaba hasta la plaza Cataluña y seguía por las calles adyacentes». Del Toro tomó fotografías de ello para «incorporarlas al informe».

Del Toro ha relatado que bajó al atrio y que sobre las 21:55 horas oyó un ruido tremendo y vio a gente «aplastada» contra le cristal de la entrada. Ante el miedo a salir, decide regresar a los despachos donde se encuentran los agentes. Es allí donde se encontraban Sànchez, Cuixart y un teniente de la Guardia Civil. «El señor Sánchez le comentó al agente de la Guardia Civil que no podía hacer nada para retirar el contingente de gente que se había aglomerado en la puerta».

Tres ofertas para salir de la sede de la Consejería

La secretaria judicial del juzgado número 13 de Barcelona recibió tres ofertas para salir de la sede de la Consejería. La primera era salir sola por la puerta principal custodiada por dos agentes de seguridad de los Mossos hasta donde no hubiera gente. «No la aceptó. Era inadmisible porque yo soy parte de la comisión judicial y tenía que salir con los otros miembros, y porque después de lo que había visto al otro lado del cristal y desde la azotea no era una opción segura».

También rechazó la segunda opción, la de salir por un pasillo formado por civiles, porque según Del Toro tenía que salir la comisión judicial al completo y no ella sola y porque no había ningún tipo de seguridad física ni de ninguna clase.

La tercera oferta de salida. «En vez de un pasillo de civiles, un pasillo de la Brigada Móvil de los Mossos, solo transitado por mí. No podían garantizar la seguridad de los agentes ni la custodia de los efectos intervenidos por la Guardia Civil. Ni como persona ni como profesional podía permitirse este tipo de salida», ha afirmado del Toro.

Del Toro al magistrado de guardia: «Me tienes que sacar de aquí, no hay salida»

Cuanto tuvo cobertura, del Toro llamó al magistrado para pedirle ayuda. «Me tienes que sacar de aquí, no hay salida», le dijo por teléfono. Posteriormente, el juez llamó al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero para exigirle que facilitara la salida de la secretaria judicial del Departamento de Economía. «Le advirtieron de que debía poner todos los medios de que disponía para que, a la mayor brevedad y en un plazo de media hora que no pudo ser cumplido, del modo que fuera se me permitiera la salida».

«Sobre las 23:30 horas, estando en la zona en la que se puede tener contacto telefónico, aparecen dos hombres que me dicen ser mandos de los Mossos. Dicen haber recibido una orden del mayor Trapero para buscar una salida alternativa. Me ofrecen salir por el teatro contiguo», ha especificado del Toro. Finalmente, la salida «alternativa»: el teatro Coliseum. «Me ofrecieron salir por el teatro contiguo. Me explicaron que en el edificio de Economía hay, en la segunda planta, que equivale a un cuarto piso, un acceso a una azotea, que no es la última de donde habíamos tomado las fotos, sino un acceso que permite llegar a la azotea del edificio contiguo, que casualmente es el teatro».

Tras un receso de 30 minutos, a las 12:30 horas, Montserrat del Toro ha respondido a las preguntas de la abogacía del Estado, a la que ha señalado que ninguna de las tres opciones que le ofrecieron para salir del edificio garantizaba su seguridad ni la de los objetos adquiridos durante el registro. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox ha decidido no preguntar a del Toro, a pesar de que también la propusieron como testigo en este  juicio.

A la pregunta de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, de si sabía cuántos agentes de los Mossos había el día del registro, la secretaria judicial ha aseverado que «no», que solo pudo ver » a los dos primeros que estaban cuando entramos. A lo largo del día vi que había más, pero no los conté». También ha asegurado que nunca vio el pasillo de voluntarios que debía facilitar la salida de la comitiva judicial de la Consejería ni a los periodistas subidos encima de los vehículos de la Guardia Civil.

Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, ha cuestionado a del Toro sobre si el delito de rebelión figuró en algunos de los autos redactados por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Del Toro confirma que constaba en las diligencias de instrucción.

Montserrat del Toro ha señalado a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, que era un teniente de la Guardia Civil era quien controlaba cuándo se acababan los registros y se trasladaban a los detenidos a la Consejería de Economía.