Ley, venganza y concordia

El presidente del Gobierno va a cumplir con lo que la mayoría de los españoles esperábamos de él, y concederá los indultos a los líderes de la revuelta autonómica catalana contra la democracia española, y contra la misma España. Si cumple lo que de él esperábamos es porque falta a su palabra. La mayoría mirábamos su cálculo de costes y beneficios, un algoritmo del que sólo podía resultar una solución, que ahora llega como las cerezas en mayo, perfectamente madura.

Pedro Sánchez utiliza las palabras como un bote salvavidas de su naufragado electorado. Les miente, sí, pero ellos necesitan algo a lo que aferrarse para mantener su fidelidad en el voto, algo a lo que aferrarse para poder seguir llamándose socialistas. Y así, nos dijo que no iba a pactar con Podemos, o que jamás se aliaría con los partidos contrarios a la Constitución o a la continuidad histórica de España.

Llega la época de los indultos, y Sánchez de algún modo tiene que volver a lanzar salvavidas a sus votantes. Lo ha hecho contraponiendo el castigo y la venganza, identificados con la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, con el perdón y la reconciliación, cuyo instrumento es la concesión de los indultos.

Esto no es más que una burda manipulación. La ley es lo contrario de la venganza; es la institución que la sustituye, de hecho. La ley dibuja, en términos generales y abstractos, el terreno que nadie debe pisar para que la sociedad se desenvuelva sin grandes impedimentos, sin el abuso de la mayoría, o de la minoría. Y, sobre todo, sin la acción arbitraria, y por tanto impredecible y ciega, del poder.

La Constitución Española de 1978 no es como, por ejemplo, la de 1812: es flexible y permite su reforma; un cambio que, con el debido tiempo y con el acuerdo mayoritario de los españoles, puede llegar a ser total. Los líderes de la revuelta de 2017 no buscaron ese cambio, no estaban dispuestos a horadar la oposición a sus planteamientos en un diálogo franco. Optaron por la ruptura. Se saltaron la ley, porque querían sustituirla por la suya propia. Y el Estado de Derecho, lo que de él nos resta en España, dejó que sus automatismos, sus normas iguales para todos, se aplicasen a los líderes del llamado proceso.

La sentencia del Tribunal Supremo es lo contrario de una venganza. Es la aplicación de las leyes. Sus perpetradores conocían esas leyes, y sabían de sus consecuencias. Si no las aceptan es algo que deberán reflexionar ellos en la cárcel.

Pero de lo que habla en realidad Pedro Sánchez no es de la ley, ni de la Constitución que menciona de forma mendaz. Él habla de política. En este terreno, el algoritmo del poder le arroja que debe pagar a ERC liberando a los líderes secesionistas de las consecuencias penales de sus acciones.

La Cadena SER, en su esfuerzo por hacer llegar botes salvavidas a los votantes de Sánchez, desliza en sus tertulias las justificaciones más peregrinas de la concesión de los indultos. El Gobierno mantendrá la inhabilitación para ocupar un cargo público, dicen, por lo que fallan quienes creen que tras los indultos Junqueras et al van a repetir el mismo atentado contra la democracia. Puede que ellos no, pero si el movimiento independentista sabe que el PSOE liberará de la cárcel cualquier intento por repetir el proceso, encontrará a líderes encantados de forzar las leyes con nulo coste.

También dicen desde la SER que el Tribunal Supremo, cuando rechaza la concesión de indultos a los condenados por sedición, desobediencia o malversación, está haciendo una valoración grupal, cuando tanto las condenas como los indultos tienen un carácter individual; el Gobierno, insisten, valorará cada caso. Olvidan al menos dos cosas. Una, que el mismo Tribunal Supremo dictó las sentencias valorando cada caso uno a uno, según su participación en el ‘procés’, no al conjunto de ellos. Y dos, que lo que valora el Tribunal Supremo en su informe es la justificación jurídica para la consideración de los indultos. Y no concurren ni el principio de justicia, ni de equidad, ni de utilidad pública.

El Gobierno espera que confundamos discrecionalidad con arbitrariedad. El Gobierno puede conceder indultos de forma discrecional: según su criterio, pero de forma prudencial; esto es, sometido a un conjunto de principios que ahora sacrifica en la pira de la política. Pero lo que quiere es actuar con arbitrariedad, al margen de cualquier consideración que no sea estrictamente política.

La concordia es uno de los valores esenciales dentro de una sociedad. Puesto que la sociedad es plural, esa concordia sólo es posible con la aceptación de unas normas comunes e iguales para todos, y con la predisposición a la participación de todos en el espacio público, sin exclusiones. El Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido capaz de revivir a los muertos para incidir en la enemistad civil, hace ahora un llamamiento a la concordia. A la reconciliación con quienes llevan décadas ejerciendo el poder autonómico en Cataluña contra la mitad de los catalanes, y que en este intento de subversión demuestran querer ir más allá; mucho más allá. ¿Concordia? Pedro Sánchez no la reconocería aunque la tuviese delante.

Fuera de la ley, lo que rige es el abuso, el agravio desamparado, y, sí, la venganza. Es decir, fuera de la ley, lo que rige es la política.