Álvaro del Castaño

¡Es la política, estúpido!

«Sin ánimo de hacer un detallado ejercicio de historia política española, es obvio que desde la muy manida Transición se ha producido una enorme devaluación de la calidad de la vida política en nuestro país»

Opinión

¡Es la política, estúpido!
Foto: Pablo Blazquez| AP Images
Álvaro del Castaño

Álvaro del Castaño

Vivo en Londres y trabajo en un banco de inversión. Soy novelista, pero mis novelas no nacen de una vocación literaria, sino de una necesidad vital. Observo la realidad con distanciamiento.

El tema que voy a tratar hoy merecería un sesudo libro de ensayo, o quizá una tesis doctoral. Pero no me veo con fuerzas para profundizar más en este problema y solamente quiero plasmar mi diagnóstico sobre este papel, confiando en que alguien lo recoja y lo impulse al éter. Así podré volver a pensamientos más revitalizantes, y a prados más soleados. Una y no más, Santo Tomás.

Parafraseando el exitoso lema electoral que acuñó James Carville, estratega de la campaña electoral para la presidencia de los EEUU de Bill Clinton contra George Bush padre, llegamos a la conclusión de cual es el verdadero problema de nuestra querida España: ¡es la política, estúpido!

Sin ánimo de hacer un detallado ejercicio de historia política española, es obvio que desde la muy manida Transición se ha producido una enorme devaluación de la calidad de la vida política en nuestro país. Es obvio que la democracia no ha dejado, de repente, de ser el sistema menos malo de gobernanza de los países, ni los populismos u «hombres fuertes» han pasado a ser mejores recetas para dirigir una nación.

Pero para que la democracia mantenga toda su vigencia, frescura y dinamismo tiene que terminar siendo un sistema de gobierno atractivo y apasionante, inclusivo, relativamente justo y eficaz. Corroboro estos pensamientos con datos objetivos de un interesante estudio del Center for the Future of Democracy en Cambridge titulado «Los Jóvenes y su desilusión con la Democracia». Los jóvenes están más desilusionados con la democracia que sus predecesores a la misma edad, y sobre todo, y los más afectados son los de las democracias consolidadas occidentales. Al mismo tiempo, parecen sufrir un cierto enamoramiento de ciertas ideologías radicales que les lleva a comprometerse con populismos, para luego caer en una desidia política (una vez se pincha la burbuja de la ilusión, tras ver a los populismos en el poder: ¿caso de Podemos en la actualidad?).

Mi conclusión es que hay que cuidar la calidad de las instituciones democráticas y de los actores que la componen. Es como el amor en un matrimonio, si uno no lo cuida, no lo mima día a día, entonces se instala la rutina y la desilusión. Como nos recordaba recientemente Pablo R. Suanzes en El Mundo (10/10/20), «el retroceso democrático empieza en la urnas a menudo. No hay tanques, sino elecciones, muchas elecciones». Nos advertía también, citando a Levitsky y Ziblat, que «para muchas personas, la erosión de la democracia es casi imperceptible». Es un proceso de deterioro lento y gradual, hasta que al final la democracia pierde todo su significado original.

Hemos llegado a este punto debido a varios fenómenos lentos y casi imperceptibles. Se ha producido un increíble deterioro de la calidad de los actores de nuestro sistema político democrático. Vamos a enumerar los problemas.

Empecemos primero por los candidatos a servidores públicos, que es como deberían llamarse realmente a los políticos. El nivel medio profesional, académico, intelectual y ético de la última hornada de políticos tanto a nivel nacional como autonómico es, de media, lamentable. La política esta atrayendo a la mediocridad porque hemos expulsado a los extraordinarios. Tenemos que encontrar el mecanismo para atraer a los mejores profesionales, y a los más exitosos empresarios al servicio público, como mecanismo de devolver a la sociedad parte de lo que han logrado con sus esfuerzos personales, como ocurre en EEUU. La política se ha convertido en una profesión de por vida, cuando debería ser una afición o una entrega temporal a una actividad de servicio público probablemente mal remunerada. Cuando la política se convierte en una profesión o un sistema de vida, cuando en la política se vive mejor que fuera de ella, entonces hay un problema: los mediocres luchan por instalarse de por vida en ella.

