Ni sostenibilidad ni equidad generacional

España se aleja de sus socios europeos. No solo por la preocupante pérdida de fuelle de su recuperación, que contrasta con el vigor que muestra el resto de sus competidores comunitarios. Ni por su inflación, más elevada que la media europea. Por no hablar de la eterna anomalía de nuestro mercado de trabajo. También diverge en la dirección de sus reformas. Ligadas a la recepción de los fondos europeos y clave para modernizar la economía y mejorar su potencial de crecimiento, el reciente acuerdo para reformar las pensiones se distancia de lo que vienen haciendo otros países en Europa, donde la edad de jubilación se vincula a la esperanza de vida y se han introducido mecanismos de ajuste automático y factores de sostenibilidad. El Gobierno ha decidido adoptar medidas cortoplacistas que no resuelven ninguno de los dos grandes retos que entraña el futuro de estas prestaciones: la sostenibilidad del sistema y la equidad generacional. 

El acuerdo, que ha roto con el consenso de los agentes sociales que tan fructífero ha sido durante la crisis al no sumarse la patronal, generará además un aumento del gasto público de cuatro o cinco puntos porcentuales del PIB al año a menos que se tomen medidas fiscales compensatorias, como ha señalado el Banco de España. Se complica así el camino hacia la consolidación fiscal que exige nuestra pertenencia al euro y que demandan nuestros acreedores europeos, sin cuya generosa ayuda de 140.000 millones de euros en préstamos y transferencias a fondo perdido durante los próximos seis años la recuperación en España sería hoy inabordable. 

Es difícil de creer que el artífice del pacto sea el antaño riguroso José Luis Escrivá. El hoy ministro de Inclusión y Seguridad Social ejerció con celo y rigor como primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo encargado de vigilar las cuentas públicas que fue creado a raíz de la crisis financiera de 2008-13. Ahora en el Ejecutivo, Escrivá parece haberse contagiado de la cobardía que aqueja a nuestra clase política: antes de abordar una reforma en profundidad del sistema de pensiones que asegure su futuro y no sea regresiva con los jóvenes, es preferible dar una patada a la lata cuesta abajo. 

Es probable que el alto porcentaje de votantes pensionistas (25%) frente al cada vez menor número de votantes jóvenes de entre 18 y 24 (6%) tenga algo que ver. Y, sin embargo, la realidad demográfica clama por una revisión urgente del sistema. La esperanza de vida se ha multiplicado por dos (de 40 a 80 años) desde que en 1919 el llamado Retiro Obrero, la semilla de nuestro actual sistema de pensiones, fijara la edad de jubilación a los 65 años y una pensión de una peseta diaria.

La caída de la natalidad (1,24 hijos por mujer en 2019) incrementará además la carga sobre las generaciones futuras que deberán hacer aportaciones crecientes al sistema: si el pago de una pensión se divide hoy entre tres trabajadores, en 2050 tendrán que repartirse esa carga 1,5 trabajadores o incluso algo menos. El mayor coste de la jubilación de la generación baby boom (nacidos entre 1957 y 1977), más numerosa y con mayor esperanza de vida, se transfiere así a las generaciones más jóvenes que estén trabajando. El Estado destina hoy el equivalente al 12% de su PIB en el pago de pensiones, en 2050 este porcentaje llegará al 15,2%. 

Ante esta preocupante situación, ¿qué pacta el Gobierno con los sindicatos? Poner un parche en el sistema llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Eso sí, con un nombre muy molón. Financiado con un aumento en las cuotas a la Seguridad Social de 0,6 puntos porcentuales que se dividen entre el 0,1 que asume el trabajador y los 0,5 puntos que pagarán los empresarios, es un impuesto directo sobre el empleo en un país con la tasa de paro más alta de Europa, especialmente entre los jóvenes (34%). Con la salida de la crisis aún por aclarar debido a la subida imparable de los precios de la energía y las materias primas, la escasez de materiales que causan los cuellos de botella y la inflación por los aires, un encarecimiento de los costes laborales no parece la mejor de las ideas.

La finalidad del MEI es dotar de fondos a la llamada hucha de las pensiones, hoy vacía. Un mecanismo que en sus buenos tiempos llegó a tener más de 65.000 millones y que dejaron temblando los Gobiernos del PP tras la decisión de Rajoy de usar sus fondos para hacer frente a la caída en picado de los ingresos por cotizaciones en la anterior crisis financiera. Pero esos 0,6 puntos de aumento, que ni tan siquiera darán derecho al trabajador a una mejor pensión en el futuro por tener una cuota más elevada, supone una recaudación anual de 2.000 millones de euros durante 10 años, según los cálculos de los expertos. Una cifra claramente insuficiente para financiar el déficit del sistema que asciende a 28.243 millones de euros anuales. E irrisoria frente al coste que a cargo del presupuesto va a suponer la actualización anual del IPC: cuatro a cinco puntos del PIB. 

Ni es solidaria con los jóvenes ni garantiza la sostenibilidad del sistema. La reforma de verdad se vuelve a aplazar.