Los piquetes: de elixir democrático a 'ultraderechismo putinero'

Los piquetes violentos que, en demasiadas ocasiones, acompañan a los sindicatos para amenazar a aquellos trabajadores que no quieren participar en una huelga fueron catalogados como elixir de la democracia por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con el PSOE a la cabeza, decidieron que el uso de la coacción en las huelgas eran la más pura democracia. Para confirmarlo, acordaron la derogación del artículo 315.3 del Código Penal como uno de sus compromisos de coalición de Gobierno PSOE-Podemos. Y lo derogaron hace solo once meses.

El punto 5.6 de aquel pacto firmado en diciembre de 2019 entre PSOE y Podemos para formar el Gobierno de Sánchez termina precisamente así: «… y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal».  ¿Qué decía ese artículo hoy derogado? Solo esto: «Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». 

El artículo derogado era plenamente socialista: formó parte de lo que el PSOE denominó «el Código Penal de la democracia», con Felipe González como presidente del Gobierno y Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia e Interior. Lo había reformado, para rebajar las penas, el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Pero nada de eso era suficiente. Había que derogarlo del todo para cumplir con el compromiso del «gobierno más progresista de la historia».

Fue el PSOE quien presentó la proposición de ley de derogación y quien impulsó que se tramitara por el procedimiento de urgencia en mitad de la pandemia

La reclamación era de Podemos -ya en 2012, Pablo Iglesias les decía a los piquetes de los trabajadores del transporte: «Sin vosotros no hay democracia»-, pero el PSOE decidió hacer suya esa bandera con el argumento de que se estaba menoscabando el derecho de huelga. Fue el PSOE quien presentó la proposición de ley de derogación y quien impulsó que se tramitara por el procedimiento de urgencia en mitad de la pandemia para poder presentarla como un trofeo socialista en la manifestación del 1 de mayo del año pasado. 

Un poco de memoria reciente: 

El PSOE registró en septiembre de 2020 una proposición de ley orgánica para la derogación del artículo 315.3. Optó por la vía de proposición de ley en vez de proyecto de ley porque así eludía pedir informes preceptivos y conseguía un trámite más rápido. 

El primer debate en el Pleno del Congreso para esa derogación se celebró el martes 27 de octubre. Tan en mitad de la pandemia estábamos en esas fechas que la presidenta del Congreso abrió la sesión anunciando un nuevo punto del orden del día, para ese jueves, en el que el Gobierno solicitaría una prórroga de seis meses del Estado de Alarma.

En ese primer debate, la diputada socialista que ejerció de portavoz aseguró que el artículo debía derogarse porque iba en contra del derecho de huelga: «No podemos volver a permitir que las leyes, en vez de usarse para impartir justicia, se usen para aplicar castigos ejemplarizantes que coarten libertades que son constitucionales». Y se preguntaba: «¿Qué clase de hostilidad hay que sentir hacia el movimiento sindical para no encontrar razonable esta proposición que hoy les presentamos? ¿De verdad es justo llegar a encarcelar a una persona por un delito de coacciones en un contexto de huelga? ¿No les contraría que exista un tipo específico agravado para las coacciones precisamente en el contexto de huelga?». Inmediatamente, la diputada socialista se contestaba: «Tratar de reprimir la protesta acentúa la participación de vándalos, fomenta la crispación y exacerba la violencia y el enfrentamiento». Esto último no consta que la diputada haya podido recordárselo a los ministros que, en estos días, tildan de «extrema derecha putinesca» a los huelguistas del transporte de mercancías, mientras movilizan a decenas de miles de agentes policiales para reprimir cualquier conato de piquete. Como conclusión de aquel día de octubre, la representante socialista sentenció: “Cada vez que se calla un sindicalista, muere la democracia”. 

La tramitación parlamentaria de la derogación se realizó con la máxima celeridad y el texto pudo publicarse en el BOE el 22 de abril del año pasado: mañana hará once meses. La mayoría que sostiene al Gobierno logró que se mantuviera, como Preámbulo, una exposición de motivos que dice cosas como las siguientes: 

«Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto».

O sea, se estaba derogando un artículo del Código Penal de Belloch de 1995 como medida de oposición al Gobierno del PP de 2011 gracias al feliz advenimiento, en 2020, del gobierno-más-progresista-de-la-historia. 

Los transportistas que ahora se manifiestan contra el Gobierno son, además de ultraderechistas, «radicales violentos», para la ministra de Transportes, «alborotadores», para el ministro de Presidencia, e «ilegales e inmorales», para el titular de Agricultura.

El preámbulo también dice que la derogación era necesaria porque «se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical». El espinoso asunto de la libertad sindical ahora queda solventado con el curioso argumento de que solo son sindicatos aquellos que el Gobierno concede la condición de sindicatos; los demás son solo ultraderechistas. Por ejemplo, los transportistas que ahora se manifiestan contra el Gobierno son, además de ultraderechistas, «radicales violentos», para la ministra de Transportes, «alborotadores», para el ministro de Presidencia, e «ilegales e inmorales», para el titular de Agricultura.

Hace un año todo era muy distinto. Con el BOE en la mano, la entonces portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, pudo participar en las manifestaciones del 1 de mayo para declarar lo siguiente: 

«La derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que en la práctica significaba la penalización del derecho de huelga, con una criminalización del sindicalismo, una criminalización de la clase trabajadora. La única finalidad [del artículo derogado] era meterle miedo al movimiento obrero, a la clase trabajadora, para que no saliera a reivindicar nuestros derechos. Hoy más que nunca hay que salir a decir que sí, que vamos a seguir reivindicando nuestros derechos, que vamos a seguir conquistando los derechos de la clase trabajadora, y que el PSOE está como siempre con los trabajadores».

Eso fue el 1 de mayo del año pasado. Para ir preparando este 1 de mayo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va ahora diciendo cosas como la siguiente al referirse a la huelga de transportistas: 

«La ultraderecha está alentando y animando estas protestas para provocar inestabilidad y hacerle el juego al tirano Putin, impidiendo que los productos lleguen a los lugares de abastecimiento para que la invasión de Ucrania genere inestabilidad en los países europeos».

La «ultraderecha» que el Gobierno ve emboscada en cada esquina empieza a ser muy numerosa. Ayer mismo concentró en Madrid varios centenares de miles de personas contra la ruina en el campo: 150.000, según la Delegación del Gobierno, 400.000, según los organizadores. Mucha, muchísima gente, se cuenten como se cuenten. ¿Serían todos ultraderechistas, radicales violentos, alborotadores…? ¡Nada! Ni siquiera son solo españoles que necesitan llegar a fin de mes: son españoles que quieren mantener el modo de vida duro y sacrificado del campo para darnos de comer a todos.

Por cierto, sobre la derogación del artículo 315.3 de Código Penal, una sugerencia: las mejores reformas legales son aquellas que se diseñan, y se implementan, pensando que finalmente las aplicará un Gobierno radicalmente contrario al tuyo. Aquí, sin cambiar de Gobierno, ha bastado un cambio de circunstancias para demostrar la miope frivolidad de los que tenemos al mando.