En segundo lugar, la «calidad del voto» ha descendido en paralelo con el ascenso del inepto al poder. El votante sufre de fatiga democrática, una falta de interés real en la gobernanza y el futuro del país (como hemos concluido tras aludir al estudio de Cambridge). Como decía Lucien Cousteau en el Financial Times aludiendo a la naturaleza, (aunque yo lo extrapolo a la democracia), «se protege lo que se ama; se ama lo que se comprende, y se comprende lo que se ha estudiado». Ese agotamiento provoca que se vote con las vísceras, contra alguien, evitando la transversabilidad. Se vota, no para construir, sino para evitar al enemigo, sin atender a los hechos ni a los logros o fracasos de nuestros gobernantes. El electorado joven es políticamente e históricamente inculto en su inmensa mayoría. No conocen el detalle de nuestra historia, ni la Transición, ni el franquismo, ni la ETA y, aun menos, saben lo que es el comunismo. Así, el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetir sus errores: caen en manos de populismos. ¿Quién en su sano juicio puede votar a autoconfesados comunistas, regados con dinero chavista e iraní, cuyo objetivo explícito es llevarnos a la misma ruina que la de Venezuela? ¿Quién en su sano juicio puede meterlos en el gobierno? ¿Qué perversa mente quiere que nos convirtamos en Venezuela, por Dios del alma mía?

En tercer lugar, la política ha creado una estructura «elefantiásica» estatal, un enorme pulpo venenoso de miles de brazos que lo ahoga todo, y que actúa como aliciente de la corrupción. No solo quiero incidir en el «Estado paralelo» camuflado, con el florecimiento descontrolado de miles de observatorios redundantes, fundaciones públicas inútiles, empresas públicas deficitarias, y administraciones inoperantes, que solo son lugares para que pazcan a costa del erario público los amigos de la clase política o los políticos aparcados. Me refiero también a la Administración del Estado, de las Autonomías y de los Ayuntamientos, las Diputaciones, con sus miles de asesores, siempre creciente número de empleados, parlamentarios autonómicos, gabinetes jurídicos, jefes de prensa, coches oficiales, y demás gastos absolutamente innecesarios. Si la gente supiera de verdad el exceso de «grasa» de estas instituciones y el número de gente que vive a su costa se rebelaría. En la empresa privada se gestionan los mismos presupuestos sin ningún asesor, ni coches oficiales, y con una centésima menos de empleados (textual). Existen concejalías y consejerías autonómicas donde la mayoría del presupuesto destinado a una acción concreta, se va en dar de comer al mastodonte público en cuestión.

En cuarto lugar, nuestra democracia no ha evolucionado, no se ha adaptado. En España la democracia surgió como un géiser, como una explosión de ilusión colectiva. La diseñaron los padres de la Constitución, en virtud de sus experiencias y conocimientos, pero fundamentalmente emparedados entre el miedo al comunismo, a los nacionalismos, y al franquismo imperantes en esa época. Eso eran otros tiempos, y hay que hacer evolucionar el sistema. No es posible que el voto de una persona de Guipúzcoa valga más que el de una persona de Madrid o de Barcelona. Tampoco es posible que los representantes elegidos por el pueblo a las Cortes, no puedan actuar como tales y solo voten en bloque lo que les dicta su partido, como si fueran fieles del partido comunista chino. Aparte de las citadas deficiencias en la ley electoral, está claro que existen también problemas arrastrados por en el diseño autonómico, y más explícitamente en las transferencias a las autonomías.

Creo en la utilidad de las autonomías (más efectividad de lo local en ciertos servicios) y me inspiro en el concepto de subsidiaridad (como nos enseñó uno de los mejores políticos de la Transición, el mítico Iñigo Cavero Laitallade en «El principio de subsidiariedad en el marco de la Unión Europea»Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense), pero la pandemia ha demostrado que hay ciertos temas que hay que afrontar unidos como nación. Pero no es un tema político, es un tema de buen juicio. Primero porque es más eficaz y eficiente, pero ademas porque es lo más justo. Por enumerar un par de ejemplos clarísimos, la educación y la sanidad, no pueden estar en manos de 17 autonomías, cada una tirando para su lado. Hay que tener una estrategia de compra de medicamentos conjunta, de gestión de presupuestos de acción contra las enfermedades unificada, porque sorprendentemente, todos sufrimos las mismas en todas y cada unas de nuestras autonomías. Esto es indiscutible: todo español tiene derecho a la misma educación de calidad y la misma sanidad. Tampoco podemos estar sometidos a 17 reglamentos distintos para el día a día de nuestras vidas. Un cazador en España tiene que sacarse y pagar las licencias de caza de cada una de las 17 autonomías, si quiere cazar en todas ellas. Un empresario o un autónomo tiene que operar bajo 17 reglamentos distintos. Un inversor internacional tiene que evaluar 17 autonomías distintas para decidir dónde instalarse y cómo trabajar en España. ¿Es que no hay nadie más que piense que esto es absurdo y fácilmente corregible?

Finalmente, para terminar de enumerar los males que acechan a la democracia, está la crisis del cuarto poder, la de los medios de comunicación. Los guardianes del equilibrio, los que deben de actuar como contrapeso frente al poder ejecutivo, como controladores de la verdad, se han debilitado hasta la casi extenuación. Menos algunas voces discordantes, el periodismo exigente, fuerte y aguerrido ha desaparecido por completo víctima de la crisis económica que los debilita, de la revolución de las redes sociales, los blogs, internet, la desaparición de la publicidad tradicional, y la crisis de la prensa escrita. Mientras el poder ejecutivo alimenta con presupuestos exagerados sus megalómanos centros televisivos nacionales y autonómicos para darse un autobombo vergonzante, no hay control al gobierno. Un cuarto poder débil, apaciguado, apesebrado por las subvenciones del gobierno alas televisiones, tampoco cumple su función. ¿Dónde está el periodismo, se preguntarán? Pues cada vez más en sitios como este, The Objective.

El único pilar de la democracia constitucional que ha salido reforzado en los últimos tiempos ha sido el Rey Felipe VI. Su sensatez, distanciamiento del partidismo «cainita», y liderazgo a largo plazo, han marcado un distanciamiento tan extraordinario con el resto de los actores del sistema, que provoca asombro. No es de extrañar que sea el objetivo primordial a derribar por los populistas. Su buen juicio, equilibrio y sentido del deber provocan heridas lacerantes en las almas viscerales de sus enemigos.

Bien, ya hemos hecho el diagnóstico: hay que refundar la democracia para salvarla. Ahora, ¿quién puede aportar la solución? ¿Creen ustedes que los pirómanos que iniciaron el incendio son los mejores bomberos para apagarlo? ¿Creen que los revolucionarios sin oficio ni profesión que vinieron a acabar con la casta, y que ahora viven en chalets, son los que están mejor incentivados para realizar la evolución que necesita España?

Lo que necesitamos es una segunda Transición, pero incorporando muy activamente al sector civil para redinamizar la política. Como decía Ramón Jáuregui en El Mundo (25/10/20), «tendría que ver con un gobierno de amplio espectro, con una coalición más transversal, y no basada en la confrontación izquierda-derecha, muy reformista, empezando por la Constitución y la Administración del Estado, un gobierno para un par de años con esa visión transversal para convocar después ya con el país un poco más reconstruido».

¿Quién recoge el guante?

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